NUEVOS PARADIGMAS DE LA SEGURIDAD

Antes de hacer un abordaje de los paradigmas, trataremos de definir primero que se entiende por Seguridad, y a quien corresponde ejercerla. Seguridad significa, “conjunto de medidas y condiciones de orden y de poder que garantiza la paz interna y su integridad e independencia frente al exterior", y por otra parte seguridad implica “tranquilidad, calma, orden, garantía, confianza, y desde el punto de vista de la Administración Pública (Estado), "es velar por la seguridad de los ciudadanos". Por lo tanto, abarca, prácticamente todos los conceptos que exige un sistema de seguridad con respecto a la población que es la prevención, el auxilio y la rehabilitación, o sea, prevenir una contingencia, ayudar en el momento y detener el daño.

Ahora bien este concepto esta imbricado con determinadas ideologías, ya que está claro que es el Estado el que define el tipo o características que debe cumplir la seguridad ciudadana, por lo tanto ello va estar determinados por los nuevos modelos o ideas, o lo que es lo mismo en sus nuevos paradigmas de nuestro tiempo. Esto también requiere o hace necesario explicar previamente que decimos cuando hablamos de “paradigmas”. El término “paradigma” significa simplemente  ejemplo o modelo, pero también cuando se usa en el ámbito científico, religioso o epistemológico, puede significar esquema formal de organización, o también puede ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjuntos de teorías. Ahora bien en el campo de la psicología, nos dice que estas se refieren a “ideas”, “pensamientos”, “creencias” que son incorporadas generalmente durante nuestra primera etapa de vida por las que se las aceptan como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba o análisis objetivo. Por lo que si tomamos ésta última, podemos aceptar pacíficamente que paradigma sería las ideas que se instalan en el colectivo social en un momento y lugar determinado, expandiéndose hacia otros horizontes culturales, tomándolos como válidos sin ponerlas a pruebas desde un análisis científico, lo que por lo general se imponen por la practicidad que exhiben estos nuevos “modelos”, es decir paradigmas.

La Institución Policía, es una organización estatal integrado por un colectivo social, muy particular con determinadas características profesionales, la que se inicia con un estilo de formación especial, en oportunidad en que son sometidos tanto hombres y mujeres, a un entrenamiento físico, psíquico y técnico-científico de una diversidad de materias: policiales (seguridad general y específica), jurídicas (constitucionales, penales, civiles y administrativas), humanísticas  y sociales (psicología, sociología, etc.,) como grandes bloques. Todas estas ciencias no son a sépticas a las ideologías existentes en el mundo científico, político y social, por lo que estarán determinadas en su contexto social en que se promueve y transmite.

Por tratarse de una organización social, regidas por normas especiales, están determinadas por la concepción de las ideas que impera en este momento histórico; creencias, o “modelos” –paradigmas-, que predominan ese momento histórico, como ya se tiene dicho y atravesado por lo político, social y económico, también de ese espacio tiempo. Por lo que se colige que una gran parte del conjunto del Estado, sea Nacional o Provincial, actuará o “sintonizará la frecuencia” del tipo de paradigma que les impongan desde las altas autoridades del Estado, toda vez que éstas tengan la deferencia de interesarse u ocuparse de ellas. No ya como una promesa electoral y política en las que casi todos se embarcan como una respuesta a los planteamientos que la sociedad toda le interpela a los responsables de gestionar el bienestar general y la paz social, como lo reseña el preámbulo de la Constitución Nacional, sino el de hacerlo efectivo con hechos.

Una vez alcanzado el éxito electoral, dar inicio a la tarea, no de proveer equipos, mejorar instalaciones, entrega de uniformes, etc., sino realizar una verdadera gestión desde dos aspectos fundamentales, el de ajustar la organización a un estilo democrático con autoridad, es decir que sea aceptada, reconocida y legitimada por los usuarios de este servicio, que son simplemente los ciudadanos en general; y por otro lado, diseñar en forma conjunta con todos los responsables de la seguridad (Poder Ejecutivo, con sus distintos Ministerios, Poder Legislativo, por medio de la comisión responsable; y Poder Judicial, mediante reglas claras que garanticen a todo ciudadano el derecho de disponer del servicio de justicia, sin excepciones ni discriminaciones. Servicio que debe ser permanente, con acompañamiento, asesoramiento, contención y ayuda tanto a las víctimas como a los demás sujetos involucrados en los conflictos colectivos o personales.

Para ello será necesario, en el mejor de los casos, que los funcionarios que lo integran y especialmente aquellos que ostentan las más altas jerarquías o cargos dentro de la fuerzas de coerción, deben esforzarse por intentar decodificar las intenciones de los políticos decisores instalados en el poder, como así también y muy especialmente el de estos que fueron elegidos por los ciudadanos, quienes tienen la legitimidad de tales cargos, pero al mismo tiempo estos últimos deben rodearse de especialistas en estas problemáticas, sean estos sociólogos, criminólogos, antropólogos sociales, etc., para que los mismos puedan orientarlos adecuadamente en tales menesteres que no se tratan de simples gestiones administrativas sino más bien de decisiones que afectará decididamente la vida, bienes y derechos de los ciudadanos en general.

Lamentablemente, esto es lo que ha venido sucediendo en estos últimos tiempos, en casi todas las agencias de coerción (Policías y Fuerzas de Seguridad) de nuestro país, en las que realmente falta una real y efectiva dirección política competente en la materia, lo cual ha permitido que las fuerzas policiales y de seguridad se sigan autogobernándose, y arrogándose el deber de asumir como propia la función total de la Seguridad Pública (tanto del Estado Nacional como de los Estados Provinciales). Sin comprender que la Seguridad Pública no es una función o prerrogativa de sus policías, sino muy por el contrario es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, conforme lo establecen, tanto la Constitución Nacional como las Constituciones Provinciales.

Tal concepción, el de que sólo corresponde a la policía, es un gravísimo error, y con ello no se quiere expresar ni afirmar que las fuerzas no tienen injerencia en materia de Seguridad Pública, nada de eso, es importantísimo su intervención y actuación en este sistema, y digo sistema, porque la Seguridad Pública es un verdadero sistema en el que intervienen en forma conjunta desde el Estado, distintos organismos y poderes del mismo, verbigracia: Poder Judicial (jueces y fiscales penales), Poder Legislativo (comisiones encargadas de los asuntos de seguridad), y Poder Ejecutivo ( Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Seguridad, Consejo de Complementación, Policía, Servicio Penitenciario, Defensa Civil, Consejo Provincial de Seguridad Vial, Dirección de Emergencia Sanitaria, entre otros). Todos ellos, trabajando en forma complementaria conforman un conjunto de operadores de la Seguridad Pública, que debe estar direccionado por el titular del Ejecutivo con el acompañamiento de los demás poderes, dentro del esquema de los nuevos paradigmas de la seguridad.

Pero cuales son esos paradigmas de la seguridad? Veamos algunos doctrinarios o estudiosos de estos temas:

Actualmente existen tres paradigmas de seguridad que compiten por posicionarse en el mercado de las ideas y de las políticas públicas:

1º) La Criminología Administrativa.

2º) La Cultura del Control.

3º) El de la Seguridad Humana.

La Criminología Administrativa sostiene que el delito no se puede eliminar, erradicar o combatir, lo único que se puede hacer con él es controlarlo. Así, la única solución viable al problema de la criminalidad es la administración del delito, es decir utilizar los esquemas empresariales de costo-beneficio, minimización del riesgo y maximización de la ganancia, pero adaptados al terreno de lo público; el consumidor debe ser visto como usuario y las ganancias como votos. La herencia que la Criminología Administrativa ha dejado en los últimos treinta años es una serie de teorías, prácticas y programas que conservan, el más arcaicos eslogan de "prevención del delito" y el más reciente la "reducción del delito". No existe prácticamente gobierno alguno que no proponga dentro de sus acciones para hacer frente al problema de la delincuencia alguna de las medidas que postula la Criminología Administrativa.

En el paradigma de la Cultura del Control la Política Criminológica tiene un componente ideológico de carácter conservador. Basa sus principios en la bandera de la ley y el orden, utiliza estrategias de administración gerencial y confía plenamente en la tecnología como instrumento para aplicar las políticas que surgen de ellas. Con este fundamento y dado su amplio uso en las sociedades desarrolladas, ha generado un ambiente propicio para que sus postulados (con gran consenso social ante la ineficacia de los paradigmas anteriores) estén sentando las bases para un nuevo paradigma: la cultura del control. Para su crecimiento y fortalecimiento han sido factores clave la emergencia de nuevos riesgos para la seguridad, reales o no, pero que gracias a los aparatos de poder de algunos Estados, se han convertido en las grandes amenazas de las sociedades industriales: migración, drogas y terrorismo.

Con países a la vanguardia como Estados Unidos, la cultura del control pone énfasis en la seguridad como un objetivo en sí mismo ya no como medio para lograr un fin. La cultura del control ve a la seguridad como vigilancia, no como protección. Cotidiana y exponencialmente se comienza a vigilar a cada ciudadano a través de las nuevas tecnologías de información, comunicaciones, policiales y militares. Como consecuencia se multiplican los artefactos y tecnologías de vigilancia: cámaras de circuito cerrado de televisión, cámaras o radares de velocidad, intercepción de comunicaciones privadas, vigilancia vía satélite, arcos detectores de metales, detectores de mentiras, exámenes antidoping, analizadores de aliento, sensores de movimiento y una lista interminable de corte orwelliano.

El paradigma de la Seguridad Humana. La gran diversidad de enfoques y planteamientos sobre seguridad ha generado reacciones diversas, los más, han adoptado sin mayor análisis e incluso con vehemencia los postulados de la Criminología Administrativa y promueven con su adhesión la cultura del control. Sin embargo, también hay quienes desde diversos ámbitos han propiciado foros para discutir y encontrar nuevas formas de seguridad. Las iniciativas, aún dispares y poco generalizadas en la mayoría de los países, contemplan ya cambios importantes. Uno de ellos se ha dado en el ámbito de la justicia penal, y ha sido el abandonar el concepto de Seguridad Pública. Primero por el de “seguridad ciudadana”, y después por el de “seguridad de los habitantes”. El primer cambio pretende dar certidumbre jurídica ya no al Estado o sus instituciones sino a los ciudadanos, de ahí su denominación; el segundo busca superar la limitante de la categoría "ciudadano " reservado y circunscrito sólo a quienes reúnen determinados requisitos como la edad, el tiempo de residencia, etc., y hacerlo más inclusivo y va dirigido a todos aquellos quienes vivan en un territorio determinado.

Al referirse a Seguridad Humana es importante no confundirlo con el concepto de desarrollo humano. Este último se entiende como un proceso donde se amplía el espectro de elección y oportunidades de desarrollo de la gente. La seguridad significa que la gente, habitantes de un Estado pueden elegir estas oportunidades de forma libre y segura, con la relativa certeza de que las oportunidades que tienen hoy no estarán totalmente ausentes el día de mañana. Obviamente existe un vínculo entre ambos conceptos, el fortalecimiento de la seguridad trae consigo un progreso en el desarrollo y viceversa, asimismo un riesgo o daño en uno afecta necesariamente al otro. De ahí que la seguridad también se la considera como parte inseparable del desarrollo humano.

En nuestro devenir histórico actual en el mediano plazo lo que veremos es una competencia de paradigmas, y en el corto plazo la discusión seguirá dentro del marco de la Criminología y ésta dentro de la Política Criminológica, pero es un hecho que tarde o temprano se tendrá que discutir y decidir la ruta que las sociedades habrán de tomar, y evaluar. Cada Estado nacional deberá evaluar de manera asertiva su adhesión o aportación a cada uno de los modelos. La idea de Seguridad Humana, aunque aún precaria, se convierte en la ruta ideal para hacer contrapeso a los excesos represivos que implica la cultura del control, que es de corte conservador. Hasta cierto punto se puede decir que es la utopía que aspira a un mundo mejor, donde el significado de la seguridad sea el de protección general o integral.

      Entre quienes la impulsan se encuentran algunos Estados nacionales (Canadá, Japón y Austria entre otros), algunos organismos internacionales (ONU, Unesco) y universidades (Harvard y Oxford entre otras), así como diversas organizaciones no gubernamentales.

Hacia un modelo integral de seguridad: 
Mientras las discusiones continúan, es necesario actuar sobre nuestro presente, para ello se propone hacer una síntesis multidisciplinaria y aprovechar el conocimiento social actual en torno a la seguridad, y al menos en lo que se refiere a la victimización delictiva, una de las principales manifestaciones de la inseguridad, delinear un modelo integral que sirva como brújula para navegar en el actual océano de discursos, ideas y prácticas, en ocasiones contradictorias, en torno a la seguridad. El modelo integral que se propone parte de cuatro supuestos básicos:

    1.-La criminalidad es multicausal. Encontramos factores de riesgo en cuando menos cuatro niveles: el individual, el familiar, el comunitario y el social. Existen delitos cuyos factores de riesgo se asocian a cada uno de estos niveles, por ejemplo el suicidio, el incesto, la venta de mercancías ilegales, o la delincuencia organizada. Obviamente al realizarse dentro de un contexto de interacción social lo que ocurre en cada uno de estos niveles influye en otros, propiciando con ello lo que denominamos criminalidad. Dependerá del tipo de sociedad y sus características el tipo de estructura de la oportunidad delictiva que se presente. Esta estructura suministra tanto los objetivos del delito como las víctimas y victimarios, así como las características institucionales que existen para dar una respuesta a estas interacciones.

          
   2.- El estudio de la criminalidad requiere una acción multidisciplinar. Los enfoques unitarios son parciales y por lo general sesgados. Para estudiar el delito se requiere sintetizar y utilizar los conocimientos provenientes de diferentes disciplinas y técnicas: criminología, antropología, psicología, sociología, geografía, salud pública, ingeniería en sistemas, derecho, mercadotecnia, estadística y administración, entre otras.

   3.-Intervenir sobre la criminalidad requiere la participación de múltiples actores. Atendiendo a algunos consensos ya establecidos, avalados por la práctica, cualquier Política Criminológica debe tener un carácter integral, pretender resolver el problema exclusivamente con estrategias de carácter policial, penales o sectoriales es limitado. Para encontrar caminos de solución y teniendo como objetivo primordial la reducción de la criminalidad, se tiene que desplegar una serie de acciones en diversos ámbitos: salud, educación, desarrollo, seguridad y justicia, legislación, información y tecnología, medios de comunicación y participación ciudadana. Los requisitos para la ejecución de estas acciones son liderazgo, coordinación, consenso, confianza y voluntad de construir un futuro alternativo.
    

   4.- Los principios anteriores deben aplicarse geográficamente a distintos niveles: internacional, nacional, regional, estatal, local. No existe una solución universal para reducir el delito, no basta una sola teoría, una práctica o un método. Se ha comprobado que el delito tiene una dimensión espacial, por lo tanto sus posibles soluciones tienen que ser diferenciadas, acorde con las circunstancias y recursos disponibles en un momento y un lugar determinados. La manera de desplegar este principio geográfico es a través de un método sencillo pero eficaz en el diseño de políticas públicas. Este método se despliega en siete etapas:

   1) recolección de información;

   2) análisis e interpretación de la información;

   3) selección de estrategias;

   4) elaboración de programas;

   5) capacitación;

   6) implantación;

   7) monitoreo y evaluación.

Consideramos que el modelo integral aquí reseñado puede ser un medio eficaz para alcanzar mayores niveles de seguridad, contempla conocimiento científico, tiempos políticos, demandas ciudadanas y lo más importante, permite la construcción de una agenda de futuro que hace posible asignar recursos, sumar voluntades y asignar responsabilidades para lograr una sociedad más segura.