POLICÍA DE CORRIENTES UNA APROXIMACIÓN A LA POLICÍA COMUNITARIA

POLICÍA DE CTES. UNA APROXIMACIÓN A LA POLICÍA COMUNITARIA
Las investigaciones y experiencias realizadas por especialistas criminólogos, sociólogos, politólogos, y trabajos de psicólogos y asistentes sociales, como así también de disciplinas relacionadas con las ciencias políticas, han llevado a considerar que hoy es imperativo aproximarse al nuevo paradigma de la función policial, ya que se trata de la institución estatal que más comprometida se encuentra lidiando con los problemas y conflictos sociales, que generan la inseguridad o temor de ser víctima de un hecho ilícito. El conflicto social es, como se sabe, de orden multicausal, pero la comunidad siempre pone su mirada sobre la Policía, como parte indisoluble del Estado, a los que consideran que son ellos (los policías) los que deben hacer algo para buscar soluciones a estos fenómenos delictivos que se están generando en forma continua (cada vez más complejos y organizados) con mayor énfasis dentro de las comunidades urbanas.
Por todo esto debemos, cuanto antes, aunar los esfuerzos, para que la comunidad toda, en razón de que nos afecta a todos, trabajemos en la búsqueda del bienestar general, de tal suerte que podamos de nuevo sentir cierto grado de seguridad cuando dejamos nuestras casas, salimos a la calle, mandamos a nuestros hijos a la escuela, al club, a la iglesia, transitar sin sobresaltos en horas de la noche nuestras calles, asistir a una fiesta bailable, etc.
Creemos que ya se han dado algunos pasos importantes en la temática, tanto hacia el exterior como hacia el interior de la Institución Policial, especialmente en lo que se refiere a algunas reglamentaciones internas (Ley Orgánica Nº33/01) en la que no obstante referirse a la “relación y participación comunitaria” y también cuando expresa entre algunas funciones de “coordinar con las organizaciones municipales, dependencias de ellas, entidades intermedias, centros vecinales o comisiones vecinales, las necesidades sobre los servicios de seguridad Ciudadana”. Asimismo, podemos citar la existencia, de un organismo institucional que figura como Departamento Coordinación Comunitaria dentro de la Dirección de Planeamiento y Operaciones Policiales de la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito.
Es decir que las posibilidades ya están de alguna manera abiertas, y que a través de las mismas pueden ser viabilizadas no solo las demandas en materia de seguridad de la ciudadanía sino las acciones que deben planificarse o diseñarse para establecer desde la Institución Policial un mejoramiento de la relación Policía/Comunidad. Pero ello no debe llevarnos a confundir, el hecho de que estén plasmadas reglamentariamente, atribuciones y obligaciones, y la existencia de una estructura orgánica, no necesariamente implica que se esté realizando las actividades relativas a las mismas. Considerar que por el simple hecho de que una declaración expresa, a través de un reglamento, sin que se haya establecido una capacitación previa, una concientización de los nuevos paradigmas que deben modelar al nuevo policía para la democracia, es una idea muy simplista. La formación y capacitación profesional de los elementos que integran dicha dependencia, aparece como una necesidad inmediata, lo que debe ser extendido a todos los policías de la provincia, en distintas etapas obviamente; y todo ello no será suficiente, sin el componente comunitario (participación y decisión de los estamentos sociales). Se debe tener en claro por qué, para qué y con quienes se debe trabajar.
Es más, este organización dentro de la agencia de coacción estatal, conforme sus preceptos, está abierto para integrarse, participar, realizarse, en cuanto a sus acciones comunitarias, con un ente estatal de mayor nivel orgánico, que tenga atribución y facultades para convocar, articular, coordinar, y abarcar a todas aquellas instituciones que de algún modo esté trabajando en la consecución de similares objetivos. Por ejemplo, Ministerio de Bienestar Social (Desarrollo Humano), Centro de Prevención de Adicciones; Centros de Adolescentes; Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno y Justicia, etc. Es decir debe contar con legítimas atribuciones para convocar, en aras de un trabajo mancomunado, en pos de la búsqueda de mejores y mayores oportunidades de una competencia social de los ciudadanos e instituciones (privadas y estatales).
El Programa de Seguridad Ciudadana, apunta a generar inclusión y participación de todos los ciudadanos a través de actividades que tienen que ver con la búsqueda de una concertación y consenso en materia de seguridad ciudadana o urbana. La tarea va a ser ardua, lenta y progresiva, en virtud de que por primera vez el ciudadano común va a tener “canales de participación” y ser consultado respecto de qué tipo de seguridad requiere para su comunidad. De qué manera se puede sentir más seguro en su vivienda, en su barrio, en su ciudad, es decir en su vecindad. Todo va a depender de las instancias que se utilice, para el acercamiento o contacto que se van a realizar con la gente, la que estuvo hasta no hace mucho en una actitud pasiva y a quien de pronto, se le va a pedir que participe, opine, haga propuestas, etc. El Programa debe contar con instrumentos válidos para generar la confianza suficiente en el común de la gente, para que se sientan partícipes de los cambios que se pretenden impulsar desde esta instancia del Programa.
Bien, antes de seguir avanzando en el tema que nos ocupa, detengámonos momentáneamente para hacer algunas reflexiones previas. En primer lugar, antes de hablar de causas de la delincuencia, se debe tener en claro qué es delito. La respuesta, según autores del derecho penal sostiene que se refiere a las conductas o comportamientos humanos que se encuentran tipificados en la ley penal. Sin embargo, desde la óptica de los que hacemos ciencia criminológica, el delito tiene otras dimensiones, que encierra al concepto jurídico pero va más allá y se enraíza en lo social y en lo individual, es decir que se explica por condicionamientos particulares individuales y por condicionamientos del contexto social, de tal manera que se habla de “conductas desviadas”, “disfunciones sociales”, “actos antisociales”, “delito natural”, a la cual se agregan otros factores decisivos: relacionadas con la víctima y sus características.
La ciencia criminológica, al tratar de describir y explicar las causas del delito, analiza al delincuente y su entorno, con la finalidad de determinar la etiología delincuencial. En tal sentido los que profesan esta disciplina científica, investigan y estudian, para dar una respuesta satisfactoria de intervención eficaz hacia el delito, el delincuente, la víctima y el control social. De manera que hoy se considera que la criminalidad ha de ser comprendida desde diversos factores psicológicos, sociológicos y biológicos.
En las distintas etapas históricas del desarrollo y evolución de esta ciencia criminológica se ha hecho hincapié en algunos de estos factores que inciden decididamente en la producción de la conducta desviada o ilícita. Sin embargo en los últimos tiempos se pone el acento fundamentalmente en los factores sociológicos, sin dejar de lado claro está las otras dos, y las intervenciones que se propician para prevenir estas conductas apuntan obviamente a la prevención situacional o Prevención Social del Crimen, las que se centran en las condiciones materiales y sociales, pero contempla los actos delictivos como decisiones situacionalmente determinadas. Bajo esta perspectiva, la criminalidad puede evitarse alterando las: oportunidades (desalentar la oportunidad que hace al ladrón); los costes (el infractor analiza cómo evitar la acción del guardián del orden para evitar la sanción, ya sea eligiendo su víctima, o atacando por sorpresa, etc.) y beneficios económicos (televisor, celular, reproductor DVD, cartera, maletín, dinero, ropa, zapatilla, bicicleta, motocicleta, etc., etc.) que se derivan de la acción criminal.
Para lograr una intervención eficaz desde los organismos competentes del Estado, no solo debe diseñar espacios arquitectónicos que permitan un mejor control (trazados de calles y espacios peatonales, plazas, o espacios verdes, bien iluminados en horas nocturnas), también el vecindario juega un papel preponderante; éste debe involucrarse en la prevención del delito observando conductas de desconocidos rondando en horarios no habituales (a la siesta, noche o madrugada), trabajando en contacto con su policía que vigila en la zona, alertando de la presencia de sujetos de a pie, en moto o en vehículos anotando sus características, colores, patente, etc., ampliando su vigilancia y utilizando mejores medidas de seguridad (cerrando puertas y ventanas adecuadamente, colocando rejas en lo posible en dichas aberturas). Como veremos en gran parte de la Prevención Comunitaria se basa en estas propuestas.
De esta manera se pretende identificar grupos en riesgo social y desarrollar hacia ellos estrategias destinadas a impedir su conversión en delincuentes habituales. Se trata pues de poner en práctica políticas comunitarias que incentiven su dedicación a actividades laborales legítimas a través de programas de capacitación laboral, educativos, que promuevan un mayor autocontrol en la juventud, recreativos, que estimulen la convivencia pacífica entre las personas y de salud, que tienden a prevenir el consumo de alcohol y drogas, los cuales tienen una gran incidencia criminógena. Para sintetizar es necesario socializar la prevención del crimen y no criminalizar la pobreza.
Ahora bien, las agencias de coacción del Estado, en su carácter de agencia de control formal dependiente del Estado, cuya misión fundamental es la de brindar Seguridad y Orden Público, enmarcado dentro de la Seguridad Pública, por las razones apuntadas precedentemente, no cuenta con personal idóneo o capacitado, medios materiales, presupuesto suficiente, como tampoco de las herramientas legales y reglamentarias adecuadas, para afrontar con la máxima eficiencia y calidad total el problema del conflicto social (conductas antisociales e ilícitas); así y todo no se trata solo de estos impedimentos que lo atan para resolver la problemática de la seguridad ciudadana, sino porque la situación actual lo ha desbordado (institucionalmente hablando), ello va más allá de todas sus posibilidades de servicio a la comunidad, en razón de que ya vimos que el problema del crimen es un fenómeno multicausal y complejo; también la organización policial debe adecuar su organización y funcionamiento otorgándole una nueva dinámica a su tarea de prevención. Sin embargo desde su quehacer cotidiano puede colaborar decididamente para establecer mejores vínculos entre la comunidad y la propia institución, como así también generando los cambios organizacionales y de la formación que se adapten al este complejo panorama del conflicto social.

MODELO DE POLICÍA: NUEVO O TRADICIONAL

MODELO DE POLICÍA: NUEVO O TRADICIONAL
En Nuestra querida provincia se ha iniciado casi al mismo tiempo que en la Nación, los primeros pasos hacia la reforma policial, habiéndose ocupado de tal gestión el Dr. Ricardo H. Colombi en oportunidad en que ocupaba la Subsecretaria de Seguridad el Dr. Manuel Aguirre y más tarde la Lic. Cecilia Gortari, de esto no caben dudas, solo es cuestión de que echemos una mirada retrospectiva a los archivos de los medios de prensa de años atrás y veremos que efectivamente, se han empezado a gestar, si bien tímidamente, algunos cambios en las fuerzas policiales.
Así se inició, en la Agenda de la Seguridad, propiciado por la gestión del Gobernador Ricardo Colombi, y más tarde continuado por su primo, también gobernador, con el apoyo y la asistencia técnica del Estado Nacional a través de una Política Criminológica, trazada en base a los nuevos paradigmas de la seguridad. De ese modo se plasmó a nivel nacional el Plan Nacional de Prevención del Delito a instancias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, quienes emitieron sendas resoluciones para encarar activamente dicha acción, tendiente a conjurar y prevenir los diversos conflictos sociales que afectaban decididamente la sensación de inseguridad.
En el mismo sentido, la provincia de Corrientes, a través de la Legislatura, acompañando tan importante decisión, ya que afecta la vida, bienes y derechos de toda la ciudadanía, adhirió a través de la Ley Nº5472, al Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD); en tanto que para adecuarse a los cambios que se venían gestando, se dio inicio también con igual objetivo, algunos cambios en cuanto a la formación de los agentes de las fuerzas policiales y en cuanto a la organización policial, es así que se para la incorporación de los futuros suboficiales se exigía como requisito estudios de nivel secundario completo o polimodal. Se realizaron cambios en las mallas curriculares de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Cadetes en las que se incorporaron materias nuevas: antropología, derechos humanos, lucha contra incendios, sociología, entre otras, en la práctica profesionalizante se implementó pasantías antes de finalizar los cursos y para los futuros oficiales debían producir un Informe o Documento en relación a las experiencias integradoras desde dicha experiencia con las distintas materias que les fueron dictadas en cada año. Se dejó de lado la instrucción militar para ser remplazada por el de “entrenamiento policial”, como así también se derogó el régimen de internado cambiándolo por uno de externado, posibilitando una mayor socialización e interacción con su entorno o sociedad.
Por otro lado se realizó algunos intentos de generar cambios en la mentalidad del personal policial de las distintas jerarquías por medio de una serie de jornadas de debates y charlas relacionadas con las prácticas profesionales de las fuerzas policiales en las que eran participes los miembros de las provincias del NEA, organizados por el Ministerio del Interior a través de su programa PRONACAP, y conjuntamente con las provincias anfitrionas, los que se realizaban con relativa frecuencia.
Todas esa acciones y medidas implementadas tenía la finalidad de generar un nuevo modelo de policía que se caracterice por su servicio dirigidos hacia la sociedad toda sin ningún tipo de discriminación de clase, raza o minorías étnicas, etc., asentado siempre en los más profundos respetos por los derechos humanos y basados en una ética profesional de valores democráticos.
Sin embargo, todo lo realizado hasta aquí, de muy poco valor sería si se tiene en cuenta que es necesario avanzar lo más rápido posible en la modernización de las agencias de coacción del Estado, primero porque la sociedad lo merece, ya que son, los que con sus impuestos sostiene todo el sistema, y segundo, porque de no hacerlo, se sentirá cada vez más impotente e incapaz para afrontar las nuevas modalidades delictivas que exigen nuevos modos de enfrentarlas desde sus orígenes o síntomas y no desde sus efectos o consecuencias. Dicho de otro modo, rediseñar y redefinir las estructuras organizacionales-funcionales de la fuerza policial en su sistema interno y acción externa para confrontar con mayor dinamismo y efectividad los nuevos desafíos y modos en que se infringen la ley. Así mismo depurar los vicios internos estructurales que este tipo de institución fue presentando desde su origen o inicio hasta la actualidad, mediante la necesaria reforma que deben tener lugar para alcanzar el nuevo Modelo de Policía.
Actualmente la sociedad sigue reclamando que los policías carecen de la capacidad e idoneidad necesaria para resolver satisfactoriamente los conflictos sociales (delitos e incivilidades) y que además el policía tiene malos modales y por ende ante cualquier requisitoria, éste lo tratará mal y para peor no le solucionará el problema por desconocimiento del procedimiento o falta de voluntad, o en el peor de los casos por discriminación. La mayoría de los funcionarios denota una base doctrinaria precaria y endeble con escasa teoría y práctica, lo que le impide resolver situaciones ya sean simples o complejas, que surgen en su derrotero diario de la función.
Este fuerte cuestionamiento que se evidencia en toda la provincia, no es algo aleatorio dentro de las instituciones, más bien obedece a hechos puntuales como ser el exceso de burocratización, ineficacia y escasa profesionalidad que la sociedad percibe tanto en lo referente a la prevención como a la investigación de hechos criminales y su represión.
Todas estas falencias denotan la necesidad de avanzar y producir urgentes cambios en el Sistema o Modelo Policial Tradicional, para mejorar la capacidad de prevenir y conjurar el crimen. También es urgente la necesidad de promover acciones para mejorar la relación entre la policía y la comunidad. Es posible percibir, lo vemos a través de publicaciones on line y prensa escrita la existencia de algunas acciones e iniciativas de reforma policial en el terreno internacional como así también en el nacional (algunas provincias) que han iniciado con gran esfuerzo y dificultades de índole interno y externo; si bien con resultados aún inciertos por carecer todavía de evaluaciones objetivas sobre tales procesos en particular.
La formación y capacitación del personal es esencial para mejorar desde ese lugar clave a cualquier organización, juntamente con una política de concientización para el cambio, así como la provisión y equipamiento tecnológico, disponible en el mercado, y de los insumos e instrumental de los gabinetes de criminalística de última generación constituyen áreas en la que decisión política y medios económicos mediante, se puede avanzar en forma rápida con las posibilidades de obtener resultados a corto plazo.
Algunos puntos relevantes a considerar:
1) Abandonar las prácticas reactivas.
2) Adoptar técnicas de policía comunitaria.
3) Incrementar los sueldos y salarios de los policías como modo de combatir la corrupción.
4) Ajustar los requerimientos para el reclutamiento incluyendo perfiles psicológicos para eliminar potenciales policías violentos.
5) Crear un organismo de control, externo a la institución policial.
6) Incrementar el equipamiento tecnológico mediante la provisión de nuevos laboratorios, modernos sistemas de comunicación e informática.
7) Registro y Auditoría permanente de las respuestas policial del sistema de emergencia 911.
Desde donde se promoverá la tan ansiada reforma policial?
Es obvio que tiene se ser desde el poder político, ya que es imposible que los dirigentes de las cúpulas policiales lo hagan ya que ellos han sido adiestrados durante más de 25 o 30 años en esa forma de estructuración del mando, de organización de la seguridad, de prácticas y carreras profesionales, a menos que tales mandos tenga una visión muy amplia de la realidad.
Nuestro Gobernador electo, está, nuevamente ante un momento de inflexión histórica de la provincia de Corrientes, y de la Institución Policial, sabemos que lo acompañan un equipo técnico que está en condiciones de gestionar y articular los cambios y reformas que hacen falta, no desaproveche esta oportunidad, el crimen no espera y la sociedad reclama cambios urgentes en la gestión de la seguridad. Primero deberá propiciar y construir con la participación de todos los actores involucrados una verdadera Política de Estado, y dentro de ella el Sistema de Seguridad Pública (definida por ley) que enmarque a todas las instituciones del Estado que requieren del compromiso con la Seguridad; así mismo crear los demás organismos que sean necesarios y reglamentarlos, entre ellas una de vital importancia, como lo será un Instituto Superior de Seguridad Pública, en cuyo seno se formarán y capacitarán todos los actores que intervienen de algún modo en las actividades y acciones o procesos que corresponde a la Seguridad Pública; sean policías, penitenciarios, y demás actores que por su particular ubicación en la función pública les compete, de algún modo, la Seguridad. Esto último, se refiere a los actores que tienen la responsabilidad de implementar y ejecutar las políticas sociales, de desarrollo, y de educación muy especialmente. Pues como ya se sabe los decisores políticos, la problemática de la Seguridad no es algo que el Estado puede delegar esta función en forma exclusiva a la institución policial, sino por el contrario desde la más alta decisión estatal debe coordinar y articular todas las políticas que tiendan a favorecer una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, desde su más temprana edad, atendiendo y solucionando pacíficamente todos los conflictos sociales, sean interpersonales, interinstitucionales o con el propio Estado.
Llevar a la práctica este tipo de políticas de Seguridad Pública, en las que se hallen involucradas tanto las instituciones tradicionales de la prevención como otras instituciones (Mtrio. de Educación, de Salud, de Trabajo, de Desarrollo o Acción Social, etc.) y el concurso de las organizaciones civiles (asociaciones, gremios, clubes, comerciantes, fundaciones, confesiones religiosas, etc.) en forma organizada y articulada en las que investigadores y científicos de cada área permita aportar su expertise, podrá mejorar sensiblemente la Política de Seguridad Pública.
A estas acciones o medidas estratégicas hoy se la denomina como Prevención Integral o Nueva Prevención, lo cual es de carácter proactiva, porque se trabaja desde el origen de los síntomas y no desde los efectos o resultados de los conflictos sociales o delitos, que tanto afecta a nuestra sociedad actual.