martes, 3 de noviembre de 2009

LA FORMACIÓN POLICIAL REQUIERE CAMBIOS

LA FORMACIÓN POLICIAL REQUIERE CAMBIOS
Hacer una abordaje de la necesidad de cambios estructurales y metodológicos en la formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es una tarea ardua que requiere, un diagnóstico en lo micro institucional y también otro diagnóstico en lo social local, provincial e internacional. Ya que la formación y educación de los recursos humanos, abocados a la noble función de servidor público, es una de las obligaciones que tiene el Estado. Esta se convierte en una cuestión central, no solo por que tiñe toda la actividad de la comunidad local y regional sino porque de cómo se relacione estas instituciones con facultades coercitivas, podrán tener el consenso o reproche de la ciudadanía en general. Por otra parte, es necesario que los centros de educación y formación de los funcionarios de las fuerzas del orden y la seguridad, deberán adaptarse y acomodarse a los nuevos paradigmas que regulan las actividades policiales en el resto del mundo, en cuanto a si se pone mayor énfasis en la prevención o represión; es decir de mano dura, tolerancia cero o desarrollo de acciones comunitarias preventivas a la par de su tradicional actividad de investigación post delictual.
Entonces la formación y capacitación profesional de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberá adecuarse a los tiempos modernos actuales, en las que se deberá tener en cuenta muy especialmente dos aspectos fundamentales. Primero, si bien es cierto que no podemos negar que el modelo tradicional de policía ha cumplido relativamente las funciones para lo cual fueron creadas y organizadas, con errores y aciertos vicios y virtudes, en este momento histórico social y político, es claro que el nuevo contexto local y regional, como en el internacional propiciado por la globalización en complementación con los instrumentos de las nuevas tecnologías de la información, han sobrepasado en grado sumo el ámbito del desempeño policial, por lo que se imponen nuevas demandas para conjurar y evitar el conflicto social (diversidad de delitos comunes y complejos –narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas, etc.). Segundo, es necesario, diagnosticar, y luego reflexionar y redefinir nuevos cuerpos doctrinales capaces de reemplazar a los decimonónicos existentes hasta hoy, y con ello establecer modernas reingeniería institucional en lo estructural y organizacional, de manera de pautar, desde otros enfoques más democráticos y conforme a derechos, las funciones articulados con las complejas problemáticas de la disfunción social de estos tiempos actuales.
Los cambios y reformas que se han venido practicando y ejecutando por parte de algunos Estados para adecuar sus Políticas de Estados a las nuevas demandas sociales, hasta el momento no se han ocupado seriamente de las necesidades imperantes hacia el interior de las agencias de coerción. Podemos decir que tímidamente algunas de las provincias argentinas como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Jujuy y recientemente la Ciudad Autónoma de Bs. As., entre las principales han iniciado esta tarea de propiciar y generar los cambios, que a no engañarse, casi toda la sociedad unánimemente viene reclamando, aunque no lo explicita con criterio científico. No tienen por qué hacerlo, cuando el reclamo está dirigido a la exigencia de mayor seguridad para todos y no para algunos pocos privilegiados, lo está haciendo en ese sentido. Los que entendemos de estas problemáticas sabemos que están pidiendo mayor profesionalidad en la tarea de la seguridad y la prevención de los hombres juramentados de la ley. Podrán hacerlo en base a su experiencia o sentido común, pidiendo más penas para los imputados, más policías en las calles, más cárceles para los condenados, más justicia. Pero en el fondo de esta cuestión va implícito el de mayor profesionalidad de sus instituciones, sean estas coercitivas o de tipo extra legales (preventivas exclusivamente).
Con esto lo que se vislumbra es la imperiosa necesidad de realizar urgentes cambios en la organización policial y el profesionalismo en la formación, los que son fundamentales para el cumplimiento de la misión, o lo que es lo mismo, mayor capacitación y formación, de todos los niveles, para resolver los conflictos sociales. Tal educación y formación deberá articularse en dos dimensiones: 1) Doctrinal-organizacional y funcional (lo que brindará el Marco Teórico Conceptual, con los nuevos paradigmas de la prevención y la investigación criminal); y 2) Procedimental: o lo que es lo mismo, poniendo mayor énfasis en el Entrenamiento Policial, y Actitudinal, que implica no solo nuevas formas de pensar sino también hacer, las tareas de prevención.
Las instituciones policiales deben adoptar nuevos estilos de organización para enfrentar con mayor flexibilidad y rapidez a los problemas relacionados con la seguridad y prevención, ya que con el sistema actual, han demostrado que han sido superados en prevenir y evitar los hechos delictivos y otros conflictos sociales que aquejan a las sociedades urbanas modernas. Para ello se deberán establecer nuevos sistemas de educación y formación de los futuros profesionales de la seguridad y prevención, que les habilite y les permitan una visión diferente de estos nuevos problemas que acontecen en los nuevos contextos o escenarios sociales.
En estas dos áreas, ya citadas, requieren la atención urgente en las agencias de coerción, pero como todos sabemos, en las que más se visibilizan es en la procedimental. Ello está referido a la detección, aprehensión (detención), registro y cacheo de los sospechosos de ilícitos. A todo esto se agrega el trato debido que cada ciudadano espera de su policía, sea sospechoso o no de una infracción; o también el esposamiento para ser conducido en oportunidad de ser detenido o aprehendido (sea por orden judicial o en averiguación de antecedentes).
Otro detalle, que actualmente genera malestar en la población y a veces rechazo y repudio hacia los elementos de las fuerzas del orden es su falta de entrenamiento en el “uso racional de la fuerza” coactiva, la que debe ajustarse a criterios de racionalidad y de legalidad propuestos y aconsejados por los organismos internacionales a través de emisión de documentos en que se plasman los estándares internacionales en la materia.
Dicho entrenamiento implica una permanente práctica en el uso de estos elementos que deben ser provistos en forma continua para alcanzar un dominio óptimo en su empleo. De nada sirve contar con armamentos (pistolas – escopetas – fusiles) sin los cartuchos respectivos suficientes para hacer en forma permanente prácticas.
De seguir así, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque no lo deseen, seguirán cometiendo gravísimos errores en el uso de las armas reglamentarias provistas. Todos los ciudadanos han sido testigo, presenciales o referenciales de intervenciones policiales en las que algún efectivo ha incurrido graves errores, por omisión o comisión, en las que han resultado consecuencias o daños colaterales para terceros que nada tenían que ver en el problema, que dio origen a su intervención. Heridos con las armas reglamentarias o con el uso inadecuado de los vehículos en que se movilizan, en este sentido huelga hacer comentarios de hechos concretos.
Es por estas circunstancias que amerita una urgente reestructuración organizacional y de las técnicas y metodologías de la formación y capacitación acompañado obviamente por los recursos materiales, sin soslayar de ningún modo el marco teórico, es decir, basados en las normas estrictas del respeto por los garantías y los derechos humanos, los cuales han sido plasmadas en las modernas constituciones de los Estados democráticos y muy especialmente en el respeto a los derechos sociales.
De continuar en este mismo sistema, que ya ha demostrado su obsolescencia, para conjurar, prevenir y evitar el crimen (organizado o individual), el Estado, en su función de garantizar la Seguridad Pública, seguirá impedido de contar con actores decisivos en tales actividades de encarar con eficiencia y eficacia profesional el conflicto social, manifestado en casi todos los órdenes de la vida comunitaria.
El funcionario público encargado de hacer cumplir la ley, independientemente de su grado jerárquico, se halla hoy en una situación de gran vulnerabilidad, por las siguientes razones:
1) Es el único empleado público, que cumplen horas de trabajo en exceso: 24 horas algunos (oficiales y suboficiales de comisarías y cuerpos), 12 horas otros, (tareas de prevención en los Sectores Policiales y Comando de Patrullas), y 6 horas, los menos (tareas administrativas). Sin que se les abone ninguna remuneración por las horas que exceden de la establecida legalmente, que sería de 8 horas. Todo ello sin considerar los “recargos de servicios”.
2) No cuenta con una política de personal, en el que se establezca claramente el respeto por el derecho a un destino (lugar de trabajo) relativamente fijo, en que pueda desarrollar su actividad social, familiar, etc. En cualquier momento puede ser trasladado a cualquier punto de la provincia, sin tener en cuenta sus necesidades económicas y familiares.
3) Cuando son convocados para someterse a los cursos de capacitación, para ascensos, la norma administrativa expresa que son movilizados en ”comisión de servicio”, pero no se les abona ni por traslado ni lo que se establece para las comisiones de servicios. Este es un vacío legal que debe corregirse. No olvidar que su capacitación en servicio es para incrementar su caudal profesional los que serán volcados o utilizados para mejorar la calidad del servicio de seguridad.
4) El sometimiento a este régimen vertical, que condiciona a un disciplinamiento exacerbado, que induce muchas veces a encubrir algunas maniobras carentes de éticas, por parte de los superiores, cuando no es obligado a ejecutar ciertas actividades que raya con lo ilícito, hace que el personal policial se sienta desanimado, frustrado y cansado de este sistema vetusto, en que si bien la “obediencia debida” ya no existe formalmente, en la práctica todavía pervive hacia el interior de estas instituciones.
5) El funcionario que abrazó, la profesión de Servidor Público (es un civil armado para velar, controlar, vigilar por el cumplimiento de la ley, de todos y cada uno de los ciudadanos) y no digo, carrera de las armas, para no confundir con el Soldado; el policía es un ciudadano común con conocimiento, entrenamiento y ciertas facultades otorgadas por la ley, al que se le debe reconocer todos los derechos y garantías constitucionales.
6) El nivel de exigencia al que debe estar obligado, así como los premios que se le otorgue, debe estar determinado por su experiencia (antigüedad), su capacitación y desempeño profesional. Vemos que algunos reciben premios (ascensos, designación de cargos, etc.) por criterios antojadizos o preferencias de amistad, parentesco, afinidad, etc.
7) La asignación de servicios y lugares de destinos, que por sus características son de las más conflictivas, por el trabajo de calle y trato con los delincuentes, casi, sino en todos los casos. son asignados a los que no tienen “padrino” (amigos del poder de turno, sea político o institucional). (hay un adagio al interior de la cultura policial que dice: el que no tiene padrino muere infiel, que son repetidos jocosamente por algunos que se consideran “vivos”).
8) Estas ventajas para algunos, y desventajas para otros, son los que generan una gran resistencia para los cambios hacia el interior de las instituciones, impidiendo su democratización, desmilitarización y humanización de las fuerzas de seguridad y policiales. Por lo que pretender que los cambios doctrinarios, organizacionales y funcionales desde dentro es una verdadera utopía, un ideal difícil de cumplirse. Esto debe impulsarse desde las esferas políticas decisorias del Estado (Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, en ese orden).
9) Otra gran debilidad institucional y de sus recursos humanos, es el bajo salario que percibe cada funcionario, lo que le impide toda posibilidad de mejorar su situación profesional para sí y para sus familiares directos. Escasez en todos los órdenes, los que lo empuja a vivir en zonas marginales, periféricas o suburbios, mejorar las posibilidades de educación de sus hijos; ni siquiera pensar en hacer alguna vez viajes de vacaciones con la familia; el acceso a un sistema de salud que lo contenga; vive enfermo emocional y físicamente, por el exceso de obligaciones, en el trabajo, en la familia con los que no puede cumplir (es un hijo/a, padre-madre y esposo/a ausente); etc.
10) En el cumplimiento diario de sus actividades en la calle, no se le provee los recursos materiales suficientes, por ejemplo: chalecos antibalas; chalecos reflectantes; radio receptor-transmisor (Handy); grilletes o esposas, linternas, conos reflectantes para tareas en rutas y calles; cartuchos de balas; silbatos; combustibles. Todo ello sin contar con la falta de provisión semestral y anual de los uniformes que le corresponden legalmente.
11) Entre otras carencias, no realiza nunca las prácticas de tiros con su arma reglamentaria al igual que con las de dotación policial, en razón de que no existe un plan estratégico para tal actividad. Todos sabemos, incluso el mas lego que la práctica lleva a la perfección, entonces es lógico que en lugar de ser un respaldo para la seguridad el arma que porta el policía, en muchas ocasiones se convierte en un riesgo potencial cuando no, en algunos casos produce daños (materiales o personales) sin intención. Esto sería lisa y llanamente una negligencia o impericia, ¿pero cómo revertir esta situación, si no existe desde las instancias superiores la voluntad del cambio?.
12) La sumatoria de todos estos problemas y otras muchas más al interior de las instituciones y los que la misma sociedad demanda de los policías, los hace sentir que se encuentran entre un fuego cruzado; los que genera en cada individuo un estado psicológico de mucha frustración, lo cual se traduce en una diversidad de enfermedades de orden psicológico, biológico y social. El más común de ello el Síndrome del Quemado o Burnout. Para colmo de males no cuenta con un organismo de profesionales idóneos que los examine, controle, y contenga emocionalmente (por ejemplo un equipo profesional de terapeutas de las ramas de la psicología, psiquiatría, etc.)
En tal sentido, y recurriendo a mi experiencia en seguridad, mi formación profesional como Licenciado en Criminalística y Criminología, y a los créditos académicos obtenidos en el Nivel Superior de formación , me permito hacer estas sugerencias para las autoridades políticas decisorias que han sido elegidas por los ciudadanos para cumplir con el mandato constitucional de administrar y dirigir los destinos de esta provincia, en la convicción de que tal aporte pueda generar, aunque más no sea el debate público de estas cuestiones.

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