martes, 24 de febrero de 2009

HACIA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

HACIA UNA POLITICA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Hablar de Política de Seguridad Pública, en el contexto histórico, social, cultural y político del devenir de la provincia de Corrientes pareciera ser un tema harto difícil para su abordaje, máxime teniendo en cuenta por la escasez de tratados, estudios, investigaciones, bibliografías producida por aquellos que se consideran expertos o sabedores de este universo de conocimiento, por lo tanto seguidamente se intentará hacer una aproximación desde la óptica de mi experiencia y de algunos especialistas analizados que pertenecen al ámbito o entorno intelectual; como consecuencia de tales carencias, muy pocos son los que se ocupan de esta problemática. Hecho real que nos impone también, la tarea de embarcarnos en el esfuerzo de construir tales conocimientos, de tal forma de otorgarle contenidos a nuestras instituciones encargadas de la seguridad, basados en la concepción política democrática actual.
En mi opinión están dadas las condiciones, de someterse a un análisis profundo, abierto, y participativo, en la búsqueda de soluciones a este problema de carácter social, propiciando que la misma sea instalado decididamente en la "agenda pública", a fin de realizarse un diagnóstico serio, responsable y superador de las actuales condiciones; establecer en el menor tiempo posible una adecuada Política de Seguridad Pública, es prioritario; conforme lo reclama la sociedad toda. Tengamos en claro que la provisión de elementos nuevos y modernos a los encargados de la función coactiva del Estado, o la incorporación de mayor cantidad de hombres, es un ínfimo aporte a la solución y no significa una verdadera inversión a la Seguridad Pública. Muy por el contrario, esto de por sí en nada mejora las condiciones sociales de tan compleja problemática, a menos que se diseñe una verdadero frente capaz de brindar una auténtica Seguridad Pública, para destrabar el conflicto social relacionado con la delincuencia y sus efectos. Se debe asegurar una mayor y mejor prevención real, en todos los niveles sociales e institucionales de la provincia.
Ya hemos visto en estos últimos años, que sigue creciendo el índice de los delitos contra la vida, la propiedad, etc. Es necesario, aunque sea muy complejo, realizar un abordaje holístico de la problemática social de por qué estamos como estamos, en materia de seguridad (o inseguridad).
Como profesional de las Ciencias Criminalística y Criminología y Catedrático del Nivel Superior, debo recalcar que coexisten factores relacionados, entre una especie de apatía en aquellos que poseen los poderes decisorios, tal como lo sostiene el investigador y catedrático Marcelo F. Saín, un cierto de desgobierno o indiferencia hacia las agencias de coacción, por un lado, y un exceso de autogestión de la seguridad de estas agencias,por el otro; todo ello con infinidad de matices en interferencias con tales extremos. En el centro del problema se ubica la ciudadanía que clama cada vez más fuerte por una SEGURIDAD para todos, y no para algunos pocos privilegiados. Esto lo vemos todos los días a través de los medios de comunicación, en forma individual o en forma colectiva pidiendo ante las autoridades gubernamentales una mayor seguridad.
Los que entendemos de tales problemas sabemos que verdaderamente es complejo, porque involucra la realización de diagnósticos, encuestas de victimización, relación de las fuerzas policiales con la ciudadanía, profesionalización de los uniformados, y también de una dirección técnica capacitada de aquellos funcionarios del gobierno, inversión en actualización de ambos niveles (policía y gobierno) con ayuda nacional e internacional si así fuera necesario. Todo ello pareciera oscurecer aún más el panorama, haciendo inviable que las fuerzas del orden puedan abarcarlo todo, y a decir verdad, éstas han sido totalmente desbordados en su capacidad operativa, en armamentos, en preparación de personal, presupuesto, etc. Me estoy refiriendo a aquellos delitos complejos, detrás de los cuales existen verdaderas organizaciones delictivas que sin embargo aparecen "blanqueados" o tienen "apariencias" de ser totalmente legales, es decir estar que en reglas, porque se ocultan detrás de fachadas de negocios o empresas exitosas habilitadas legalmente (trata de personas, que con engaño u otro ardid, secuestro, etc. trafican con la libertad de las personas, ya sea esclavizándolas en trabajos forzosos o exigiéndoles que se sometan a la explotación sexual, tráfico de órganos, u otros casos, como financieras que ofrecen buenos intereses que luego se alzan con todo el capital invertido por la gente y se marchan "sin dejar rastros"; traficantes de armas; etc.).
Todo esto por un lado, lo que desde ya es un panorama muy desalentador, pero por otra parte tenemos reiterados hechos de violencias contra las personas, en cualquier lugar y a cualquier hora en los espacios públicos, y a veces en los espacios privados, lo que genera en el ánimo de la gente, es decir el ciudadano común, la "inseguridad", que en pocas palabras, es un estado de temor permanente de ser víctima de ilícitos.
Ahora bien, podemos seguir describiendo una serie de hechos que nos demuestran sin mucha expertise que las cosas en materia de seguridad no están bien. Pero, quien tiene la responsabilidad para evitar y prevenir que ocurran estos hechos. Algunos dirán, la policía, otros que son las mismas víctimas que no toman precauciones, algunos pocos que son los políticos, y tal vez alguien, que es el Estado; y así, cada quien se forma una opinión, siempre buscando alguien a quien echarle la culpa.
Más allá de estas opiniones, respecto de quien tiene la culpa, es necesario poner en claro que la cuestión de la SEGURIAD PÚBLICA es una responsabilidad irrenunciable, ineludible, impostergable y fundamental del Estado y no puede ser delegado en nadie; pues es el propio Estado el que debe arbitrar las estrategias, mecanismos y medios para lograr una sociedad con estándares normales de seguridad. Esto solo sería posible con una adecuada Política de Seguridad Pública, articulada con las demás políticas de Estado (Política Social, Económica, Educativa, etc.); que involucre además a los organismos privados (Cámara de Comercio, Asociaciones, Sindicatos, Confesiones religiosas, etc.).
Para que nos entendamos, es el Estado, a través de sus legítimos representantes elegidos por el pueblo quienes deberán reflexionar, debatir, redefinir y/o crear nuevos organismos, y leyes que sean necesarias; como así también articular las existentes del Estado, haciéndolos participar a todos, incluso a los organismos no gubernamentales, para que coadyuven en la construcción de una Política de Seguridad Pública Integral, que sea favorable y beneficie a la sociedad toda. La nueva concepción respecto de la Seguridad Pública indica que es un bien común y por lo tanto un derecho de todos, inscrito en lo que llamamos derechos humanos de tercera generación. Por lo tanto, vale repetir es una responsabilidad del Estado.
Dijimos antes, que se requiere un diagnóstico previo de la realidad provincial, para ver de qué manera se halla implicada su territorio con la problemática nacional e internacional, en cuanto a delitos que no respetan fronteras, como lo es el narcotráfico, la trata de personas, contrabando de armas, secuestros extorsivos, sustracción de automotores, etc. Aquí mismo nos encontramos con serias dificultades para obtener y sistematizar la información, en razón de que la que existe es escasa, poco confiable, heterogénea y no está sistematizada ni centralizada. Ello hace surgir inmediatamente la necesidad de crear un sistema de información criminal que abarque todo el ámbito provincial y que se garantice a la comunidad el acceso a la información de forma transparente y actualizada.
LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD ESTATALES
Otro detalle de singular importancia, es la referida a la necesidad de la modernización de las instituciones policiales, las que requieren una urgente reestructuración de todo su sistema; adecuándolo desde su organización interna a su legislación y reglamentación; lo cual significa reformular sus estructuras de mando, los sistemas de funcionamiento y organización policial, las estructuras orgánico funcionales de la mismas, como así también las estructuras profesionales.
Ello es necesario hacerlo cuanto antes, pues de la investigación realizada por el suscripto, en diversos documentos, declaraciones, bibliografías y de consultas a diversos profesionales de la seguridad del país, respecto de las policías latinoamericanas y su quehacer cotidiano, pueden detectarse que reina hacia el interior de las mismas, una gran fragilidad: traducida en enfrentamientos internos, rupturas de lazos, profunda desconfianza entre mandos superiores, subordinados y colegas en general, altos índices de estrés laboral, apatía hacia las obligaciones de ciertos servicios, etc.( MENDOZA.- "… 350 uniformados se encuentran desafectados del servicio de calle debido a que se les prohibió portar el arma reglamentaria por padecer estrés y trastornos psicológicos". Diario La Nación 15/07/08).
Esto se genera no por falta de capacidad o por carecer de condiciones para dedicarse a tan difícil tarea, sino que además de la presión externa (política, social y económica), también es generado por una cultura interna de poco apego a la ética profesional que muchas veces se ven obligados a aceptar y callar ciertas irregularidades desde lo ético. Por ejemplo existen dependencias que no cuentan con reglamentaciones internas o son ajenas a la propia orgánica institucional; los mecanismos de ascensos, en casi todas las policías del país, están determinados por una "selección" basados supuestamente en la capacidad e idoneidad profesional (realización de cursos, jornadas, seminarios, talleres, carreras universitarias, etc.) del que es propuesto para el ascenso, pero la realidad es que nada de esto se tienen en cuenta. La mayor parte de las promociones al grado inmediato superior, se basa en al "amiguismo" (Argentina), "compadrazgo" (México), "alcahuete”, o "genuflexo", (otros países de Latinoamérica), entre otros "créditos", a quienes se los recompensa con el ascenso y otros "favores".
Para evitar estos actos y procesos que desfiguran y generan mayor desaliento y malestar dentro de las agencias del orden, urge la creación de un ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO, además del interno (ya lo ha hecho Córdoba, Bs. As., ), que garantice la transparencia de estos y otros procesos en las que se afecta gravemente los derechos subjetivos de muchos policías buenos y entregados a su servicio en bien de la comunidad. Baste saber que todo esto produce en el ánimo del policía (que trabaja día a día en pro de su comunidad a quien dirige sus esfuerzos y mejor formación), una enorme preocupación cuando no su contradicción, pues de ser juramentados de la ley, por la vía de un supuesto "disciplinamiento" en muchas circunstancias son obligados a aceptar y callar muchas desprolijidades institucionales carentes de ética.
Para finalizar, en resumidas cuentas, la élite política con poderes de decisión, los que fueron elegidos para que sus actos sean dirigidos hacia el bien común, deben convocar a un gran debate y búsqueda del consenso con toda la sociedad para construir una Ley de Seguridad Pública Provincial acorde con las democracias más avanzadas y ajustadas a la Constitución Nacional, a los Tratados y Acuerdos Internacionales (Art. 75, inc. 22 C.N.), en que se garantizan fundamentalmente los derechos humanos y en base a ello también estructurar una policía moderna, democrática, humanizada, y desmilitarizada, de tal manera que cada uno de sus integrantes dirijan sus esfuerzos hacia la protección de toda la ciudadanía, en el marco del respeto a la dignidad y ajustado al Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979).
NERIZ ALBERTO HERNANDEZ
Lic. en Ccias. Crim. y Criminología
NERIZ ALBERTO HERNANDEZ
Lic. en Ciencias Criminalística y Criminología

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