LA EVOLUCIÓN DEL TRABAJO POLICIAL

LA EVOLUCIÓN DEL ACCIONAR POLICIAL
Todo Estado Moderno, cuenta sin excepción con agencias de control y coerción legitimada desde la propia lógica del poder, formalizada por los instrumentos legales consensuado y aceptados por todos los ciudadanos, a través de sus respectivos representantes (diputados y senadores nacionales y/o provinciales). Estas organizaciones de carácter verticalistas, algunas militarizadas, otras,  más bien de tipo civil, como es el caso de la policías provinciales, no siempre han tenido la misma forma o estructura de organización como las que hoy se las conoce, como tampoco su filosofía de trabajo ha sido la que en el presente las rigen o direccionan. Si ha tenido visos de estar siempre cumpliendo y desenvolviendo su tarea de la misma forma, hoy como antaño. No se debe confundir, en el análisis que se realice a cualquier policía, en su carácter de institución encargada de hacer cumplir la ley, ha ido mudandose con el tiempo, todo ello determinado por los paradigmas imperantes de la época, o lo que es lo mismo la ideología que subyace en el colectivo dominante, llámese grupo hegemónico que ostenta el poder, que obviamente es el poder político del Estado.
Así, por ejemplo, tenemos en las primeras épocas de la construcción del Estado, cuando comienza su emancipación de la dominación española, cada Estado, se ha ido configurando lenta y gradualmente en base a su propia idiosincracia, esto es su estilo de vida, su cultura, sus costumbres, su gente en cuanto a la interacción social, que sin duda se fue generado entre los españoles llegados de España, los primitivos de la tierra, los nacidos en las nuevas tierras colonizadas, a los que se deben agregar otros condimentos como ser las creencias religiosas de ambos lados, etc. etc. Es así que se han ido plasmando nuevas organizaciones e instituciones determinadas por estos factores, en ese orden de idea, cada estado emancipado ha organizado su propia policía (denominados milicianos) con objetivos similares pero diferentes en cuanto a su organización. Si bien el fondo todos estaban definidos por objetivos comunes, esto es el cumplimiento del cuidado del orden, la tranquilidad y la paz social, protegiendo a las instituciones del estado y a los "ciudadanos de bien". Sin embargo, no siempre se han cumplido acabadamente con estos objetivos supremos asumidos por el Estado desde el nuevo contrato social del que somos herederos, como civilización que se nutre de las fuentes de la Revolución Francesa, en cuanto se refieren a las garantías y derechos del ciudadno. Es así que las primeras organizaciones, se han ocupado con mayor énfasis en custodiar las instituciones recién nacidas productos de la emancipación americana, y por ende a los artífices de estos cambios, llegando a confundir sus objetivos, de que su más alta prioridad debía ser el de garantizar los derechos (protección de bienes y demás derechos) del ciudadano en general, y no como lo han hecho, solo proteger, cuidar y velar solo por el bienestar de los funcionarios (políticos y demás miembros) de los Estados recién nacidos. Tal vez, todo esto fue necesario en un principio, pues nadie niega, mediante el análisis de la historia particular de cada país, que hubieron todo tipo de asonada y movimientos tendientes a recuperar el statu quo, en el intento de recuperar los privilegios de la clase dominante o hegemónica preexistente (la de los españoles y criollos). Pero, muchas de las organizaciones o agencias de coacción (Policías) se han quedado instalado en esa filosofía de trabajo, aún cuando ya habián pasado mucho tiempo, y habiéndose consolidado la independencia, conviertiendose de este modo en "fuerzas de choque", del político de turno que llegaba al poder a través del "voto popular", que no siempre lo hacián con la transparencia que exigía el momento. En el peor de los casos, estas fuerzas que pertenecían al Estado Moderno, para velar por el bienestar de todos los ciudadanos y también para garantizar el funcionamiento democrático conquistado con mucho dolor y sufrimietno incluso la muerte de muchos ciudadnos fueron utilizados en forma antojadiza para el control social, esto es reprimir cualquier tipo de reclamo legítimo que naciera de las clases sociales más bajas y/o de grupos de trabajadores de las empresas o negocios en las que generalmente ciertos poderosos tenían intereses (factores económicos de por medio), que querían que se proteja.
También no se debe olvidar que las primeras instituciones del orden, han nacido al amparo de las fuerzas militares, por lo que también ésta, le ha dado su impronta, lo que no es poca cosa. Pues, pensemos que la formación del soldado (militar), este es formado para la guerra, es decir está preparado para enfrentar enemigos a los que debe eliminar (matar), lo que también ejerció una fuerte influencia en los policías, cuya misión es como se dijo proteger a las instituciones y a los ciudadanos en todos sus derechos, tal como lo tiene definido la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano. A ello se debe agregar, y esto haciendo una distinción entre el origen de la policía inglesa o británica y la policía latinoamericana heredera de la policía europea o napoleónica, estaba organizada en oficiales y suboficiales lo cual es otra impronta del tipo militar.
De este estilo de organización, muchos especialistas opinan hoy que tal distinción no beneficia en nada a las agencias de coacción del Estado, sin embargo, creo que esto permite a los niveles superiores de la institución como al Poder Político de turno, ejercer un mayor dominio sobre el quehacer de sus miembros, pues le garantiza una obediencia casi ciega respecto a órdenes, que no siempre son legítimas y ajustadas a derecho. Esto lo vamos a describir más adelante.
Como tiene dicho Raúl M. Chevez, nuestras policías latinoamericanas nacieron junto con las respectivas naciones emancipadas con todos los prejuicios y errores del momento, no obstante fue verdaderamente útil para la conformación exitosa de los nacientes países. Pero una vez que ya se fueron consolidados como países independientes, libres de toda injerencia interna como extranjera, no se han generado los cambios necesarios para ajustarse a los nuevos tiempos. Entonces tenemos una policía que no cambió casi nunca su estilo ni su funcionamiento o trabajo específico.
Máxime teniendo en cuenta, que una vez los países se habían consolidado sin amenaza alguna, y habiéndose conformado una clase política en homeostasis con la casta militar (heredera de una nobleza decimonónica), en la que se incluyó tímidamente la de los policías (oficiales superiores), por sus servicios prestados con lealtad fueron dejados o confiados el autogobierno a los jefes respectivos de estas instituciones (Marcelo F. Saín), siempre que estos últimos cumplieran con los designios (antojo) de la clase política dirigente. Esta etapa podríamos llamarlo como lo define Chevez, Policía en el Estado Nacional. Por lo tanto no es casualidad que hasta hoy en día ciertos políticos en ejercicio del poder sigan utilizando a las fuerzas policiales en forma solapada para sus propios intereses sin tener en cuenta las necesidades del pueblo. Hay sobrados ejemplos de lo que se afirma en este apartado.
Este modelo de policía fue muy útil en todo este proceso, por lo que no fue necesario realizar cambio alguno, y representó toda una ideología que derivará en una nueva cultura impuesta por la clase dirigente, poseedora del poder político y económico hacia el resto de la población. Así Se sentaron las bases jurídicas para una sociedad violenta, donde unos pocos satisfacían sus intereses a expensas del resto de la población. El protagonismo oligárquico en este proceso, construyó primero y se valió después, de una serie de estructuras, entre las que se ubicó nuestro modelo policial, como también el de la instrucción pública, el modelo de salud, el de una justicias corporativa, lamentablemente aún vigentes, generando y tolerando la coexistencia de dos países en un mismo territorio, el legal y el ilegal. Respetando la ley pero con muchas excepciones.
A este modelo le siguió el Modelo de Estado Benefactor, verificado en la década del 40 y reeditado en los años 70, el cual se caracterizó por orientar el ejercicio del poder político hacia el espectro social. Si bien se constituyó como un modelo de inclusión social que comprendió y movilizó a amplios sectores de la población, la metodología empleada lo llevó a situaciones comprometidas y reñidas con los aspectos básicos de toda democracia como la falta de representatividad de las minorías, derivando lógicamente, en reiterados reclamos y conflictos sociales.
El aparato policial, intacto y con la doctrina del modelo anterior, paradójicamente sedujo al modelo Benefactor, resultándole apto y muy conveniente para responder y aplacar estos reclamos y/o contener los conflictos suscitados, apoyándose en un vigente corporativismo jurídico dogmático, también heredado y permitiéndole continuar con un control y disciplinamiento social, acordes al grado de conflictividad social emergente.
Le sigue es el Modelo Burocrático- Autoritario que hace su aparición en las décadas de los 60 y 70 aproximadamente, siendo una mezcla perversa de intereses financieros internacionales con un alto grado de intelectualidad mecanizada pero con una propuesta concreta y necesaria para su puesta en marcha y mantenimiento: la contención y la represión popular.
Pero, necesitó de una corporación que lleve a cabo estos preceptos; y qué mejor que la policía, otrora creada para fines similares y formando parte de ese Estado que se pretende imponer para transformar la vida ciudadana. Pero la realidad sociopolítica, sobre todo a partir de la década de los años 70 modificó la operatividad policial, verificándose un absoluto repliegue de personal y recursos logísticos hacia sus dependencias (los policías cumplían sus turnos en las comisarías y demás dependencias con casi nula relación policía-comunidad), provocando la pérdida del contacto diario con la gente, su aislamiento y el descontrol ciudadano a la vez que una cuota muy significativa en el fracaso de su lucha contra la delincuencia.
Sus acciones, condicionada ideológicamente desde el gobierno que usurpaba el Estado, para dar una respuesta armada hacia los movimientos terroristas, se hicieron cada vez más agresivas y represivas a la vez que indiscriminadas, llegando hasta niveles de crisis institucional inmanejables y con marcado desconocimiento funcional, lográndose para todo caso, la victimización de grandes y diversos sectores de la población como periódicas ocupaciones territoriales.
Finalmente llegamos al actual modelo, que intenta construir un Nuevo Estado sobre la base de racionalizaciones y profundas transformaciones. Se advierte que pretende cumplir con la premisa democrática de la representatividad, mas tiene serios inconvenientes con la participación integral de la población. Efectivamente, los fuertes y continuos ajustes en el plano económico, basados en la cara oscura de un neoliberalismo perverso y con influencia en todas las áreas de la vida comunitaria; construyen y sostienen un modelo de exclusión que abarca a grandes y diversos sectores de la población, derivándose inevitablemente en conflictos sociales.
Esta ya es historia muy reciente de nuestro país, la Policía comenzó a tomar otro rumbo, por lo menos desde el punto de vista legal, pues a partir de la sanción de la ley de Defensa Nacional y el de Seguridad Interior, se puso en claro la distinción en cuanto a las obligaciones o competencias de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, toda vez que establece claramente que las primeras están avocadas a la protección de la Soberanía Nacional ente un posible agresión externa, en tanto que las Fuerzas Policiales Nacionales y Provinciales ejercerán la protección y resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional, (Art. 2, Ley 24059/91). Con estas leyes se excluyen mutuamente, en los ámbitos de actuación, las respectivas fuerzas militares y policiales.
Avancemos más en el tiempo, y hallamos el intento y esfuerzo por parte de ciertos organismos estatales (Secretaría de Derechos Humanos y de la Subsecretaría Seguridad Interior) y no gubernamentales a través de distintos programas y realización de debates y seminarios con la participación de todas las policías provinciales en las que se han puesto a consideración los postulados fundamentales por las que deberán regirse nuestras fuerzas policiales en el cumplimiento efectivo de sus actividades. Construyendo y proponiendo nuevas estructuras orgánicas para las policías nacionales y provinciales, como lo estuvo haciendo el PRONACAP (Programa Nacional de Educación y Capacitación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad), en la que asistieron y participaron todos los centros de formación y capacitación de las Policías Provinciales y las Fuerzas de Seguridad Nacionales.
Ello permitió arribar a novedosos resultados como propuestas de que contar con policías preparados para y en democracia era necesario una mayor capacitación y profesionalización en los nuevos paradigmas de la prevención y control del delito. A tal fin se elaboraron proyectos y propuestas de novedosas currículas y carreras afines con la función policial, como ser la licenciatura y tecnicatura en Seguridad Ciudadana, con asistencias en forma de externado o con internado completo para los futuros oficiales y suboficiales. También se discutieron si era aceptable que se continúe con esta diferenciación entre personal de oficiales y personal de suboficiales, sus ventajas y desventajas, etc.
No obstante, de los debates que se llevaron adelante, en cada encuentro puedo afirmar desde mi punto de vista y análisis particular, que existe una fuerte resistencia por parte de un gran colectivo de policías provinciales que no están todavía imbuidos de los nuevos paradigmas de la prevención y el control del crimen. Prefieren seguir con el viejo estilo de organización y funcionamiento de las instituciones policiales, no obstante haber mostrado sobradamente su fracaso para la tarea que le ha encomendado la sociedad o comunidad, la de conjurar el crimen en todo los campos de la actividad humana.
Sin embargo, hoy se empieza a notar que el control de la (in)seguridad, en las calles (espacio público), le demanda demasiado medios y recursos tantos materiales como humanos, por lo que empiezan a preguntarse cómo podremos conjurar el delito, y empiezan a darse cuenta, que no tienen descanso en su turno de guardia, ya que no les alcanza el tiempo, ni con 12 ni con 24 horas de actividad. De haber estado replegado en sus respectivas dependencias, otrora cuando regía el modelo burocrático autoritario, hoy ya no es posible, la sociedad toda le demanda que custodie y vigile en la calle debido a la inseguridad reinante. Esto hace que le falte tiempo para cumplir con su misión, por lo que percibe que necesita del acompañamiento de la comunidad en general, es decir que está compelido por los avatares de su actividad a recurrir al modelo que denominamos los que conocemos un poco de criminología y especialistas en policía comunitaria. Que es un estilo de trabajo en donde se requiere de la confianza de la gente, para lo cual debemos ganar cada día con nuestro accionar o conducta, y en ciertos casos con la rendición de cuentas o "accoutability", como lo llaman los ingleses.
Para finalizar, podemos afirmar que tenemos las leyes, contamos con buenos proyectos, existen en algunos políticos la voluntad de acompañar tales cambios, y también el acompañamiento de muchos policías y de gran parte de la sociedad que espera un mejor desempeño de la seguridad, es decir de su policía y el Estado, solo falta un poco más de esfuerzo en la capacitación y concientización de estos nuevos estilos de trabajo, o cómo podríamos decir, modelo de policía de prevención que acompañe, guie, vigile, defienda, imponga reglas, normas y leyes con el acompañamiento de toda la ciudadanía (participación activa), dentro del estado de derecho, sin menoscabo de la dignidad de persona a quien va dirigido su accionar. Esto es lograr que nuestra Policía sea una Fuerza Democrática cuya función o misión principal sea la defensa de la vida, los bienes y demás derechos de todo ciudadano, cualquiera sea su condición de raza, religión, clase social, género, ideología política, etc.

LA FORMACIÓN POLICIAL REQUIERE CAMBIOS

LA FORMACIÓN POLICIAL REQUIERE CAMBIOS
Hacer una abordaje de la necesidad de cambios estructurales y metodológicos en la formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es una tarea ardua que requiere, un diagnóstico en lo micro institucional y también otro diagnóstico en lo social local, provincial e internacional. Ya que la formación y educación de los recursos humanos, abocados a la noble función de servidor público, es una de las obligaciones que tiene el Estado. Esta se convierte en una cuestión central, no solo por que tiñe toda la actividad de la comunidad local y regional sino porque de cómo se relacione estas instituciones con facultades coercitivas, podrán tener el consenso o reproche de la ciudadanía en general. Por otra parte, es necesario que los centros de educación y formación de los funcionarios de las fuerzas del orden y la seguridad, deberán adaptarse y acomodarse a los nuevos paradigmas que regulan las actividades policiales en el resto del mundo, en cuanto a si se pone mayor énfasis en la prevención o represión; es decir de mano dura, tolerancia cero o desarrollo de acciones comunitarias preventivas a la par de su tradicional actividad de investigación post delictual.
Entonces la formación y capacitación profesional de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberá adecuarse a los tiempos modernos actuales, en las que se deberá tener en cuenta muy especialmente dos aspectos fundamentales. Primero, si bien es cierto que no podemos negar que el modelo tradicional de policía ha cumplido relativamente las funciones para lo cual fueron creadas y organizadas, con errores y aciertos vicios y virtudes, en este momento histórico social y político, es claro que el nuevo contexto local y regional, como en el internacional propiciado por la globalización en complementación con los instrumentos de las nuevas tecnologías de la información, han sobrepasado en grado sumo el ámbito del desempeño policial, por lo que se imponen nuevas demandas para conjurar y evitar el conflicto social (diversidad de delitos comunes y complejos –narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas, etc.). Segundo, es necesario, diagnosticar, y luego reflexionar y redefinir nuevos cuerpos doctrinales capaces de reemplazar a los decimonónicos existentes hasta hoy, y con ello establecer modernas reingeniería institucional en lo estructural y organizacional, de manera de pautar, desde otros enfoques más democráticos y conforme a derechos, las funciones articulados con las complejas problemáticas de la disfunción social de estos tiempos actuales.
Los cambios y reformas que se han venido practicando y ejecutando por parte de algunos Estados para adecuar sus Políticas de Estados a las nuevas demandas sociales, hasta el momento no se han ocupado seriamente de las necesidades imperantes hacia el interior de las agencias de coerción. Podemos decir que tímidamente algunas de las provincias argentinas como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Jujuy y recientemente la Ciudad Autónoma de Bs. As., entre las principales han iniciado esta tarea de propiciar y generar los cambios, que a no engañarse, casi toda la sociedad unánimemente viene reclamando, aunque no lo explicita con criterio científico. No tienen por qué hacerlo, cuando el reclamo está dirigido a la exigencia de mayor seguridad para todos y no para algunos pocos privilegiados, lo está haciendo en ese sentido. Los que entendemos de estas problemáticas sabemos que están pidiendo mayor profesionalidad en la tarea de la seguridad y la prevención de los hombres juramentados de la ley. Podrán hacerlo en base a su experiencia o sentido común, pidiendo más penas para los imputados, más policías en las calles, más cárceles para los condenados, más justicia. Pero en el fondo de esta cuestión va implícito el de mayor profesionalidad de sus instituciones, sean estas coercitivas o de tipo extra legales (preventivas exclusivamente).
Con esto lo que se vislumbra es la imperiosa necesidad de realizar urgentes cambios en la organización policial y el profesionalismo en la formación, los que son fundamentales para el cumplimiento de la misión, o lo que es lo mismo, mayor capacitación y formación, de todos los niveles, para resolver los conflictos sociales. Tal educación y formación deberá articularse en dos dimensiones: 1) Doctrinal-organizacional y funcional (lo que brindará el Marco Teórico Conceptual, con los nuevos paradigmas de la prevención y la investigación criminal); y 2) Procedimental: o lo que es lo mismo, poniendo mayor énfasis en el Entrenamiento Policial, y Actitudinal, que implica no solo nuevas formas de pensar sino también hacer, las tareas de prevención.
Las instituciones policiales deben adoptar nuevos estilos de organización para enfrentar con mayor flexibilidad y rapidez a los problemas relacionados con la seguridad y prevención, ya que con el sistema actual, han demostrado que han sido superados en prevenir y evitar los hechos delictivos y otros conflictos sociales que aquejan a las sociedades urbanas modernas. Para ello se deberán establecer nuevos sistemas de educación y formación de los futuros profesionales de la seguridad y prevención, que les habilite y les permitan una visión diferente de estos nuevos problemas que acontecen en los nuevos contextos o escenarios sociales.
En estas dos áreas, ya citadas, requieren la atención urgente en las agencias de coerción, pero como todos sabemos, en las que más se visibilizan es en la procedimental. Ello está referido a la detección, aprehensión (detención), registro y cacheo de los sospechosos de ilícitos. A todo esto se agrega el trato debido que cada ciudadano espera de su policía, sea sospechoso o no de una infracción; o también el esposamiento para ser conducido en oportunidad de ser detenido o aprehendido (sea por orden judicial o en averiguación de antecedentes).
Otro detalle, que actualmente genera malestar en la población y a veces rechazo y repudio hacia los elementos de las fuerzas del orden es su falta de entrenamiento en el “uso racional de la fuerza” coactiva, la que debe ajustarse a criterios de racionalidad y de legalidad propuestos y aconsejados por los organismos internacionales a través de emisión de documentos en que se plasman los estándares internacionales en la materia.
Dicho entrenamiento implica una permanente práctica en el uso de estos elementos que deben ser provistos en forma continua para alcanzar un dominio óptimo en su empleo. De nada sirve contar con armamentos (pistolas – escopetas – fusiles) sin los cartuchos respectivos suficientes para hacer en forma permanente prácticas.
De seguir así, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque no lo deseen, seguirán cometiendo gravísimos errores en el uso de las armas reglamentarias provistas. Todos los ciudadanos han sido testigo, presenciales o referenciales de intervenciones policiales en las que algún efectivo ha incurrido graves errores, por omisión o comisión, en las que han resultado consecuencias o daños colaterales para terceros que nada tenían que ver en el problema, que dio origen a su intervención. Heridos con las armas reglamentarias o con el uso inadecuado de los vehículos en que se movilizan, en este sentido huelga hacer comentarios de hechos concretos.
Es por estas circunstancias que amerita una urgente reestructuración organizacional y de las técnicas y metodologías de la formación y capacitación acompañado obviamente por los recursos materiales, sin soslayar de ningún modo el marco teórico, es decir, basados en las normas estrictas del respeto por los garantías y los derechos humanos, los cuales han sido plasmadas en las modernas constituciones de los Estados democráticos y muy especialmente en el respeto a los derechos sociales.
De continuar en este mismo sistema, que ya ha demostrado su obsolescencia, para conjurar, prevenir y evitar el crimen (organizado o individual), el Estado, en su función de garantizar la Seguridad Pública, seguirá impedido de contar con actores decisivos en tales actividades de encarar con eficiencia y eficacia profesional el conflicto social, manifestado en casi todos los órdenes de la vida comunitaria.
El funcionario público encargado de hacer cumplir la ley, independientemente de su grado jerárquico, se halla hoy en una situación de gran vulnerabilidad, por las siguientes razones:
1) Es el único empleado público, que cumplen horas de trabajo en exceso: 24 horas algunos (oficiales y suboficiales de comisarías y cuerpos), 12 horas otros, (tareas de prevención en los Sectores Policiales y Comando de Patrullas), y 6 horas, los menos (tareas administrativas). Sin que se les abone ninguna remuneración por las horas que exceden de la establecida legalmente, que sería de 8 horas. Todo ello sin considerar los “recargos de servicios”.
2) No cuenta con una política de personal, en el que se establezca claramente el respeto por el derecho a un destino (lugar de trabajo) relativamente fijo, en que pueda desarrollar su actividad social, familiar, etc. En cualquier momento puede ser trasladado a cualquier punto de la provincia, sin tener en cuenta sus necesidades económicas y familiares.
3) Cuando son convocados para someterse a los cursos de capacitación, para ascensos, la norma administrativa expresa que son movilizados en ”comisión de servicio”, pero no se les abona ni por traslado ni lo que se establece para las comisiones de servicios. Este es un vacío legal que debe corregirse. No olvidar que su capacitación en servicio es para incrementar su caudal profesional los que serán volcados o utilizados para mejorar la calidad del servicio de seguridad.
4) El sometimiento a este régimen vertical, que condiciona a un disciplinamiento exacerbado, que induce muchas veces a encubrir algunas maniobras carentes de éticas, por parte de los superiores, cuando no es obligado a ejecutar ciertas actividades que raya con lo ilícito, hace que el personal policial se sienta desanimado, frustrado y cansado de este sistema vetusto, en que si bien la “obediencia debida” ya no existe formalmente, en la práctica todavía pervive hacia el interior de estas instituciones.
5) El funcionario que abrazó, la profesión de Servidor Público (es un civil armado para velar, controlar, vigilar por el cumplimiento de la ley, de todos y cada uno de los ciudadanos) y no digo, carrera de las armas, para no confundir con el Soldado; el policía es un ciudadano común con conocimiento, entrenamiento y ciertas facultades otorgadas por la ley, al que se le debe reconocer todos los derechos y garantías constitucionales.
6) El nivel de exigencia al que debe estar obligado, así como los premios que se le otorgue, debe estar determinado por su experiencia (antigüedad), su capacitación y desempeño profesional. Vemos que algunos reciben premios (ascensos, designación de cargos, etc.) por criterios antojadizos o preferencias de amistad, parentesco, afinidad, etc.
7) La asignación de servicios y lugares de destinos, que por sus características son de las más conflictivas, por el trabajo de calle y trato con los delincuentes, casi, sino en todos los casos. son asignados a los que no tienen “padrino” (amigos del poder de turno, sea político o institucional). (hay un adagio al interior de la cultura policial que dice: el que no tiene padrino muere infiel, que son repetidos jocosamente por algunos que se consideran “vivos”).
8) Estas ventajas para algunos, y desventajas para otros, son los que generan una gran resistencia para los cambios hacia el interior de las instituciones, impidiendo su democratización, desmilitarización y humanización de las fuerzas de seguridad y policiales. Por lo que pretender que los cambios doctrinarios, organizacionales y funcionales desde dentro es una verdadera utopía, un ideal difícil de cumplirse. Esto debe impulsarse desde las esferas políticas decisorias del Estado (Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, en ese orden).
9) Otra gran debilidad institucional y de sus recursos humanos, es el bajo salario que percibe cada funcionario, lo que le impide toda posibilidad de mejorar su situación profesional para sí y para sus familiares directos. Escasez en todos los órdenes, los que lo empuja a vivir en zonas marginales, periféricas o suburbios, mejorar las posibilidades de educación de sus hijos; ni siquiera pensar en hacer alguna vez viajes de vacaciones con la familia; el acceso a un sistema de salud que lo contenga; vive enfermo emocional y físicamente, por el exceso de obligaciones, en el trabajo, en la familia con los que no puede cumplir (es un hijo/a, padre-madre y esposo/a ausente); etc.
10) En el cumplimiento diario de sus actividades en la calle, no se le provee los recursos materiales suficientes, por ejemplo: chalecos antibalas; chalecos reflectantes; radio receptor-transmisor (Handy); grilletes o esposas, linternas, conos reflectantes para tareas en rutas y calles; cartuchos de balas; silbatos; combustibles. Todo ello sin contar con la falta de provisión semestral y anual de los uniformes que le corresponden legalmente.
11) Entre otras carencias, no realiza nunca las prácticas de tiros con su arma reglamentaria al igual que con las de dotación policial, en razón de que no existe un plan estratégico para tal actividad. Todos sabemos, incluso el mas lego que la práctica lleva a la perfección, entonces es lógico que en lugar de ser un respaldo para la seguridad el arma que porta el policía, en muchas ocasiones se convierte en un riesgo potencial cuando no, en algunos casos produce daños (materiales o personales) sin intención. Esto sería lisa y llanamente una negligencia o impericia, ¿pero cómo revertir esta situación, si no existe desde las instancias superiores la voluntad del cambio?.
12) La sumatoria de todos estos problemas y otras muchas más al interior de las instituciones y los que la misma sociedad demanda de los policías, los hace sentir que se encuentran entre un fuego cruzado; los que genera en cada individuo un estado psicológico de mucha frustración, lo cual se traduce en una diversidad de enfermedades de orden psicológico, biológico y social. El más común de ello el Síndrome del Quemado o Burnout. Para colmo de males no cuenta con un organismo de profesionales idóneos que los examine, controle, y contenga emocionalmente (por ejemplo un equipo profesional de terapeutas de las ramas de la psicología, psiquiatría, etc.)
En tal sentido, y recurriendo a mi experiencia en seguridad, mi formación profesional como Licenciado en Criminalística y Criminología, y a los créditos académicos obtenidos en el Nivel Superior de formación , me permito hacer estas sugerencias para las autoridades políticas decisorias que han sido elegidas por los ciudadanos para cumplir con el mandato constitucional de administrar y dirigir los destinos de esta provincia, en la convicción de que tal aporte pueda generar, aunque más no sea el debate público de estas cuestiones.