domingo, 12 de julio de 2015


SEGURIDAD PRIVADA EN EUROPA. Hacia la integración operativa con la Seguridad Pública(1)

En estos comienzos del siglo XXI, la seguridad es la nueva estrella, principalmente en el ámbito institucional, ciudadano y corporativo, y los responsables se han hecho más visibles e importantes en todas las entidades. Eso conlleva nuevas exigencias a nivel profesional, puesto que se ha reconocido que la seguridad es algo más que disponer de sistemas, dirigir vigilantes, realizar investigaciones y resolver incidentes. Ya no basta con tener información y experiencia en sistemas de inteligencia y de operativa policial, es preciso poseer amplios conocimientos no sólo de gestión de la seguridad sino también de la gestión global, así como del entorno empresarial e institucional.
En el plano de la seguridad global, los objetivos básicamente son: Prevenir los riesgos, garantizar la intervención, minimizar los daños o pérdidas, sistematizar las inspecciones y facilitar el apoyo y las ayudas exteriores, todo ello sujeto siempre al cumplimiento de la legislación y normativa vigente. Sin embargo, ante la gravedad de los riesgos y las amenazas que nos ocupan, resulta obligada la integración operativa de la Seguridad Privada en la Seguridad Pública. Es necesario ya limar las diferencias y sumar esfuerzos, compatibilizando responsabilidades en algunos de los frentes, superando los obstáculos a la hora de compartir información, mejorando la confianza mutua y olvidando los desencuentros puntuales que en el pasado se han mostrado como barreras para la excelencia de ese trabajo en común.

NUEVOS RETOS Y EXIGENCIAS. Protección de las Infraestructuras Críticas
Esa integración operativa vendrá a facilitar las actuaciones necesarias para optimizar la respuesta ante los nuevos retos y exigencias de nuestro tiempo, como es el caso de la seguridad de las infraestructuras críticas y estratégicas, prioritariamente orientada hacia la protección contra agresiones deliberadas y, muy especialmente, contra ataques terroristas.
En España, la gestión de estos nuevos desafíos está liderada por el Ministerio del Interior, y, sin embargo, la seguridad de las infraestructuras críticas y estratégicas exige contemplar actuaciones que vayan más allá de la mera protección material contra posibles agresiones o ataques, razón por la cual resulta inevitable implicar a otros órganos de la Administración del Estado, de las demás Administraciones Públicas y del propio sector privado.
Por Seguridad de las Infraestructuras Críticas y Estratégicas se entiende como el proceso de identificación, análisis, evaluación, estudio, implantación y gestión de los riesgos, así como los recursos y medidas preventivas y de protección implementadas para reducir la vulnerabilidad en situaciones de desastre natural, sabotaje, vandalismo o terrorismo, principalmente.
En este sentido, ya se viene analizando la situación, desarrollando planes y dando algunos pasos para prevenir y actuar ante cualquier tipo de amenaza en sectores clave, críticos y estratégicos, como transporte, energía, sistema financiero y telecomunicaciones, lo que incluye escenarios como aeropuertos, estaciones de metro o terminales de ferrocarril o autobuses, seguridad vial, centros de control de refinerías, compañías de agua, gas y electricidad, centrales nucleares, hospitales, etcétera.

RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES
Las nuevas amenazas que preocupan al mundo en nuestros días representan un reto no sólo a nuestra capacidad técnica y estratégica sino también a nuestra imaginación. Son una realidad para cuya identificación basta una lectura de los últimos informes de la ONU, los EEUU y la UE, que muestran que, si bien hay hechos diferenciales al respecto, nadie se atreve a clasificar dichas amenazas como especialmente novedosas, salvo en las formas de materializarse, su impacto y sus consecuencias.
Cuando nos preguntamos sobre los riesgos y amenazas que tenemos que afrontar hoy de una manera global, destaca especialmente:
El Terrorismo, como una amenaza directa a la vida y a la seguridad;
Las Ciberamenazas, con aspectos significativos por la irrelevancia de las fronteras, la dependencia del ciberespacio o la débil legislación.
El Crimen organizado, como fenómeno transnacional y la vinculación de organizaciones criminales y grupos terroristas.
La Inestabilidad económica, base de la conflictividad política y social con su impacto transversal.
La Vulnerabilidad energética, por su dependencia excesiva del exterior y la baja interconexión entre países.
La Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como grave amenaza a la paz y seguridad mundial por su dificultad de verificación y control.
Los Flujos migratorios no controlados, siendo algunos países como España un lugar de acogida con riesgo de radicalización extremista.
El Espionaje Industrial, con nuevo escenario en las TICs, en formas agresivas y con gran impacto.
Las Emergencias y catástrofes derivadas del cambio climático.
La Vulnerabilidad marítima, con sus actividades ilícitas y bases de suministro energético y económico.
Las Infraestructuras Críticas, como indispensables y sin alternativa, asediadas con riesgos múltiples;
Los Conflictos armados, como una amenaza capital para la seguridad, con necesidad de acondicionar las capacidades, organización y proceso de actuación de las Fuerzas Armadas a conflictos presentes y futuros.

Todos estos riesgos y amenazas globales en cada momento, lugar y circunstancias se verán afectados por aspectos claramente potenciadores, como son la pobreza, el uso nocivo de las nuevas tecnologías, las desigualdades sociales, el desequilibrio demográfico, el cambio climático, los extremismos ideológicos, etcétera.

En resumen, la realidad es que los riesgos se han incrementado y sofisticado y, por tanto, hay una exigencia de mayor eficiencia y nuevas respuestas. Nuevas respuestas que requieren tecnología, eficacia y calidad que ha de ser percibida por el ciudadano.

NUEVAS DEMANDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Hoy el concepto de seguridad tiene dos realidades objetivas:
Seguridad es mirar al futuro con confianza y sin miedo en un entorno previsible y estable.
La inseguridad está globalizada y la seguridad hemos de globalizarla de manera EFICIENTE, VALIENTE Y URGENTE.
Los cambios político-sociales reflejan una organización social en crisis que involucra a individuos e instituciones y ha generado la necesidad de buscar e implementar nuevas herramientas y metodologías de protección que permitan al ciudadano crear una realidad confiable y tranquila para su vida personal.
Las relaciones y articulaciones del crimen organizado en lo local, la evolución del terrorismo y su impacto social, la impunidad o incluso la inaplicabilidad de las normas vigentes, se suman e incluso alimentan la insolidaridad de la ciudadanía frente al entorno social.
La psicosis de amenaza se desprende de un problema central, en el que la delincuencia común, organizada al margen de la ley, es la más directa generadora del síndrome de afectación.
Lo cierto es que el miedo, la falta de una justicia eficaz y el aumento en el grado de violencia de los delitos incrementan la percepción de inseguridad de los ciudadanos
La evolución hacia un sólido Sistema de Seguridad Ciudadana se fundamenta principalmente en un nuevo y amplio concepto de seguridad que permita prevenir riesgos y amenazas dinámicas, transversales y transnacionales que precisan de respuestas globales, integrales y modulares, en un entorno que está cambiando profunda y constantemente.
La realidad es que los resultados del modelo actual, de alto contenido represivo y escaso contenido preventivo, no han sido satisfactorios, y se hace evidente que con este modelo, de cuya obsolescencia hay muchos ejemplos, no se ha logrado disminuir la criminalidad ni la creciente sensación de inseguridad de la población en las principales ciudades, complicando el panorama el hecho de que los sistemas judiciales, policiales y penitenciarios siguen arrastrando serios problemas y deficiencias.
Dentro del imprescindible paquete de nuevas estrategias, necesario será contar con la vinculación de la ciudadanía si queremos asegurar su éxito, ya que su implicación tiende a promover mejores comportamientos sociales y a afianzar las relaciones Policía – Comunidad, orientando acciones preventivas que generen mejores prácticas entre la sociedad.
No obstante, en general, los servicios públicos y privados no han recibido la debida atención ni formación para facilitar la implantación de las medidas preventivas necesarias que, aunque ofrezcan resultados más lentos, suelen ser más productivas que los tratamientos correctivos en cuanto a costes, y más eficaces en el intento de lograr soluciones sostenibles a largo plazo.

EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA
El presente y futuro de la seguridad privada tiene una serie de parámetros en juego como son la existencia de proveedores altamente especializados, clientes participantes e implicados en el proyecto, empresas flexibles y en evolución, tecnologías abiertas y reglamentaciones globales, así como alianzas entre especialistas públicos y privados, entre otros.

Las principales causas de crecimiento del sector de la seguridad privada son el proceso de externalización de las actividades de vigilancia, de las que antes se encargaban directamente las empresas o instituciones, las carencias de recursos en la seguridad pública en algunas regiones o países, la transferencia de las tareas que antes eran competencia de los servicios públicos de seguridad, y sobre todo, el desarrollo de nuevos segmentos de mercado con requerimientos de especialización.
También el aumento de la percepción de inseguridad en la sociedad en general provoca una mayor demanda de seguridad por parte de las empresas, de las instituciones públicas y de los particulares.

SEGURIDAD PRIVADA EN EUROPA
El mercado de la Unión Europea, según la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (Coess) fundada en 1989 y constituida por 30 federaciones miembro y 2 miembros adheridos, 21 Estados miembros UE y un total de 28 estados emplea a más de dos millones de profesionales en más de 50.000 empresas en un entorno de mercados maduros y segmentados.
Un mercado de Seguridad Privada con una facturación anual de más de 24.000 millones de euros, con amplias relaciones y acuerdos de cooperación con la Seguridad Pública.
Su evolución apunta principalmente hacia la adecuación de su marco normativo a la realidad del sector, una cooperación reforzada con las asociaciones profesionales y empresariales y un especial desarrollo en el ámbito de las infraestructuras críticas y estratégicas, además de una clara diferenciación con las “private military companies”.


NUEVOS RETOS Y TENDENCIAS PARA LA SEGURIDAD PRIVADA
La puesta en valor de una moderna Seguridad Privada va a derivar de cuánto hagamos para incentivar su potencial y competencias, equilibrar la oferta, incorporar áreas de especialización, integrar nuevas tecnologías, desarrollar una educación y capacitación profesional y formal, crear la especialización, ampliar la cooperación institucional, mejorar la imagen y conseguir una armonización internacional.

De una forma general, las tendencias importantes se relacionan con la diferenciación de las estrategias empresariales, la significación de la cualificación de los servicios de seguridad y la identificación de las necesidades y demandas de capacitación especializada.

En el ámbito de los sistemas, las tendencias se manifiestan en la reducción de los costes y la inversión, la integración de los sistemas de vigilancia y control, el aumento de los controles en la gestión y el incremento de las soluciones para una demanda segmentada.

Por otro lado, las tendencias en los servicios de vigilancia se centran en una mayor exigencia de especialización, reducción del empleo de armas de fuego, desarrollo de nuevos servicios especializados y la amortización de servicios.

Todo ello, dentro de las nuevas oportunidades que presentan los servicios de asistencia inmediata; el monitoreo con análisis de imágenes, voz y datos; la vigilancia móvil y la supervisión contratada; la capacitación técnica especializada en seguridad; la localización e identificación de personas; la localización automática de elementos; la escolta de carga crítica y especializada; el incremento de la investigación privada; la protección de activos y expatriados; la gestión y protección de rutas, etc.

Crecientemente significativa es la demanda de una Seguridad Privada Especializada por segmentos de mercado o actividad como: los centros comerciales y grandes superficies; los edificios de oficinas y singulares; las instalaciones de la industria y la energía; las redes de transporte (ferrocarril, metropolitano, carretera, aéreo y marítimo); las centrales nucleares y complejos petroquímicos; las instalaciones militares y de alta seguridad; los centros hospitalarios, los centros penitenciarios, etc.

SEGURIDAD ÚNICA, PÚBLICA Y PRIVADA

La Unión Europea considera esencial la cooperación entre la Seguridad Pública y una Seguridad Privada modernizada que, ni puede considerarse como un producto a ser regulado por el mercado, ni puede ser tratado como un monopolio del gobierno, aunque sí deberá seguir siendo una seguridad subordinada y complementaria de la Seguridad Pública. Por todo ello, resulta inevitable e irreversible la cooperación, en aras a la obtención del objetivo común de lograr proveer la seguridad global que necesitamos.

Una comunidad profesional cooperativa y única para la mejor prestación del servicio público de seguridad y vigilancia, y, para cuyo fin irrenunciable, el Estado puede delegar en los particulares y en las comunidades organizadas, siempre de acuerdo con el régimen establecido por la ley, y sin renuncia a sus prerrogativas ni obligaciones de cara al objetivo de lograr una seguridad ciudadana sostenible.

Esa SEGURIDAD CIUDADANA fruto de la sinergia entre SEGURIDAD PUBLICA + SEGURIDAD PRIVADA habrá de sustentarse sobre las bases de la cooperación, la colaboración, la confianza, la transparencia y la profesionalidad, a fin de crear un clima permanente de implicación consciente y orgullo de pertenencia, compartiendo información técnica, facilitando unos flujos de comunicación profesionales y claros, y eliminando así las suspicacias y recelos que empobrecen las relaciones.

Los protocolos de actuación definidos por el Estado para mejorar la colaboración y potenciar la motivación pasan por:
Valorar y respetar el trabajo realizado.
Mejorar el trato y la información.
Potenciar la accesibilidad hacia la organización.
Facilitar información de interés policial (estadísticas de robos, “modus operandi”, etc.).
Proporcionar respuestas a sus preguntas.
Difundir servicios excepcionales.
Proponer para menciones honoríficas o premios.
Aproximación profesional al personal de seguridad privada.
Mantenimiento de reuniones periódicas con Directores y Jefes de Seguridad de las empresas, detectives privados y asociaciones.
Especialización de los funcionarios policiales.
Contacto permanente con la Sala de Coordinación Policial.
Una colaboración que va a ser alimentada por:
Apoyo a las iniciativas privadas de colaboración.
Incentivación de la motivación a colaborar del personal de seguridad.
Aprovechamiento de la colaboración y de la información.
Designación de interlocutores claros y abiertos permanentemente.
Gestión, registro y evaluación de la colaboración.
Puesta en marcha de una política de reconocimiento de méritos personales y profesionales.


RECOMENDACIONES FINALES
El presente y futuro de la Seguridad en Europa pasa, principalmente, por: Integrar el sistema de gestión de la Seguridad Pública y la Seguridad Privada. Potenciar una nueva visión común y una cultura de seguridad sobre la base de amenazas complejas. Incrementar los recursos de análisis y liberarlos de viejas patologías y rigideces. Desarrollar el esquema de gestión integral operativa de la seguridad. Crear un espacio global de sostenibilidad para la Seguridad Ciudadana. Acotar los márgenes de la misión y visión para una Seguridad Privada profesional y de calidad. Y, para todo ello, ahora, es tan importante la imaginación como el conocimiento y la inteligencia.

(1) Conferencia impartida en el XII Congreso Internacional de la Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP). Argentina 2014

MANUEL SANCHEZ GÓMEZ-MERELO

jueves, 9 de julio de 2015

SERVICIO DE POLICIAL ADICIONAL

El Policía Adicional

El Policía Adicional, es una función de Vigilancia y/o Custodia que realiza uno o más policías en actividad, a una persona o más (custodia o guarda-espalda), o también a una Empresa Privada o Pública (vigilancia en espacios privado o público) por un precio estipulado de antemano por la Autoridad competente (No admite negociación entre partes).
Cómo se cumple, mediante la asignación, debidamente autorizada por un órgano o dependencia de la propia Institución Policial, se destina uno o más funcionario/s policial/es,  los que cumplirá/n tal servicio, siempre en el horario de franco de servicio del o los policías designados. Lo/s que realizará/n entre 4 u 8 horas, como máximo; aunque a veces de acuerdo a las características del evento privado o público, pueden ser de más horas.
Pero que quede bien en claro que esta actividad supletoria de seguridad lo hará, en todos los casos luego de haber cumplido con su trabajo de rutina para la Institución Policial, los que generalmente oscila entre 8 y 12 horas como máximo.
Pero cuales son las características de esta labor especial, que realiza un funcionario policial luego de haber cumplido previamente con su tarea de seguridad pública, veamos algunas de ellas:
a) Se puede afirmar que es un doble trabajo encubierto y en negro, ya que el particular o la empresa que contrata los servicios del policía, no paga iva, seguro de vida, obra social ni jubilación.
b) Lógicamente por tratarse de horas que se agregan a las ya cumplidas, se puede decir que son como horas “extras”, por lo que genera en el o los que cumple/n un enorme desgaste físico y psíquico, lo cual sin duda impedirá estar en “alerta”, tanto en esa actividad extra o lugar de servicios, como lo será en su propio servicio ordinario, de policía o servidor del orden público.
c) Amen de ello, favorece la disfunción familiar (por el escaso tiempo que pasa con la familia: esposa, hijos, padres, hermanos, etc.) e institucional (desganado, cansado, a veces malhumorado, lo que se traduce en mala atención al público en general, que es a quien más se debe).
d) Es un trabajo que libera al “empleador” (el que contrata) de la responsabilidad, en caso de accidentes, ya que siempre se hará cargo el Estado (A.R.T.), debido a que tal actividad está legalizado (autorizado) por el propio Estado.
e) El precio o valor que paga el “empleador contratante” es siempre un valor fijo durante todo el año (a veces muchos años), ya que es el propio Estado (políticos decisores) quien determina tal valor.
f) En el precio que se establece, no se tiene en cuenta si es de día, de noche, feriado o fin de semana, lo cual no se ajusta a las normativas laborales, dado que en todo trabajo varía el valor según estas circunstancias.
g) Tampoco se tiene en cuenta si es custodia y vigilancia de espectáculos deportivos o bailables, o de negocios o empresas, grandes o pequeñas, bancos o financieras, o si se trata de traslado de valores o bienes. Para todo contratante que solicite este servicios especial de seguridad, el precio es igual.  
h) La Oficina de Policía Adicional, se convierte así en una especie de “bolsa de trabajo”, en donde el policía necesitado de dinero (en los que cuadran casi todos) van en busca de una “ubicación”, es decir para que le den algún servicio de Policía Adicional.
i) En consecuencia todo esto provoca que el servidor público o policía se convierta, lisa y llanamente, en una “mano de obra” barata, siempre disponible.
j) También podemos decir que el servicio de Policía Adicional se convierte en una Competencia Desleal para con las Empresas de Seguridad Privada, muy a pesar de estar rodeados de las garantías legales que rigen esta actividad, y porque éstas últimas siempre exigen un mayor precio o valor en pesos para cumplir con el servicio de seguridad o custodia, ya sea personal o de bienes.

Veamos algunas opiniones del público en general, quienes son los legítimos destinatarios del cumplimiento eficiente de la Seguridad Pública; Según un diario de gran tiraje, obtuvo hace algunos años, encuesta mediante, las siguientes opiniones:

a.- Abogados y penalistas (algunos) creen que es una doble imposición a la gente, se le cobra impuestos para darle seguridad y se les vuelve a cobrar para que efectivamente las tenga.
b.- Los policías que dedican su tiempo de descanso a hacer tareas de policía adicional podrían no estar en las mejores condiciones para actuar y enfrentar el crimen.
c.- La seguridad es un servicio o función que el Estado (Nacional o Provincial) no lo da en plenitud, y trata de paliar dicha carencia.
d.- No solo es una “mano de obra barata”, sino que siempre está disponible, en cualquier momento (día, mes, año).
e.- Por los bajos sueldos que paga el Estado, para el policía es la única manera que tiene de completar su sueldo para mantener su hogar en forma honesta.
f.- El trabajo “extra” de policía adicional se contrapone con la “dedicación exclusiva” que impone la ley a todo policía, en ese tiempo de adicional se debe al “contratante”.
g.- Además ninguna empresa, “presta” sus recursos humanos a otra (por lo barato del servicio), provocando el deterioro de los mismos, generando perjuicio a sus hombres y por ende a la Institución Policial. Lo que en forma indirecta afecta a la seguridad ciudadana (un hombre cansado, agotado y agobiado disminuye sensiblemente su rendimiento).

SUGERENCIAS
A.- Lo obtenido por el trabajo de Policía Adicional puede ser remplazado por una asignación aunque sea provisoriamente en “negro” en el sueldo del policía, con lo que se lograría que el mismo tenga un sueldo digno y honesto.
B.- Ese tiempo “extra” que se pierde en cumplimiento de tales tareas, bien se podría dedicar para su mayor instrucción y capacitación en servicio, lo cual redundaría en beneficio de la seguridad dirigida a toda la comunidad y no a un particular exclusivamente.
C.- En caso de no ser posible que el Estado asuma esta erogación extra en el presupuesto, asignación especial en el sueldo de los suboficiales y oficiales subalternos, deberá reconsiderar los valores estipulados para tales servicios y tener en cuenta horario de dicho servicio, días (feriados, fines de semanas, etc.), riesgo posible, etc., para establecer con criterio real y ajustado a las circunstancias.
D.- Consideremos por un momento cuanto le paga el Estado a un docente por horas-cátedras (45 minutos reloj), o el trabajo de un albañil, y se verá que cualquiera gana más por cada hora que el policía de adicional. Lo cual torna irrisorio el precio que abona cualquier particular, empresa privada o pública por este servicio, que de por si es riesgoso.
E.- Por otra parte, así como una empresa privada de seguridad y vigilancia, realiza un estudio de factibilidad y operacionalidad del servicio a realizar, trátese de lugar, persona, transporte, bienes, etc., y recomienda cantidad de hombres, armas y equipos técnicos necesarios, la policía también debe indicar y aconsejar estos criterios. El que contrata deberá aceptar o rechazar el servicio, pero la Policía deberá indicar lo más conveniente, en cada caso.
F.- En el supuesto caso que un solicitante necesite equipamiento especial, sea un móvil policial, un montado, o un can, además del personal efectivo a cargo de los mismos, debería poder hacerlo y para ello establecer otros montos para tal servicio.
G.- Por último, cada solicitud de servicio de Policía Adicional, debe ser arancelada y pagar un valor "x" según el servicio requerido. Así podría formarse un fondo para equipamientos de la Oficina de Policía Adicional (este requiere chalecos antibalas; vehículos para transportar el personal; armamentos especiales; linternas y/o reflectores especiales; combustibles; insumos para oficina, etc.).

H.- Pero lo más importante de todo esto, podría ser, que los montos que cada personal perciba por este Servicio de Policía Adicional, sea incorporado dentro del haber mensual como una asignación o adicional especial y que el mismo sufra los descuentos jubilatorios correspondientes, de manera tal, que le sirva también para mejorar su haber de Retiro, cuando se acoja a este beneficio.
Por último deseo expresar una opinión personal, de acuerdo al buceo que realicé en la web, he podido constatar que los únicos países que cuentan con este sistema de "ayuda" al salario del policía, es el de Colombia y el de Perú. En ambos casos se debe, al escaso salario o haber mensual que perciben el personal de trabajadores de la seguridad, que ni siquiera cuentan con normativas claras al respecto, por lo que se convierten en trabajadores de la seguridad privada (en oportunidad de este servicio), con pagos muy bajos e indignos. Sin embargo, debido a los bajos haberes que perciben de la administración pública, se ven forzados a realizar este tipo de actividad para paliar sus necesidades familiares básicas. 

viernes, 14 de noviembre de 2014

ES LA HORA DEL CAMBIO

COLEGAS, ES LA HORA DEL CAMBIO
Este escrito está dirigido a todos los colegas que han pasado gran parte de sus vidas dedicados a la difícil tarea de brindar seguridad y prevención, desde los distintos puestos, grados y destinos que les ha tocado trabajar, o mejor dicho les han designado la Conducción Superior de la Institución Policial. Es para que no se olviden que esta vocación de ser policía, les han privado de tantos momentos de estar con la familia, amigos y seres queridos (cumpleaños, fiestas de fin de año, navidad, casamientos, inicio y finalización de clases de hijos, día de la madre, etc., etc.), y que seguramente lo han asumido con naturalidad, en virtud de los elevados principios y altos intereses de la Patria pequeña que es nuestra provincia. Solo aquellos que ya estamos del otro lado de la actividad policial (Retirados) sabemos de tamaña hazaña. Por eso, tal vez, siempre se ha dicho que no es fácil ser Policía, no tanto por los peligros que entraña el servicio, de tener que enfrentar en muchas ocasiones situaciones en las que se ha puesto en juego la propia vida, y otro tanto tener que contener y comprender a una víctima de hechos criminales, de aquello que realmente son tan infame, que a nosotros mismos nos costó creer y asumir, dejando que la justicia actúe.
Pero mi intención no es dar ninguna cátedra de las dificultades que hemos pasado en nuestra vida activa, ya que cada quien sabe los penoso que fue cada situación que le ha tocado vivir, lo que quiero expresar es una idea y poner a la discusión de todos los que pudieran leer este mensaje. A pesar de todas estas vicisitudes, en nuestras vidas, como servidores públicos hoy estamos ante una situación que me parece de una enorme inequidad. Injusto por donde se lo mire, pues no puede ser que luego de haber brindado en cuerpo y alma nuestro servicio, la provincia a través de varios gobernadores, en estos últimos 15 o 17 años aproximadamente nos hayan ninguneado quitándonos lo único que nos otorgaba dignidad, tanto en el servicio activo como en el de pasivo actual. Creo que todos los camaradas coincidirán plenamente en esto.
Hemos sido continuamente engañados en el único reconocimiento más importante que posee cualquier trabajador, en estos últimos años nos han venido pagando sin tener en consideración un gran logro que es el pago por puntos (Decreto Nº1803/88). Tanto es así que en los años 2005, -06, -07 y -08 se han presentado, por parte de muchos colegas, reclamos masivos por diferencias de haberes, debido al incumplimiento reiterativo de los poderes ejecutivos hacia nuestra ley que data del año 1989, lo que fue reconocido incluso en algunos casos planteados jurídicamente por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes. En otros términos nos han ninguneado en todo momento, aprovechándose de nuestra situación particular, el de no poder hacer reclamos colectivos en el espacio público debido a que nunca nos han reconocido nuestros derechos de defensa colectiva de nuestra labor; y hasta ahora no se nos reconoce el derecho de contar con un gremio o sindicato, como lo tienen otras policías del mundo. De contar con ello, sería mucho más fácil para todos los servidores públicos pues contaríamos con un interlocutor válido que podría sentarse en las mesas de las paritarias para reclamar y exigir nuestro derecho, cosa que hasta hoy no es posible.
Hoy el gobierno provincial como nacional sigue apelando al disciplinamiento de los hombres trabajadores de la seguridad, incluso a los que ya estamos retirados, dado que hemos sido rebajados a un nivel de incapacidad total para protestar o reclamar por nuestros derechos. Antes nos decían que la Conducción Superior era quien velaba por nuestro bienestar y que ellos sabiamente conocían las necesidades de los hombres policía. Ahora, ya retirados, seguimos en esa inercia de las que nos han impregnados durante los 25, 30 o más años de servicios, incluso escuchamos por ahí que ciertos camaradas que cumplen tareas en determinados órganos institucionales y asociaciones civiles (círculos de Oficiales, de Suboficiales, asociaciones, mutuales, etc.) reciben indicaciones para que “tranquilice la tropa”, les dicen.
La verdad es que ni siquiera necesitan apelar a esos ilustres camaradas que ocupan ciertos lugares preeminentes dentro de tales organismos, para calmar a la tropa, dado que ya hemos sido tan acostumbrados a esperar, obedecer, y agachar la cabeza, que difícilmente nos podamos organizar para si quiera exigir el más mínimo derecho a un salario digno. Esto es válido tanto para el que está activo como para los que ya hemos pasado a pasividad. Salvo que ocurra un hecho inesperado, extraño, fuera de toda lógica, que nos despierte de este larguísimo letargo a la que hemos sido sumidos desde el momento mismo de nuestro ingreso a la fuerza policial.
Cómo es posible que sigamos tolerando este manoseo, tanto dentro como fuera de la propia institución, seguramente se preguntarán algunos pero dentro de su propias conciencias, y los más audaces lo harán en dialogo con los más allegados, pero jamás osarán convocar o llamar a una reunión para proponer una medida activa por las vías de hecho, dado que esto último es visto por el mismo sujeto “sujetado” como lo dice el sociólogo Foucault, un hecho imposible de llevar a cabo. Esto es pensado pero no se puede cumplir, es decir no puede traducirse en la realidad, en razón de que no está permitido bajo ningún punto de vista discutir o contender con la Autoridad, incluso aunque se tenga razón, ya que la razón siempre es del jefe; así hemos sido enseñados y así operamos durante toda nuestra carrera, por lo que hoy retirados, después de tantos años de adormecimiento (aborregamiento diría yo) y de letargo difícil sería sacudirse de este estado de conciencia. Solo así se explica que no podamos organizarnos y reclamar legítimamente nuestro derecho a un salario digno.
Eso me hace recordar el cuento del hombre que compró un circo con todos los animales amaestrados y la continuidad del personal. Al día siguiente de esa operación estaba controlando los animales que había comprado y se encontró con el elefante que estaba atado con una pequeña cadena en una pequeña estaca de la pata trasera derecha. Inmediatamente llamó al domador y entrenador y le preguntó cómo era posible que a un animal tan grande y fuerte pudiera estar atado con esa insignificante cadena y estaca. A lo que le contestó el entrenador que no se preocupe que el elefante no se escapara, ya que desde muy pequeño estaba atado con esa estaca y cadena; ha sufrido y se ha lastimado tanto de pequeño, que hoy ni siquiera intentará escapar. Estamos igual que ese elefante, sin capacidad de reflexionar y pensar diferente a pesar de los años. El dolor nos ha hecho incapaz de ver siquiera el nuevo estado en que nos encontramos. Es por ello que creamos justificaciones y circunvalaciones mentales sin sentido, que son válidos para nosotros pero incomprensibles para los demás.
Señores camaradas, es hora de que despertemos, de que veamos la realidad tal cual es, que sepamos exactamente el estado en que nos encontramos, basta de estar dormidos, aletargados, debemos hacer el esfuerzo de cambiar nuestra visión, de luchar interiormente para ver la verdad solo así podremos tener un visión distinta de la realidad, y después podremos defender nuestros derechos a vivir con dignidad y libertad. Como dijo Michael Foucault, la libertad no se nos es dado sino que se conquista todos los días y a cada instante.
Nada va a cambiar si estamos esperando, ya no es tiempo en que podemos recibir el mana del cielo, tenemos que actuar y generar los cambios por nosotros mismos, nada podemos perder y tenemos todo por ganar, la ley está de nuestro lado, siempre que actuemos dentro del marco del derecho, pues como siempre digo no hay ninguna ley que prohíba exigir el derecho de uno o de todos, pongámonos en acción ya.

lunes, 18 de agosto de 2014

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA



INSTITUTO DE CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGIA: RESEÑA HISTÓTICA:

En el año 1974, la Universidad Nacional del Nordeste crea el Instituto de Criminalística Técnica, por Resolución Nº 530/74, mediante la cual se aprueba, además, su primer Estatuto, siendo su fundador y primer director el Profesor Dr. Kornel Zoltan Mehész.

Por Resolución Nº 617/76, se establece que la denominación correspondiente al título de grado es de Licenciado en Criminalística, mientras que los títulos intermedios referían a Documentólogo Público Nacional, Accidentólogo Público Nacional y Balístico Público Nacional, debiendo optarse por alguno de ellos.

La evolución que fue experimentando la carrera, debido a la notoriedad alcanzada, generó la modificación tanto en la enunciación del título de grado, el que a partir de la Resolución Nº 2118/87, correspondió al de licenciado en Criminalística y Criminología, ampliando el campo de acción de los egresados. Asimismo, la carrera adquirió la denominación de Licenciatura en Criminalística y Criminología. Los títulos intermedios establecidos por la citada resolución, correspondían al de Perito Accidentólogo por un lado, y al de Perito Documentólogo por otro.

Una nueva propuesta de cambio curricular y de formulación de las Incumbencias profesionales es aprobada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste por Resolución Nº 1286/91. Estableciéndose como título intermedio el de Accidentólogo/ Documentólogo y el título de grado de Licenciado en Criminalística y Criminología. Con posterioridad, el proyecto es enviado al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación que lo aprobó por Decreto Nº 2826 del 2 de noviembre de 1994. De este modo, el Ministerio establece, por primera vez, las Incumbencias Profesionales de esta carrera que abarcan el campo de la Criminalística y la Criminología.

En el año 2001 se modificó el Plan de Estudios, a través de la Resolución N° 703/01 del Consejo Superior, adecuándolo a las exigencias del cambio curricular iniciado por la Universidad Nacional del Nordeste, en 1995. Así, a partir del año 2002, se da inicio al dictado de la Licenciatura en Criminalística y la carrera pasa a tener una duración de cuatro años.

La trascendencia que ha logrado la institución en estos últimos años se encuentra ligada a la contribución desde el ámbito científico académico, en temáticas inherentes a la criminalística, valiéndole a docentes e investigadores de esta casa de Altos estudios, premios de nivel nacional e internacional, entre los cuales podemos mencionar el Premio Lettera al mejor trabajo de Investigación en Documentología – Otorgado por la Asociación Internacional de Documentoscopía – Barcelona – España – en Octubre de 2004 - Título del Trabajo “Técnica de disgregación del papel, para su observación al Microscopio Electrónico de Barrido”; y la distinción Hombres que Hacen – Otorgada por la Fundación Convivencia por la actuación Científica y Profesional en la Región- Argentina- Corrientes junio de 2006.

En el año 2013, por Resolución N° 728/13 del Consejo Superior, ha sido aprobada la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana, la que será ofertada a partir del año 2014.

LEY PROVINCIAL Nº 6.208 DE EJERCICIO PROFESIONAL DE CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA

LEY PROVINCIAL Nº 6.208

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE  LA  PROVINCIA DE   CORRIENTES,  SANCIONAN  CON  FUERZA  DE
L      E      Y


DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN CRIMINALISTICA
Y  CRIMINOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

PRINCIPIOS GENERALES
TÍTULO I

DEL EJERCICIO PROFESIONAL
PARTE GENERAL

ARTÍCULO 1º.- El ejercicio de la profesión en Criminalística y Criminología en todo el territorio de la provincia de Corrientes, queda sujeto a lo que prescribe la presente ley, su reglamentación y el estatuto que en consecuencia se dicte.
ARTÍCULO 2º.- La habilitación en el ejercicio de dicha profesión, su contralor y el gobierno de la matrícula respectiva, se practicará por medio del Colegio Público de Profesionales en Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Provincia de Corrientes, que deberá ser notificada al Superior Tribunal de Justicia.
ARTÍCULO 3º.- Podrán ejercer la profesión, en las especialidades a las que se refiere el artículo 5º, quienes reúnan los siguientes requisitos:
a)  poseer título nacional de documentólgo, accidentólogo, balístico, dactilóscopo, licenciado en criminalística, licenciado en criminología y/o licenciado en criminalística y criminología, otorgado por universidad nacional, pública o privada habilitada por el Estado;
b)  poseer titulo otorgado por universidades extranjeras, debidamente revalidadas por instituciones nacionales competentes, conforme a la legislación vigente;
c)  poseer plena capacidad civil, sin inhabilitación judicial o administrativa para el ejercicio de la profesión.

TÍTULO II
CAPÍTULO 1
DE LOS PROFESIONALES

ARTÍCULO 4º.- El profesional podrá ejercer su actividad individualmente o integrando grupos interdisciplinarios, en su actividad privada o en instituciones públicas.
En todos los casos, podrá hacerlo a requerimiento de especialistas de otras disciplinas afines o bien de personas que soliciten su asistencia profesional.
ARTÍCULO 5º.- Los profesionales cuya actividad está regida por la presente ley, tienen las siguientes especialidades:

A- DOCUMENTÓLOGO:
a)  realización de pericias judiciales y extrajudiciales para la determinación de la autenticidad o falsedad de documentos, textos y firmas;
b)  realización de pericias y exámenes para la identificación de autorías gráficas, elementos escritores, sistemas de impresión y soporte de todo tipo;
c)   realización de pericias mecanográficas: identificación de máquinas de escribir, determinación de pasos mecánicos y agregados a destiempos;
d)   realización de pericias para la determinación de antigüedad de textos: estudio del soporte y elementos utilizados;
e)  determinación de falsificación y/o adulteración de sellos y timbres postales;
f)   realización de pericias para la determinación de falsificación de papel moneda;
g)  realización de pericias de lacres y precintos;
h)  asesoramientos a organismos públicos o privados relativos a los incisos anteriores;
i)   investigación y desarrollo de temas legales y técnicos científicos en documentología;
j)   capacitación de recursos humanos en el área de documentología;

B- ACCIDENTÓLOGO:
a)  realización de pericias en accidentes de tránsitos de vehículos terrestres;
b)  evaluación de daños y tasaciones;
c)  asesoramientos sobre estructuras de seguridad en el tránsito;
d)  asesoramiento sobre seguridad en el tránsito;
e)  proyección de planes de educación vial y su enseñanza;
f)   proyección de señalizaciones para el tránsito urbano y rural;
g)  identificación de automotores y rodados en general, revenidos en metales cristales y otros sistemas aplicables;
h)  asesoramiento en general a organismos públicos y privados sobre accidentología;
i)   desarrollo de temas científicos y legales sobre accidentología;
j)   capacitación de recursos humanos en el área de accidentología y seguridad vial.
C- BALÍSTICO:
a)  identificación de armas de fuego a través de proyectiles disparados y vainas servidas;
b)  determinación de distancias de disparos y trayectorias;
c)  prueba de la parafina o "dermo-test" y otros atinentes al respecto;
d)  aptitud para el tiro de armas y del tirador;
e)  aplicación de la ley nacional Nº 20.429 sobre armas y explosivos, sus modificatorias y decretos reglamentarios;
f)   pericias relativas a hechos producidos por armas, proyectiles y dispositivos de expulsión no térmica, no convencional de proyectiles;
g)  pericias relativas a hechos producidos por armas blancas y atípicas;
h)  asesoramientos a organismos públicos y privados sobre problemas relacionados con la balística y uso de armas de fuego, de uso civil y de guerra;
i)   capacitación de recursos humanos en el área de la balística.

D- DACTILÓSCOPO:
a)  identificación y filiación humana por medio de los sistemas vinculados a la papiloscopía, poroscopía y sus ramas;
b)  realización de pericias relativas a identificación de huellas y rastros;
c)  proyección de sistemas de archivos y métodos de clasificación;
d)  capacitación de recursos humanos en el área de la papiloscopía, poroscopía y sus ramas.

E- LICENCIADOS EN CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGÍA:
a)  incumbencias establecidas para documentólogos, accidentó-
gos,  balísticos y dactilóscopos;
b) investigación general sobre hechos reputados como delitos;
c) realización de pericias técnico -forense;
d) estudios del régimen penitenciario, desde su perspectiva criminógena en el medio;
e) elaboración de acciones destinadas al estudio y rehabilitación de individuos y grupos con conductas disvaliosas, reprobables o socialmente desviadas;
f) elaboración y seguimiento de planes y programas destinados a la prevención de fenómenos delictivos, rehabilitación de individuos y seguridad individual o colectiva;
g) delincuencia juvenil, fenómeno de la drogadicción, su etiología;
h) análisis y estudio de las causas criminógenas en el medio;
i) asesoramiento sobre política criminal en relación a la criminalística y criminología;
j) asesoramiento sobre conducción y planificación de las diversas áreas criminológicas;
k) asesoramiento a individuos e instituciones en temas vinculados a la problemática criminológica y a los diferentes medios de prevención y seguridad individual o colectiva;
l) desarrollo de temas técnicos - científicos legales sobre la disciplinas que integran a la criminalística y la criminología,
m) capacitación de recursos humanos en el área de la criminalística y criminología.

F- LICENCIADOS EN CRIMINALISTICA:
a)  incumbencias establecidas en los ítems a, b y c - punto E del presente artículo;
b)  asesoramiento a individuos e instituciones en temáticas vinculadas a la criminalística;
c)  asesoramiento sobre política criminal en relación a la criminalística;
d)  capacitación de recursos humanos en el área de la criminalística;
e)  capacitación de recursos humanos para participar en el área de delitos ecológicos.
         
G- LICENCIADOS EN CRIMINOLOGÍA:
a)  incumbencias establecidas desde los ítems d al h, j y k - punto E, del presente artículo;
b)  asesoramiento sobre política criminal en relación a la  criminología;
c)  desarrollo de temas técnicos - científicos legales sobre la disciplinas que integran a la criminalística y la criminología;
d)  capacitación de recursos humanos en el área de la criminología.

CAPÍTULO 2
DE LOS DERECHOS, FACULTADES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio de sus funciones el Profesional tiene derecho a:
a)   percibir sus honorarios y la retribución de los gastos y viáticos en que incurriere en el ejercicio de la actividad pericial;
b)   recibir un trato acorde con su condición de Auxiliar Calificado de la Justicia;
c)    exponer sus argumentos periciales en acuerdo con las reglas del arte o profesión de la especialidad del experto;
d)   ser preservado de acciones lesivas de cualquier origen, en el correcto ejercicio de su actividad pericial y por causa de ésta;
e)    poder formalizar la renuncia al cargo para el que ha sido designado, fundando ante el Tribunal las razones de la misma. Sin embargo, el abuso o reiteración en esta conducta, dará lugar a su exclusión de la lista;
f)     recurrir cualquier proceso, actuación, autos, resolución, etc. que solicite u ordene una sanción al perito, ya sea para su remoción de la causa, para la eliminación de su nombre de la lista o cualquier otra, y por tanto tales actuaciones deberán originar una vista al perito de modo de garantizar su legítima defensa.
ARTÍCULO 7º.- Los profesionales de conformidad a las prescripciones de la presente ley, están facultados para:
a)   requerir del y al Colegio, la defensa de sus derechos cuando sean desconocidos o menoscabados con motivo del ejercicio profesional;
b)   certificar las prestaciones de servicios que efectúen, así como también las conclusiones referentes a los temas llevados a su estudio;
c)    efectuar interconsultas y/o derivaciones a otros profesionales afines, cuando la naturaleza del problema así lo requiera.
ARTÍCULO 8º.- Los profesionales están obligados, sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente ley, a:
a)   aceptar el cargo y presentar el informe en tiempo, forma y debidamente rubricado, pudiendo solicitar la reconsideración o en su caso la ampliación del plazo otorgado, el cual le será concedido siempre que las razones invocadas resultaren atendibles a juicio del Tribunal. En caso contrario, el perito podrá renunciar a la labor encomendada, debiendo comunicarlo al Tribunal, sin ser ésta una causa de sanción o pérdida de los honorarios devengados hasta la fecha de su renuncia;
b)   realizar personalmente la labor pericial, sin perjuicio de contar eventualmente con la colaboración de personal a su cargo;
c)    observar las reglas de lealtad, imparcialidad y buena fe;
d)   fundar sus opiniones técnicas, redactando su informe con la mayor claridad didáctica, precisión profesional y apego a las normas jurídicas;
e)    aclarar las objeciones que se hicieren a la labor pericial y a la conducta del perito, perdiendo en caso contrario, el derecho a percibir honorarios, sin ser ésta, una causal de exclusión de la lista, salvo que tal conducta sea reiterativa;
f)     mantenerse permanentemente informado de los progresos atinentes a su disciplina, cualquiera que sea su especialidad, a los fines de realización de las mismas;
g)    guardar el más riguroso secreto sobre cualquier prescripción o acto singular profesional, salvo las excepciones que establece la ley;
h)   proteger la información obtenida, asegurando que las pruebas y resultados se utilizarán de acuerdo con las normas éticas y profesionales, para propósito de enseñanza, clasificación o información;
i)     realizar un cuidadoso manejo de las personas o documentos utilizados en la investigación;
j)     prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades competentes, en caso que su actividad profesional sea necesaria;
k)   en los anuncios o publicidad que realice el profesional, el texto deberá ser autorizado por el Colegio.
ARTÍCULO 9º.- Queda prohibido a los profesionales:
a)  revelar el secreto profesional, sin perjuicio de las excepciones establecidas por ley;
b)  aplicar en su práctica privada o pública, procedimientos que no hayan sido aprobados por los centros de investigación o científicos del país;
c)  participar de honorarios entre colegas o cualquier otro profesional, sin perjuicio del derecho de presentar honorarios en conjunto o separadamente, según corresponda.


TÍTULO III
COLEGIO PÚBLICO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS Y CRIMINOLOGÍA

CAPÍTULO 1
CREACIÓN, FINES Y MIEMBROS
ARTÍCULO 10.- Créase el Colegio Público de Profesionales en Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Provincia de Corrientes, con personería jurídica de derecho público no estatal, cuyo ámbito y jurisdicción será todo el territorio de la Provincia y tendrá su asiento en la ciudad de Corrientes, como entidad encargada de la regulación de la profesión en criminalística y criminología.
ARTÍCULO 11.- La organización y funcionamiento del Colegio Público de Profesionales en Ciencias Criminalísticas y Criminología, se rige por la presente ley, su reglamentación y por los estatutos, reglamentos internos y código de ética profesional, que en su consecuencia se dicten.
ARTÍCULO 12.- El Colegio Público de Profesionales en Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Provincia de Corrientes, tendrá como finalidad primordial, sin perjuicio de los cometidos que estatutariamente se le asignen, el de elegir a los organismos y tribunales, que en representación de los colegiados, establezca un eficaz resguardo de las actividades de criminalística y criminología, un contralor superior de disciplina y el máximo control moral y ético en su ejercicio. Propenderá asimismo al mejoramiento profesional en todos sus aspectos, fomentando el espíritu de solidaridad y recíproca consideración entre los colegas, contribuirá al estudio y solución de los problemas que en cualquier forma afecten al ejercicio profesional y estimulará las actividades de investigación científica asegurándose el control del rigor de las mismas.

CAPÍTULO 2
AUTORIDADES DEL COLEGIO
ARTÍCULO 13.- Las autoridades del Colegio Público de Profesionales en Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Provincia de Corrientes serán:
a)  Asamblea.
b)  Comisión Directiva
c)  Comisión Revisora de Cuentas.
d)  Tribunal de Ética y Disciplina.

LA ASAMBLEA
ARTÍCULO 14.- Habrá dos clases de asambleas generales: Ordinarias y Extraordinarias.- Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro  de los primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha de clausura será el 10 de diciembre de cada año y en ellas se deberá :
a)  considerar, aprobar o modificar la memoria, el balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas;
b)  elegir, cuando corresponda, a los miembros de la Comisión Directiva, de la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Ética y Disciplina;
c)  tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día;
d)  tratar los asuntos propuestos por un mínimo de dos colegiados con derecho a voto, presentados a la Comisión Directiva, dentro de los quince días de cerrado el ejercicio social;
e)  designar un (1) delegado para cada circunscripción.
ARTÍCULO 15.- Las Asambleas extraordinarias serán convocadas siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario, cuando lo solicite la Comisión Revisora de Cuentas o el diez por ciento de los colegiados con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un término de treinta días y si no se tomase en consideración la solicitud o se negare infundadamente a juicio de la Inspección General de Personas Jurídicas, serán convocadas por la misma conforme a la ley vigente.-
ARTÍCULO 16.- Las Asambleas se convocarán por medio de publicaciones en un diario o cualquier medio de comunicación local  por el término de tres días corridos y con diez días de antelación a la fecha fijada para la asamblea, pudiendo establecer además la remisión de circulares al domicilio de los colegiados, a los mismos efectos, debiendo ponerse a disposición de los colegiados la memoria, balance, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen de la Comisión Revisora de  cuentas, con igual antelación. Cuando se someta a consideración de la Asamblea reformas al estatuto o reglamento, el proyecto de las mismas deberá ponerse a disposición de los colegiados con idéntica anticipación. En las asambleas no podrán tratarse otros asuntos de los incluidos expresamente en el Orden del Día.
ARTÍCULO 17.- Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma del estatuto, sea cual fuere el número de colegiados concurrentes con derecho a voto, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mayoría absoluta de los colegiados con derecho a voto. Serán presididas por el Presidente de la entidad o en su defecto, por quien la asamblea designe por simple mayoría de votos emitidos. Quien ejerza la presidencia solo tendrá voto en caso de empate.
ARTÍCULO 18.- Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los votos emitidos salvo para el caso de reforma de estatuto, reglamento, fusión y federación que será el de dos tercios. Ningún colegiado podrá tener más de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión.
ARTÍCULO 19.- Cuando se convoque a asambleas, se confeccionará un padrón de los colegiados en condiciones de intervenir y que tengan las cuotas al día, el que será puesto a exhibición con diez días de antelación a la fecha fijada para el acto, pudiendo formularse impugnaciones hasta cinco días antes del mismo.

COMISIÓN DIRECTIVA

ARTÍCULO 20.- El Colegio Público será dirigido y administrado por una Comisión Directiva compuesta por siete miembros titulares, quienes desempeñarán los siguientes cargos : Presidente, Secretario General, Tesorero, Secretario de Administración, Secretario de Organización, Secretario de Ciencia y Técnica, Secretario de Relaciones Institucionales.-
El mandato de los mismos durará 3 años. Habrá  además tres suplentes, quienes durarán también tres años en sus funciones. La Comisión Directiva se renovará totalmente al finalizar el período  y sus miembros podrán  ser reelegidos por una (1) vez, debiendo posteriormente transcurrir un (1) periodo antes de ser electos nuevamente.
En caso de quedar vacante algún cargo de la Comisión Directiva el orden de reemplazo se regirá por el estatuto correspondiente.
ARTÍCULO  21.- La fiscalización y control de la administración contable estará a cargo de la Comisión Revisora de Cuentas, habiendo 3 (tres) titulares y 1 (un) suplente.- El mandato de los mismos será de 3 (tres) años, pudiendo ser reelegidos.-
ARTÍCULO 22.- Para integrar los órganos sociales se requiere pertenecer a la categoría de colegiado activo, con una antigüedad de 1 (un) año.-
ARTÍCULO 23.- Los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y  la Comisión Revisora de Cuentas, titulares y suplentes, serán elegidos por el voto directo de los colegiados, de acuerdo al Reglamento Electoral dictado conforme al artículo 30 inc j).
ARTÍCULO 24.- El mandato de los miembros a que se refiere el artículo anterior, podrá ser revocado en Asamblea Extraordinaria de colegiados convocada al efecto, por mal desempeño de sus funciones, por incumplimiento de sus deberes o por cualquier otra causa grave que sea perjudicial al Colegio. La resolución se adoptará por los dos tercios de los votos emitidos.
ARTÍCULO 25.- Los miembros de los órganos colegiados no podrán percibir remuneración o emolumento por tal carácter, siendo los cargos ad-honorem.
ARTÍCULO 26.- En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que ocasione la vacancia transitoria o permanente de un cargo titular, entrará a desempeñarlo el suplente que corresponda por orden de lista.
ARTÍCULO 27.- Los miembros titulares de la Comisión Directiva que falten sin justa causa, a cuatro (4) sesiones consecutivas u ocho (8) alternadas, serán dados de baja automáticamente y los cargos vacantes serán cubiertos por quien corresponda estatutariamente.
ARTÍCULO 28.- Cuando por cualquier causa, la Comisión Directiva quede reducida a menos de la mayoría necesaria para obtener el quórum legal habiéndose llamado a los suplentes a reemplazar, deberá convocar a asamblea a los efectos de su integración. En la misma forma se procederá en el supuesto de vacancia total. En este caso, corresponde a la Comisión  Revisora de Cuentas la obligación de convocar a la Asamblea precitada, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que les incumban a los miembros directivos renunciantes. En el caso, el que efectúa la convocatoria tendrá todas las facultades necesarias inherentes a la celebración de la Asamblea.  
ARTÍCULO 29.- La Comisión Directiva se reunirá dos veces cada mes, el día y hora que determine en su primera reunión anual, y además, toda vez que sea convocada por el Presidente o a pedido de la Comisión Revisora de Cuentas, o cuando lo pidan 3/4 de sus miembros; en estos últimos casos deberá celebrarse la reunión dentro de los cinco días. La citación se hará por circulares y con dos días de anticipación. Las reuniones de la Comisión Directiva, se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, requiriéndose para las resoluciones, el voto de igual mayoría de los presentes, para las reconsideraciones que requerirán el voto de las dos terceras partes, en sesión de igual o mayor número de asistentes de aquella en que se resolvió el asunto a reconsiderarse.
ARTÍCULO 30.- Son atribuciones y deberes de la Comisión Directiva:
a)  ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir con el estatuto y los reglamentos, interpretándolos en caso de duda, con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre;
b) ejecutar la administración del Colegio;
c) convocar a Asamblea;
d) resolver sobre la admisión de los nuevos colegiados;
e) dejar cesantes, amonestar, suspender o expulsar a los colegiados de acuerdo al dictamen del Tribunal de Ética;
f) nombrar empleados y todo personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social, fijarles sueldos, determinarles las obligaciones, amonestarlos, suspenderlos y despedirlos;
g) presentar a la Asamblea General Ordinaria la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos; y el dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas;
h) todos estos documentos deberán ser puestos en conocimiento de los asociados con 10 días de antelación a la convocatoria de la Asamblea Ordinaria programada;
i)  realizar los actos que especifica el art. 1881 y concordantes del Código Civil, aplicables a su carácter jurídico, con cargo de dar cuenta a la primera asamblea que se celebre, salvo los casos de adquisición y enajenación de inmuebles y constitución de gravámenes sobre éstos, en que sea necesaria la previa autorización por parte de una Asamblea;
j) dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, y el Reglamento general de elecciones de Autoridades, las que deberán ser aprobadas por la Asamblea y presentada a la Inspección General de Personas Jurídicas, a los efectos previstos por la ley vigente, para su plena vigencia. 
ARTÍCULO 31.- La Comisión Revisora de Cuentas, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
    a) examinar los libros y documentos del Colegio cada tres meses;
    b) asistir a las sesiones de la Comisión Directiva cuando lo estime conveniente, con voz y sin voto; la presencia de los mismos no será computada a los efectos del quórum;
    c)  fiscalizar la administración, comprobando frecuentemente el estado de caja y la existencia de los títulos y valores de toda especie;
    d) verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos, en especial en lo referente a los derechos de los colegiados y condiciones que le otorgue el beneficio social que tramite el Colegio;
    e)  convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión Directiva;
    f)  solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue conveniente, poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento de la Inspección general de personas Jurídicas, cuando se negare a acceder a ello la Comisión Directiva;
    g) vigilar las operaciones de liquidación del Colegio, cuidando de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social;
    h) dictaminar sobre el Inventario, Balance General y la Cuenta de Gastos y recursos presentados por la Comisión Directiva.
ARTÍCULO 32.- El Revisor de Cuentas suplente reemplazará al titular en los casos de ausencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa legal, permanente o transitoria, que impida el ejercicio de su función.


TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA
ARTÍCULO 33.- El tribunal de Ética y Disciplina se compondrá de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes elegidos del mismo modo que los miembros de la Comisión Directiva. Durarán en sus funciones tres (3) años y podrán ser reelegidos por una (1) vez, debiendo posteriormente transcurrir un (1) periodo antes de ser electos nuevamente.
Las condiciones de elegibilidad se ajustarán a lo estipulado en el artículo 23 de la presente ley.
ARTÍCULO 34.- El Estatuto determinará los requisitos para ser miembro del Tribunal de Ética y Disciplina, causales de excusación y recusación, y sus autoridades, competencia y procedimiento por el que se regirá.
ARTÍCULO 35.- Son  funciones del Tribunal de Ética y Disciplina :
a)  conocer y juzgar, de oficio, por denuncia de terceros o a requerimiento de la Comisión Directiva, de las transgresiones éticas cometidas por los colegiados en el ejercicio profesional;
b)  dictar su propio reglamento, respetando el derecho a la defensa, y someterlo a la aprobación de la Asamblea;
c)  velar por el cumplimiento del Código de Ética, por parte de los colegiados.
ARTÍCULO 36.- Las sanciones disciplinarias serán:
a)  apercibimiento privado;
b)  apercibimiento público;
c)  multa;
d)  suspensión por un término no mayor de (1) un año;
e)  cancelación de matrícula.
Las penas de suspensión y cancelación de matrículas inhabilitarán para el ejercicio profesional en el territorio de la Provincia.
La cancelación de la matrícula sólo podrá ser resuelta en los siguientes casos:
a)  cuando el colegiado haya sido condenado por delitos cometidos en el ejercicio profesional;
b)  cuando haya sido suspendido más de tres (3) veces en el ejercicio profesional en los últimos cinco años.
De las sanciones aplicadas por el Tribunal de Ética y Disciplina, sólo podrá interponerse recurso de apelación ante el Consejo Directivo, cuya decisión dejará expedita la vía contencioso-administrativa.

CAPÍTULO 3
DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 37.- El patrimonio del Colegio estará integrado por:
a)  el aporte de inscripción de la matrícula;
b)  la cuota social de los miembros;
c)  la cuota por ejercicio de la profesión;
d)  la cuota por mantención de matrícula;
e)  las multas que se apliquen;
f)   toda otra adquisición, donación, legado, subsidio, subvención o cesión a título gratuito y oneroso.

CAPÍTULO 4
DE LA MATRÍCULA

ARTÍCULO 38.- El Colegio Público de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Provincia de Corrientes, llevará el registro y el control de las matrículas a solicitud de los interesados que reúnan las condiciones exigidas en la presente ley y reglamentaciones, que podrán inscribirse por especialidad y por circunscripción.
Para acceder a la matrícula, los profesionales deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  acreditar identidad mediante el documento nacional de identidad;
b)  declarar domicilio legal en la provincia de Corrientes;
c)  poseer título nacional de documentólogo, accidentólogo, balístico, dactilóscopo, licenciado en criminalística, licenciado en criminología y/o licenciado en criminalística y criminología otorgado por universidad nacional, pública o privada habilitada por el Estado;
d)  poseer titulo otorgado por universidades extranjeras debidamente revalidadas por instituciones nacionales competentes, conforme a la legislación vigente;
e)  poseer plena capacidad civil, sin inhabilitación judicial o administrativa para el ejercicio de la profesión mediante certificación pertinente.
ARTÍCULO 39.- La inscripción de la matrícula se hará a solicitud del interesado en la sede del Colegio, que deberá cumplimentar los requisitos que la entidad solicite de acuerdo a lo establecido por la presente ley. La comisión directiva, previo dictamen del tribunal de ética, resolverá sobre la admisión o rechazo de la solicitud de inscripción. Sólo podrá denegarse la inscripción cuando el solicitante no reúna los requisitos legales o ejerza actividad que se considere contraria al decoro profesional, a juicio de dos tercios de los miembros de la comisión directiva.

CAPÍTULO 5
EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN

ARTÍCULO 40.- Constituye ejercicio ilegal de la profesión:
a)  ejercer o intentar ejercer sin estar debidamente inscripto en la matrícula y poseer la habilitación que otorga el organismo competente;
b)  el que sin tener título habilitante, evacue onerosa o gratuitamente consulta sobre cuestiones reservadas al profesional de la matricula;
c)  el que anuncie o haga anunciar actividad profesional sin publicar en forma clara e inequívoca: nombre, apellido, título profesional, número de matrícula; o bien anuncie con informaciones inexactas o ambiguas, que de algún modo tiendan a confusión sobre el profesional de que se trata, su título o su actividad;
d)  el o los integrantes de sociedades, corporaciones o entidades que usen denominaciones que permitan inferir o atribuir la idea del ejercicio de la profesión, sin tener el profesional una matrícula al efecto.

TÍTULO IV
HONORARIOS

ARTÍCULO 41.- Régimen de Aplicación: la actividad pericial se presume siempre onerosa. Hasta tanto no se sancione una ley de honorarios profesionales en criminalística y criminología, se regirá por la presente ley.
ARTÍCULO 42.- Para fijar el honorario se tendrá en cuenta:
a)           el monto de interés económico comprometido por la prueba principal, intereses y depreciación monetaria si los hubiere;
b)           la naturaleza y complejidad de las tareas realizadas;
c)           el mérito de la labor profesional, apreciado por la calidad y eficiencia;
d)           en los casos donde no pueda determinarse el monto del interés económico comprometido, se tendrá en cuenta lo establecido en los incisos b) y c);
e)           las diversas diligencias que ha tenido que realizar el perito para cumplir con su cometido, presentación de escritos, notificaciones, etc.
ARTÍCULO 43.- En toda clase de juicios contenciosos se aplicará la siguiente escala: cuando el monto en disputa es inferior a cinco (5) sueldos mínimos vital y móvil, será el 10% de dicho monto; cuando el monto en disputa sea entre seis (6) y veinticinco (25) sueldos mínimos vital y móvil, será el 8% de dicho monto; cuando el monto en disputa sea entre veintiséis (26) y cincuenta (50) sueldos mínimos vital y móvil, será el 6% de dicho monto; cuando el monto en disputa sea superior a cincuenta y un (51) sueldos mínimos vital y móvil, será el 5% de dicho monto; el honorario que se establezca sobre las bases precedentes, regirá si media intervención de un solo perito criminalístico; cuando sean mas de uno los intervinientes en un determinado tipo de pericia, los que conjunta o separadamente suscriban el informe, se dividirá el monto en partes iguales entre todos los peritos intervinientes cualquiera sea su número; cuando luego de aceptado el cargo la parte peticionante desistiera de la pericia, o no depositare el monto de anticipo de gastos fijados por el juez, a petición del perito, el juez regulará los honorarios del mismo, que no podrán ser inferiores al veinticinco (25%) por ciento de un sueldo mínimo vital y móvil.
ARTÍCULO 44.- Los honorarios se regularán de acuerdo a las constancias del expediente.
La resolución se notificará personalmente o por cédula y será apelable en relación, debiéndose formar, en dicho caso, el incidente respectivo.
El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los tres (3) días de notificado, debiendo fundarse en el acto de la interposición.
Los peritos designados de oficio, empleados a sueldo de la administración pública bajo cualquiera de sus formas remunerativas, no podrán demandar en ningún caso sus honorarios contra el erario provincial.
ARTÍCULO 45.- Si una de las partes se hubiese opuesto a la prueba pericial, sólo estará obligada al pago, cuando resultare condenada en costas, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas vigentes de esta provincia sobre la materia.
ARTÍCULO 46.- Honorario complementario: si al momento de practicarse la regulación, no estuviesen determinados aún los intereses y depreciación monetaria, el perito tendrá derecho a una regulación complementaria cuando los citados rubros queden establecidos. Para la misma se utilizará la misma escala de regulación pero aplicado a sus intereses y depreciación monetaria.
ARTÍCULO 47.- Otras jurisdicciones: para el caso de las tareas judiciales requeridas por exhortos de tribunales de otras jurisdicciones, el juez exhortado deberá practicar regulación de honorarios correspondientes, pudiendo el profesional exigir el pago o la constitución de garantías suficientes, antes de remitir los autos al tribunal de origen.
ARTÍCULO 48.- Pericia no realizada: cuando el perito designado haya aceptado el cargo y el Trabajo Pericial no se haya efectuado por causas ajenas al profesional, el honorario mínimo será del 30% de los honorarios, calculados en base a la pericia a realizar.
ARTÍCULO 49.- Trabajos parciales: cuando el Perito designado, además de haber aceptado el cargo, haya realizado diligencias o tareas referidas a su trabajo, sin haber concluido su informe por causas ajenas a su voluntad, o por desistimiento o acuerdo de las partes, el 30% citado en el artículo precedente se verá incrementado en la proporción del trabajo realizado.
ARTÍCULO 50.- Momento y cargo de la regulación: el honorario devengado por la función pericial, será regulado por el tribunal: a) al momento de dictar sentencia, sin necesidad de solicitud del perito; b) a pedido del interesado, habiendo concluido la labor pericial, o habiéndose extinguido el encargo por razones ajenas al perito o c) cuando la causa permaneciere inactiva por períodos superiores a los establecidos para la caducidad de instancia sin necesidad de su previo decreto. En dicho caso, se tomará como base de cálculo de la regulación, el monto de la demanda. Los montos regulados a los peritos en concepto de honorarios o de honorarios complementarios, devengarán intereses desde la fecha de su regulación hasta su efectivo pago, de la misma forma que lo prescripto para los profesionales del derecho.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, CONFORMACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS CRIMINALISTAS Y CRIMINOLOGÍA – INSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 51.- Dentro de los noventa días (90) de vigencia de la presente ley, el círculo de expertos en criminalística y criminología de la provincia de Corrientes procederá a la inscripción de todos los profesionales cuyo ejercicio profesional pasa a ser regulado por esta ley.
El plazo de inscripción no podrá ser inferior a noventa (90) días desde la fecha de la correspondiente convocatoria. Todas las matrículas que hubieran sido  otorgadas por el Superior Tribunal de Justicia con anterioridad a la presente ley serán válidas y tendrán su oportuna adecuación a ella.
ARTÍCULO 52.- Finalizado el plazo establecido en el artículo anterior, el Círculo de expertos en criminalística y criminología de la provincia de Corrientes, confeccionará un padrón con todos los profesionales inscriptos y llamará a una asamblea y elección de las autoridades del colegio público creado por la presente ley.
Para la primera elección de autoridades del colegio no será exigible la antigüedad requerida en el artículo 22.
El llamado a elecciones debe efectuarse con una antelación de treinta (30) días de la fecha que se fije para ese fin.
ARTÍCULO 53.- Dentro de los quince días de realizadas las elecciones tomarán posesión del cargo las nuevas autoridades del Colegio.
ARTÍCULO 54.- Derógase toda otra ley o disposición que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 55.- Comuníquese, cumplido, archívese.-
                         DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Corrientes, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil trece.



          Dr. Pedro Gerardo Cassani                                                                        Dr. Néstor Pedro Braillard Poccard
                         Presidente                                                                                                        Presidente
            H. Cámara de Diputados                                                                                 H. Cámara de Senadores 





               Dra. Evelyn  Karsten                                                                                                Dra. María Araceli Carmona
                      Secretaria                                                                                                                            Secretaria
           H. Cámara de Diputados                                                                                                      H. Cámara de Senado



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