sábado, 10 de mayo de 2014

BULLYING EN LAS ESCUELAS

QUE HACER PARA EVITAR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS

El problema del acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar o en inglés bullying) es todo tipo de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre alumnos dentro o fuera de las escuelas, debe ser reiterada, por un largo tiempo. Esto puede concretarse dentro del establecimiento escolar (aula, patio, pasillos, etc.) como así también a través de las redes sociales (ciberacoso). La violencia dominante es de carácter emocional y el lugar en donde mas se da es en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar son niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, de los cuales el mayor porcentajes son niñas las víctimas. El acoso escolar es una forma característica llegando en determinadas circunstancia a una extrema violencia.

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por conseguir la intimidación de la víctima, lo que implica un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas; es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. Otras veces puede desencadenar emociones violentas desmedidas, en la que el acosado se apropia de armas de fuego y decide eliminar (matar) el problema que lo aflige (casos como el de Columbine -EEUU., el de Rafael o Junior en la escuela de Carmen de Patagones, al sur de Bs. As. Argentina). Éste chico de 15 años que el 28 de septiembre de 2004 mató a tres compañeros e hirió a otros cinco. Este hecho es un simil al del joven de 19 años que, harto de que sus compañeros lo llamaran “Pantriste”, disparó sobre dos de ellos y provocó la muerte de uno, el 4 de agosto de 2000, en la puerta de una Escuela de Educación Media de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, en Almirante Brown, tambien de Buenos Aires (Pagina/12. Miércoles, 29 de septiembre de 2004).

Esta problemática debería ser encarada por las autoridades estatales competentes y la participación de toda la sociedad en general para prevenir y evitar estos episodios traumáticos para muchos chicos y jóvenes adolescentes que en algunos casos salen a la luz cuando ya alconzó un altísimo grado de violencia implosiva que cuando se libera generan estos hechos tan triste y lamentables. Se deben buscar herramientas o mecanismos de prevención para no llegar a estas situaciones de conflictos dentro de la escuelas de manera tal de tener jóvenes con un adecuado proceso de crecimiento, desarrollo y madurez en todas las facetas de la personalidad.

Veamos las acciones que estan haciendo en otros paises para prevenir esta problemática social, para ello los invito a ingresar al siguiente vídeo de You Tube, en la dirección: https://www.youtube.com/watch?v=1W2De8urAQo.






    LA AUTOPSIA PSICOLÓGICA


    La Autopsia Psicológica

    La Autopsia Psicológica es entendida como “un proceso de recolección de datos que permite reconstruir el perfil psicológico de una persona y su estado mental antes del deceso por causa dudosa (suicidio, homicidio, muerte accidental o natural)” Se realiza a través de una serie de investigaciones retrospectivas, indirectas y posmortem.

     Mientras que una autopsia médica es esencialmente un examen físico de la persona fallecida, una autopsia psicológica (PA) es esencialmente un examen del estado mental de la persona fallecida.
    La idea de una autopsia psicológica es descubrir el estado psicológico de la víctima antes de la muerte, ya que los resultados pueden ser necesarios pararesolver casos criminales dudosos, suicidios, accidentes, juicios por mala praxis, o incluso reclamaciones de seguros. Cuando las circunstancias de una muerte pueden ser interpretadas de más de una forma (también llamada muerte equívoca), los psicólogos pueden ayudar a recopilar información retrospectiva sobre el comportamiento, estado psicológico, y posibles motivos, que pueden no ser constatables desde otros análisis biológicos, investigativos o médicos.

    Shneidman, a partir de los años 60, junto con Farberow, describen en detalle el procedimiento de la autopsia psicológica, que mas tarde retoman Liman, Curphey y Tabachnick (citados por Young, 1992).

    Los primeros autores en utilizar este método lo hicieron por razones básicamente médicas y legales, particularmente cuando las causas de una muerte eran dudosas o estaban mal definidas. El método fue aplicado más tarde para la prevención del suicidio, intervención en crisis, o en investigación, e identificar los sujetos "en riesgo" de cometer suicidio.

    Hay una serie de razones por las que podría ser apropiado llevar a cabo una AP, sin embargo, la más común es para ayudar a determinar la naturaleza de la muerte.

    El método consiste en la recopilación de toda la información disponible sobre los difuntos a través de entrevistas estructuradas de los miembros de la familia, parientes o amigos, así como información del personal de atención médica. Además, la información se obtiene de registros psiquiátricos y de salud, otros documentos y el examen forense. Así, una autopsia psicológica sintetiza la información de múltiples informantes y registros. La primera generación de autopsias psicológicas estableció que más del 90 % de los suicidios consumados han sufrido por lo general trastornos mentales comórbidos, la mayoría de ellos los trastornos del estado de ánimo y / o trastornos de uso de sustancias.

    Shneidman (citado por Ebert, 1991) indica que son cuatro los objetivos de este proceso:

    1. Determinar el modo o la causa de la muerte en casos equívocos.

    2. Averiguar el tiempo en el cual se produjo la muerte.

    3. Obtener la información suficiente para evaluar los datos obtenidos de diversos intentos de suicidio, con el fin de prevenir dichos intentos y la letalidad de los mismos.

    4. Terapéutico para con los amigos y familiares del occiso”.

    En el contexto de una investigación psicológica forense se emplea una autopsia psicológica (AP) como herramienta de recolección de datos. La naturaleza de la información recogida por lo general incluye la siguiente:

    - Información biográfica (edad, estado civil, ocupación…)

    - Información personal (relaciones, estilo de vida, problemas laborales, uso de alcohol / drogas, fuentes de estrés…)

    - Información secundaria (antecedentes familiares, antecedentes policiales, diarios…)

    Antes de continuar, es importante tener en cuenta que, al igual que con la mayoría de los protocolos de recogida de datos llevados a cabo dentro de un marco psicológico, existen diferentes enfoques metodológicos. Una manera útil de pensar en esto es en términos de “el fin justifica los medios”.

    El objetivo final es, en términos generales, el mismo, es decir, se espera que, en conjunto, la información obtenida, como Berman y Litman (1993) describen, sea el resultado de: 'El análisis post-predictivo, elaborarando un dictamen, ofreciendo una comprensión lógica de la relación entre el fallecido y los acontecimientos y conductas que precedieron a la muerte'.

    Los medios por los cuales se llega este fin pueden, sin embargo, variar ligeramente, por ejemplo, el enfoque clínico vs el enfoque de análisis de la muerte equívoca favorecido por el FBI.

    Un protocolo integrado ilustrativo para la investigación criminal (MAPI-CRIMINAL) podemos verlo aquí

    Laura Fátima Asensi Pérez
    Psicóloga Forense
    Profesora Criminología UA
    Co-directora PsicoJurix

    Publicado por Laura Asensi en sábado, febrero 08, 2014 del blog: Psicología Jurídica y de las Organizaciones - http://psicojurix.blogspot.com.es/2014/02/la-autopsia-psicologica.html

    miércoles, 7 de mayo de 2014

    COMO ESTÁ LA FORMACION POLICIAL

    LA FORMACIÓN DE LOS POLICÍAS

    El Gobierno Provincial y la Institución Policial, desde hace ya varios años viene incrementando el número de personal Policial en Corrientes, en base a ciertos criterios y parámetros de selección para su incorporación, hasta ahora ha sido una iniciativa de un Estado que demuestra, de esa manera, su preocupación por la seguridad de todos los correntinos. Pero veamos algunas cuestiones que la hacen de dudosa factura la formación profesional de los efectivos de la fuerza policial.

    Los planes de actividades académicas, la instrucción para convertirse en Suboficial de la Policía duraba de seis u ocho meses(hoy es de dos años) académicos, pero estos se realizan o desarrollan en lugares hasta hoy difícil de comprender, por la precariedad y la masividad, lo cual atenta con la actividad de formación e instrucción de los futuros policías. Sabemos que tal formación se divide en tres etapas fundamentales, por un lado lo académico teórico, otro los temas teórico-prácticos y una tercera exclusivamente de práctica profesionalizante. El plan de estudios que comprenden estas dos primeras etapas de formación académica, la primera es de formación general, y la segunda de formación especializada y la tercera o última etapa, es de carácter práctica técnico-profesional que realizan los alumnos en las comisarías y unidades especiales.

    Para el caso de los Oficiales de Policías, es decir los que son graduados de institutos superiores, la preparación dura cuatro años, llevados a cabo mediante una planificación similar pero de mayor profundidad en los estudios teóricos académicos así como los teóricos prácticos que abarcan tareas especiales de seguridad. Ésta, planificación se estructura en tres dimensiones del conocimiento: las materias Jurídicas, las materias policiales y las materias humanísticas. Finalizando con prácticas profesionalizante que lo realiza el futuro oficial de policía en distintas unidades policiales a cargo de un instructor.

    En este tiempo, el potencial efectivo policial asiste a los cursos de procedimientos operativos policiales, legislación policial, armamento y tiro, criminalística, técnicas y procedimientos policiales, técnicas de arresto, registro de personas y detención, artes marciales, relaciones humanas (policía-comunidad), relaciones policiales y protocolo social, derecho penal, etc. Además de los cursos propios de cultura general, entre otros. Al finalizar los cuatro años de formación, instrucción y preparación, el alumno egresa como Oficial Subayudante de la Policía de Corrientes con el título de Técnico en Seguridad Pública y Ciudadana, y en condiciones de cumplir su tarea (seguridad) en cualquiera de los destinos que le asigne el Comando Superior; al igual que el Suboficial de Policía con el grado de Cabo de Policía, con los conocimientos básicos de calle, es decir en condiciones de afrontar los conflictos comunes de la vida cotidiana en la vía pública.

    Sin embargo el problema es que este formato normal que se viene aplicando, están seriamente dificultadas por una serie de falencias organizacionales, de infraestructura y económicas que configuran serias deficiencias para la formación actual de la Policía de Corrientes. Las Promociones de Policías que vienen egresando de los Centros de Formación de policías (Escuela de Cadetes -Instituto Superior de Formación Policial, Escuela de Suboficiales y Escuela Superior) cumplen escasamente con los planes programáticos, a causa de las carencias indicadas, generados muchas veces por las condiciones de inestabilidad social en que viven hoy nuestras sociedades en las que los valores de honestidad, honradez, responsabilidad, están muy devaluadas, a causa del facilismo, consumismo, edonismo, etc., que afectan por igual a las sociedades latinoamericanas. Por tanto no se cumple en su totalidad con los planes programáticos y curriculares de formación e Instrucción correspondientes.

    Si el policía no ha tenido una adecuada formación académica - policial durante el proceso de instrucción que consolide su naturaleza policial o doctrinaria, difícilmente lo va a conseguir en el servicio por cuanto al no comprender ni internalizar el significado de ser policía, ni los problemas que afectan a la comunidad, su corta estadía en los  centros de Formación y el rápido retorno a su vida pasada (de escasa disciplina y orden), lo convierten en el breve tiempo en la misma persona que fue antes de ingresar a la Institución, sintiéndose con nuevos amigos, y en el derecho y necesidad de vivir intensamente la vida, sin valorar ni siquiera la autoridad que el Estado le ha conferido; la gran responsabilidad que ahora tiene sobre sus hombros y para con los ciudadanos a quienes deberá dirigir sus servicios de seguridad.

    No es hora de repartir culpas ni buscar “chivos expiatorios”, sino por el contrario tratar de hacer una evaluación profunda de las prácticas de la formación, comenzando desde el momento mismo de los exámenes de incorporación, lo que nos lleva a pensar seriamente en un aspecto de gran incidencia en la carrera, y si que lo es. ¿Qué pasa con los exámenes de evaluación psiquiátrica y psicológica, para determinar precisamente la madurez emocional del postulante, teniendo en consideración que se van a poner armas de fuego en manos de un joven con la posibilidad de utilizarlas discrecionalmente?; Y respecto de los principios morales y éticos de la función de la seguridad pública?, será suficiente la formación o debe valorarse con otros criterios? Entre otras cosas. ¿No se requiere acaso de una rigurosa selección? Porque de seguir incorporando jóvenes que no asuman con la necesaria responsabilidad, madurez, voluntad para el trabajo, disciplinado, ordenado, con valores morales de buen ciudadano, lamentablemente seguiremos viendo a los nuevos integrantes de la Institución policial con graves carencias en su desempeño policial, ocasionando daños y perjuicios no solo a la institución, sino a la sociedad toda, a la que está obligado a servir. Como contrapartida la ciudadanía toda espera y  confía en su policía, que ejercerá su función correctamente, en beneficio de todos y sin discriminación de ninguna índole.

    Entonces esta situación, viene generando un daño de grandes proporciones en la Administración Policial lo que repercute directamente sobre la sociedad toda, puesto que se viene incrementando sus efectivos con personas que si bien es cierto son jóvenes, llenos de vitalidad, no tienen la correcta y adecuada formación policial ni mucho menos la madurez necesaria, la personalidad, capacidad ni el carácter que demanda el servicio policial desde sus primeros días. El comportamiento generalizado de estos nuevos Policías constituye serias transgresiones a las normas legales y a la ética profesional del policía,  los que demandan de sus integrantes un comportamiento honorable, digno y honrado, tanto en su vida pública como privada.

    Pareciera entonces, que los responsables de los procesos de admisión y selección en la Policía no vienen captando o incorporando a los mejores de nuestra juventud, lo que sumado a una irresponsable, precaria y deficiente formación ocasionado por las carencias de infraestructuras y equipamientos técnicos necesarios y suficientes así como el menosprecio de la labor docente de los que tienen a su cargo su educación y formación, dado que no se convocan a Concursos de Títulos y Antecedentes de Docentes, sino que lamentablemente siguió primando la "dedocracia" del mandamás en dicha institución de formación, entre otras yerbas vienen  generando como resultado, el egreso de Policías que no se encuentran en capacidad de vestir el uniforme azul, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con todas las responsabilidades que ello implica, lo cual distorsionan totalmente la seriedad y el gran compromiso que tiene nuestra Policía con la Sociedad y el Estado, a la que deben servir a través del ejercicio de la función policial, dando lugar a que se incremente la sensación de la inseguridad ciudadana y que a la larga se irán presentando problemas mucho más graves con implicaciones probablemente de más difíciles resolución para estos nuevos custodios del bienestar de la sociedad toda, del orden y la ley.

    Estos errores que se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo, generado a veces por los avatares de las condiciones sociales e institucionales (políticas internas y externas)  requieren una revisión seria de parte de los analistas de la seguridad, policias y expertos en la materia, y con mayor responsabilidad aún de los decisores políticos, de manera tal de corregir en el menor tiempo estas circunstancias adversas para la sociedad y la propia institución policial. Pero ello requiere un diálogo serio, responsable capaz de expresar con libertad los males que aqueja al sistema educativo de formación de los policías de corrientes, no guardar nada bajo la alfombra, por temor de molestar la susceptibilidad de ciertos políticos de turno. Esa es la única forma de afrontar de cara al futuro y lograr definir con acierto el tipo de policía que quiere y exige la sociedad en general, que asuman con hidalguía su defensa de los derechos, así como su vida y bienes.

    Muchas cosas podemos decir al respecto, pero si no se hace lo que hace tiempo se viene exigiendo desde los centros de formación para los futuros policías, como por ejemplo que es urgente un espacio físico adecuado (infraestructura acorde a las necesidades de la formación y no un edificio o escuela en estado ruinoso, sin la cantidad de aulas, sanitarios, instrumental didáctico, cantidad de docentes adecuado,  para el caso de los suboficiales,  no será posible la esperada capacitación para el servicio policial), por lo tanto difícilmente podamos obtener resultados positivos en la formación. A todo ello se agrega que los ingresantes no cuentan con una Beca de Estudio tal como se le es acordado a los Cadetes del Instituto Superior de Seguridad, lo que es de suma necesidad para atender gastos de bibliografias, fotocopias, apuntes y útiles escolares en general, lo que debería ser gestionado por el Comando Superior y que debería estar establecido dentro de la legislación policial, como también la provisión del uniforme, en la etapa de reclutamiento, al igual que la provisión de cartuchos para su prácticas de tiro; esto vale tanto para los Cadetes como para los Aspirantes a Cabo. Sin estos requisitos que deben ser satisfechos por la Institución Policial, es muy difícil inculcarles ideas de pertenencias a la noble institución Policial. En igual sentido se puede decir en cuanto a lo que ocurre con los docentes de los distintos niveles de formación policial, a los que no se les reconoce ningún pago por sus labores académicas, es decir a sus horas de dedicación a la enseñanza en los centros de formación, llámese escuela de Suboficiales, escuela de Oficiales o Escuela Superior, por lo que lo cual propicia falta de interés y pertenencia a las mismas.

    Por eso es hora de que dejemos de hablar de profesionalizar la policía, si no contamos con las condiciones mínimas relacionadas con algunas de estas necesidades básicas, y sin mencionar otras tantas, lo cual sería engorroso enumerar en este artículo. Todo ello se evidencia la falta de exigencia que prioritariamente se necesita inculcar en el futuro Policía para que sepa en primer lugar vestir con decoro y con honorabilidad el uniforme y los distintivos de la Policía, y sobre todo, por no haber internalizado lo que significa pertenecer a una institución policial armada como es la Policía, donde la disciplina, la madurez, la personalidad y el carácter policial, al margen de ser joven o no, es fundamental en todo sentido.

    Ser joven no es un pretexto ni una justificación para no cumplir con los preceptos y reglamentos policiales, por ejemplo cuando en su turno de vigilancia o consigna en vía pública, se ponen a enviar mensajes de textos con el celular, o peor aún con los auriculares de estos aparatos modernos en el oído, desatienden su función que es estar atento y alerta a toda acción que ocurre en la calle, como arrebatos y sustracciones de cosas ajenas; o también, en las oficinas de las dependencias, donde se sumergen en juegos electrónicos en horario de trabajo a través de internet o de aparatos diseñados al efecto; asimismo en ciertas ocasiones mostrarse públicamente, acompañando caravanas de motoqueros seguidores de grupos cumbieros, y participando de infracciones al tránsito y la sana convivencia (participando a veces de grescas, amenazas a simpatizantes de otros grupos), o también a través de algunos correos electrónicos y/o páginas de internet (Hi5, Facebook, Sónico, etc.). No es posible que olviden que estos visten uniforme, portan armas, tienen autoridad y representan una Institución cuyo prestigio ha sido ganado y mantenido a través de los años, por todos los hombres y mujeres que con honor, sacrificio, trabajo y superación la han honrado, la han cuidado y la han convertido en una Institución honorable de fundamental importancia para el desarrollo y el engrandecimiento de la provincia, por lo que no debe ser empañada por hechos y actos irresponsables de algunos novatos que no han internalizado las reglas y normas que imperan en nuestra querida institución, ni mucho menos por algunos hombres con cierta antigüedad institucional que caen en estas prácticas lamentables.

    Los ciudadanos no solo quieren ver más policías en la calle, sino que quieren a una Policía Profesional en todo los sentidos, que los atienda mejor, que brinde respuestas a sus problemas, que si no tiene posibilidad de resolver su problema por lo menos los oriente adecuadamente y que haya un trato de confianza, que a su vez, le permita a la Policía, mejorar la información que recibe, tener una mejor percepción de los problemas que hay en determinadas zonas para poder actuar mejor. Ese es el modelo de policía que la sociedad demanda y que los policías de reciente egreso y que se autodenominan "Policías Modernos" se encuentran en capacidad de brindar a la comunidad un servicio eficaz y eficiente.

    Lo cierto es que actualmente muchos integrantes (hombres y mujeres) de las promociones de Policías recién egresados, viene asumiendo una serie de actitudes que ponen en tela de juicio su idoneidad y responsabilidad para permanecer al servicio del Estado cumpliendo funciones policiales por el riesgo que ello implica. ¿De qué sirve una mayor presencia policial en las calles para “prevenir el delito” si no se encuentran capacitados, y no tienen la madurez profesional, ni tampoco tienen definidos su responsabilidad para el trabajo?, ¿Qué pueden hacer estos Policías de manera proactiva, si las infracciones o conductas que se desean evitar se produzcan en las calles para disminuir la comisión de delitos, son infringidas muchas veces por ellos mismos en su vida pública y privada y además se esmeran en hacer pública este tipo de conducta? Para peor en algunos casos son los mismos que protagonizan hechos delictivos dolosos que avergüenzan a la propia Institución Policial, cuando por los medios de comunicación trascienden ciertos hechos ilícitos en las que son cometidas por los mismos policías.

    Entre otras cosas, de qué manera podrían explicar los Psicólogos, esa morbosa complacencia de quien siendo Policía (hombres y mujeres), se toman fotos para exponer su imagen pública de Policías, pero de manera grotesca, sin mayor recato ni decencia, sin respeto por sí mismos, sin respeto a la Institución Policía, sin respeto a su familia y a la sociedad en general, involucrándose como cualquier particular en este fenómeno social del cual se encuentran contagiados; a través de internet; estos "Policías Modernos" han llegado a formar y entrelazar una verdadera red de comunicación, a través de la cual trasmiten y comentan entre ellos imágenes de todo lo malo que pueden hacer durante su proceso de formación o durante el servicio policial.

    Es hora que la Conducción Superior deje de mirar hacia un costado y asuma también con responsabilidad el momento crucial que les toca vivir y encarar con seriedad y madurez a los líderes políticos del gobierno sin que por ello deba enfrentarse o confrontar con los mismos, sino poniéndolos en situación de lo que está pasando, que los hechos que parecen aislados están todos relacionados con una multiplicidad de causas internas y externas (históricas, políticas, sociales y económicas), los que se inician con la selección, formación y posterior ejercicio de la profesión de policía sin atender también su contención institucional con una adecuada política de personal.

    Es imperativo que lo hagamos cuanto antes, pues de seguir así no podremos jamás ganar la confianza de la sociedad correntina que hace bastante tiempo reclama un mayor profesionalismo en el desempeño del servicio policial, solo así lograremos recuperar el prestigio, honor y reconocimiento que se requiere para nuestra Institución Policial.

    domingo, 30 de marzo de 2014

    LA PEQUEÑEZ DE UN LIDER

    La pequeñez de un líder
         Había una vez un pequeño Estado en donde imperaba con “manos de hierro” un líder,  o Jefe? Lo llamaban en un lenguaje decimonónico o en codificación: “Topo”. Era el gran jefe, o líder, en términos más comunes para aquellos que lo alababan o adulaban hipócritamente. Pero sin percatarse o darse cuenta de muchas  cosas fundamentales, debido a que el poder lo enceguecía o ¿tal vez ya no veía lo suficiente? Encerrado en sus convicciones y creencias, sin escuchar ni meditar seriamente a los que con verdadera sinceridad les anunciaba escenarios adversos: en caso de que; o mira que si se hace esto, puede; no es conveniente porque; tal vez sería mejor esto; etc., etc. Estos fueron expulsados de su proximidad, para acallarlos  o para no escucharlos. Ya que empezó a ver en estos, en el mundo de sus fantasías, posibles contrincantes o competencias.
          Pero toda su vida, no obstante, fue así, es decir en relación a su actitud, ya que antes de que llegara y se llenara de poder, conforme le fuera otorgado; sin comprender los suficiente que éste, una vez alcanzado, debe ser ejercido con mucha responsabilidad y/o con la sabiduría y astucia de lo que, alguna vez, lo escribiera un estudioso y observador de los príncipes y reyes, de cómo se debía mantener en el poder, fue en un pequeño opúsculo al que denominó “El Príncipe”. Este personaje parece que estaba empeñado en crear un nuevo estilo o forma de gobernar (o dirigir). No olvidar que estamos hablando del “Topo”. Entonces, se alejó de aquellos quienes lo sostenían, no en el sentido de que los hayan elevado hasta ese honorable lugar sino mediante sus permanentes acciones, trabajos, procedimientos, gestiones, y demás tareas cotidianas que lo legitimaban en ese poder, en forma permanente, ante quienes debía responder. Especialmente ante Él,  que es el más grande y quien decidía sobre su permanencia o continuidad.
          Ante cualquier reunión de los que les respondían en segunda línea, incluso a veces los de la primera línea, el sospechaba que en tales reuniones se conspiraban con su poder o posición. Ni pensar que lo hicieran otros Estados o feudos, respecto de su propia “organización feudal”. Hablaba siempre, o pretendía fundar, una teoría de la “casa propia”, lo que a la luz de cualquier análisis del Estado, sería nada más que una postura o engendro ideológico contrario a toda organización que sabemos debe funcionar articulada y coordinadamente.
         Así fundó un estado feudal de tipo autoritario, al margen de la democracia del Más Grande. A esto también se lo puede denominar el Unicato (gobierno de uno), hasta donde, obviamente le permitía Él, que era el más Grande. O también pudiera ser Ella, dado que este personaje femenino, que no es la Josefina de Napoleón, estaba inescindiblemente unido a sus manejos, o "des-manejos"?. Tal vez esto no importaría para Topo, sin embargo dado su “visión disminuida”, las consecuencias de un error grave o cualquier caída, solo arrastraría a este y su séquito complaciente (sin voz ni voto –léase: sin decisión). No olvidar que cualquier poder real que sea manejado desde las sombras o detrás de bambalinas, nunca sufrirá las consecuencias de ningún error y jamás será arrastrado en la caída. Siempre saldrá indemne.
         La tolerancia al Unicato del Topo fue aceptado sin inconvenientes por todos, los de arriba y los de abajo, y los demás abajo también, sin que por ello no hayan existido algunas pequeñas contrariedades a su gestión. Hasta que al finalizar una etapa, conocidas por todos como la gestión de gobierno de Él, o sea el más Grande. Algunos comenzaron a expresar por los pasillos y oficinas, a veces en la calle: qué hacen? por qué no se van? que están esperando? Es que no asistieron a las clases de ética? O tal vez si, pero se durmieron en ella? Pretenden atornillarse a sus “sillones”? No van a dejar espacios para los que legítimamente les corresponden tal herencia? El Topo no tiene la valentía suficiente para decirle a Él? Que, conforme el devenir histórico tradicional del “pequeño Estado” que gestionaba, corresponde dejar el lugar a los que están detrás esperando y que debía partir hacia los espacios más alto de la consideración humana, es decir salir por la puerta grande.
          Pero sin importarles ni plantearse estas cuestiones, siguieron y siguió su camino el Unicato del Topo, hasta que se enteró de un hecho, que se iba a producir entre sus mortales “her camaradas”, sin ningún propósito relacionado con cualquier conspiración o pretensión de socavar su poderío o señorío. Pero como dijimos antes, Topo veía, o creía ver en toda reunión de sus súbditos que estarían conspirando contra su poder. Por ello, tomó la decisión, una vez conocido en donde se haría tal reunión, presentarse en persona con el salvoconducto (invitación) de uno de los que también participó del evento. Así las cosas, una vez en el lugar y acompañado de su máximo lugarteniente (léase acólito) estuvieron allí a la hora indicada. Saludó a todos y cada uno de los presentes, luego habló apartado con dos de ellos, con uno especialmente (el invitador). Participó de la mesa con todos, hizo un brindis, luego cuando se terminó el convite, se levantó y habló en forma simbólica y encriptada (con dificultad) haciendo referencia a la herencia, y a la “última cena”, para luego retirarse. Por supuesto se quedaron el resto para continuar con su animada reunión, hablando de diversos temas, sin que en ningún momento trataran de la gestión del Topo. Pero poco tiempo duró esa alegría de haber participado de una amena cena de camaradería. El Topo, había quedado muy molesto por aquel hecho, que no fue organizado ni armado por él, y además sabía con certeza quienes estaban en esa reunión. Así las cosas, empezó a pergeñar de qué manera desprenderse de estos que lo “habían desafiado”, según su visión menguada y mezquina.
          Habló con su “oráculo”, o era “Josefina”? y sus colaboradores inmediato con quienes armó desde las “legitimidades” a su alcance el destierro de los “traidores”, "desestabilizadores", según su retorcida interpretación y visión. Una vez que habían armado el paquete de cambios, fueron a presentarse ante Él, el más Grande. Es decir, a quien toma las grandes decisiones en forma inapelable. Es así como se desprendió de todos aquellos que no simpatizaban con su forma de gestionar, según su visión, que no era la real. 
        El Topo, estuvo contento, por poco tiempo, ya que no sabía que en esa jugada él también iba a ser arrastrado o fagocitado, por su “propia revolución”. El Topo lo construyó o inventó para su beneficio, sin pensar o ver que Él, quien está mucho más arriba, todo lo ve, todo lo escucha. Éste decidió que era hora de que el Topo, también debía partir. Así sin prever su partida, Topo y sus acólitos fueron obligados a tomar el mismo colectivo que los llevó al destierro, pocos días después de cumplir con su pequeñez, creyendo ser grande. Así terminó su historia, sin el final feliz que soñaba.
         Pero es que no existe un final feliz para estos casos, se entra y se sale por la puerta grande y nada más; es todo lo que se puede pretender y, labor cumplida. No hay otra cosa, no se puede buscar más nada.
          Hoy como todos, los desterrados, debe estar pensando, en qué falló, si todo lo había hecho en aras de ganarse la simpatía y el reconocimiento del Mas Grande, que sin embargo lo dejó a un costado. Y entonces seguramente le vendrá a la memoria, lo que anunciaban ya los sabios griegos respecto del acto pecaminoso o exceso (hybris) que lleva al hombre a cometer actos no permitidos por el destino, impulsado por la soberbia, en la creencia que puede hacerlo sin recibir el castigo de la justicia (el destino), que no es más que la voluntad inquebrantable de los dioses. 




    sábado, 4 de enero de 2014

    GILS CARBÓ RECHAZÓ LA SINDICALIZACIÓN DE POLICIAS

    Otro rechazo a la sindicalización de los policías

    PUBLICADO EN PÁGINA 12 - 6 de Diciembre de 2013.

    La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció en contra de la sindicalización de los miembros de las fuerzas de seguridad, pero al mismo tiempo recomendó “la sanción de una ley particular que defina el alcance de los derechos sindicales de los integrantes de la policía”. Esas decisiones, explicó la jefa de los fiscales en su resolución, debe consistir en un “equilibrio entre los valores y derechos, y en un juego que debe ser realizado por los poderes políticos, luego de la realización de los debates y deliberaciones apropiadas”.
    El dictamen de Gils Carbó fue la respuesta a una causa iniciada por un grupo de policías que se denominan “Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba)” para obtener su inscripción gremial. Esa demanda, primero, fue rechazada por el Ministerio de Trabajo; luego, en primera y segunda instancia, por la Justicia. La intervención de la procuradora respondió, puntualmente, a la consulta que la Corte Suprema le realizó antes de dictar un fallo.
    En su dictamen, Gils Carbó explicó que “ante la ausencia de una ley expresa” que regule el ejercicio de los derechos sindicales para los miembros de las fuerzas de seguridad, es válido el rechazo de su sindicalización. De todos modos, definió como “deseable” que el Congreso nacional legisle sobre la implementación y el alcance de los derechos reclamados por los policías.
    “Sólo en el amplio marco de un debate legislativo puede establecerse una ponderación que considere la totalidad de los intereses involucrados” y no sólo “los emergentes” de “un caso judicial concreto”. El debate debe sumar “aportes técnicos, el intercambio de ideas e información, la planificación, la previsión presupuestaria, (...) el establecimiento de otras políticas vinculadas”. Esas discusiones “sólo pueden ser efectuadas por los poderes políticos”, y de ningún modo podrían ser reemplazadas por decisiones judiciales.
    La procuradora enfatizó que las normas de derecho internacional que proponen el ejercicio de los derechos sindicales por parte los integrantes de las fuerzas policiales reconocen también las limitaciones necesarias para proteger la seguridad nacional y el orden público. Precisamente por esa razón –sostiene el dictamen–, los convenios internacionales “delegan en los Estados miembro la armonización de los derechos sindicales con los restantes valores jurídicos y derechos en juego”.
    El dictamen recuerda que presentaciones similares realizaron otros grupos, llamados Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires y Asociación Unión Profesional de Río Negro, y en ambos casos sus planteos fueron desestimados, incluso por la Corte.

    PUEDEN SINIDICALIZARSE?

    Fuerte debate sobre si deben sindicalizarse

    Que los policías tengan sus uniones, como otros trabajadores del Estado, es una idea defendida desde el PRO y el Frente Renovador, pero rechazada en el resto del arco político. Para el CELS, es “opacar” el verdadero problema.
     PUBLICADO EN PÁGINA 12 -12 de Diciembre de 2013.

    El debate sobre la posibilidad de sindicalizar a las fuerzas policiales dio lugar a un abanico de opiniones que van del “sí” al “no” rotundos, pasando por el “tal vez” y por las dudas acerca de si la alternativa podría servir para ponerles fin a los autoacuartelamientos. Expertos en derechos humanos y en cuestiones de seguridad creen que la discusión tiene que ser para “terminar con el autogobierno policial”. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la posible actividad gremial de los policías porque “aparte de portar armas y no poder tener una estrategia de sindicalización, también tienen una estructura de carácter salarial por componentes que es diferente del resto de la administración pública”, además de “un régimen jubilatorio de privilegio que tiene un costo de financiamiento diferente del resto”. Dirigentes del PRO y del Frente Renovador se mostraron favorables a que los policías tengan representación gremial, mientras que el Frente Amplio Progresista (FAP) se declaró en contra y la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que es un tema que debe ser debatido en profundidad por el Congreso.
    Gastón Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que el tema de la sindicalización “está opacando la discusión sobre una posible reforma de la seguridad pública en general”. Chiller sostuvo que “la duda que se nos plantea (ante lo ocurrido en estas semanas) es si la sindicalización hubiese servido para evitar los acuartelamientos y los saqueos”. El dirigente del CELS señaló que lo “realmente importante es la reforma policial, el quiebre de los pactos con sectores políticos, el fin de las fuerzas policiales violentas y corruptas, vinculadas con el crimen organizado”.
    Chiller resaltó que “lo realmente preocupante es que se hayan cerrado los conflictos, que tuvieron un carácter extorsivo, sin que se haya advertido una fuerte posición de los gobiernos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”. El director ejecutivo del CELS puntualizó que “algunos conflictos, como el ocurrido en Córdoba, tuvieron relación con las investigaciones que señalan los altos niveles de vinculación entre policías y el narcotráfico”. Insistió en que lo grave es que “no se retome la discusión pública sobre las reformas policiales, que cuando se hicieron (en la provincia de Buenos Aires), sufrieron contrarreformas que ratificaron el poder autónomo de la policía. En este marco, hablar sobre sindicalización es tirar la pelota afuera”.
    El sociólogo Juan Pegoraro, director de la revista Delito y Sociedad, admitió que no tiene una “opinión totalmente formada” sobre si es buena o mala la sindicalización. “Es un tema tremendamente complejo, porque no sabemos cómo puede funcionar esa alternativa en una fuerza policial militarizada”. Coincidió con Chiller en la necesidad de “evitar que se repitan estos planteos autoritarios, donde todo parece indicar que las autoridades policiales son las que fogonean a la tropa a generar estas situaciones”. En ese sentido, mencionó lo sucedido en Córdoba y Santa Fe como prueba de que “en esos casos los hechos ocurridos tienen que ver con las investigaciones que se están haciendo sobre la participación policial en delitos graves como el narcotráfico y la trata de personas”.
    Pegoraro agregó que, en ese marco, “la sociedad, no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, vive en la disyuntiva de, por un lado, necesitar que la policía le dé seguridad y, por el otro, temerle a lo que se ha dado en llamar la maldita policía”. Resaltó, en el mismo sentido, que “nunca como ahora están tan vinculados los delitos paralelos y los negocios policiales, a la vez que también se advierte la participación del Poder Judicial. No es toda la policía, ni todo el Poder Judicial, pero el problema existe, es una realidad”.
    “Si no existiera esa vinculación –destacó Pegoraro–, hay muchos delitos que no podrían funcionar tan libremente.” Concluyó que el interrogante es “por qué no se puede lograr que la policía pueda funcionar dentro de normas legales. Cómo hay que hacer para lograr que los policías cumplan con la ley: no torturar, no matar, no robar. Por qué razón es tan difícil terminar con esta impunidad. Cómo es posible que el caso Bulacio haya pasado por 18 jueces, sin que se haga justicia. Los jueces dependen de la policía, pero la policía debería estar sometida al poder político”.
    El titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que el tema de la sindicalización “debe debatirse a nivel nacional” y que en el Congreso “debe abordarse la Ley de Seguridad Interior e inscribir la propuesta dentro de los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los convenios 154 de Negociaciones Colectivas y 87 de Libertad Sindical”. El dirigente radical remarcó que “debe haber fuertes límites en las medidas de acción directa para evitar el acuartelamiento”.
    La diputada socialista por Santa Fe Alicia Ciciliani, integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), rechazó la sindicalización policial: “Con la policía que tenemos no creo que podamos pensar en esta alternativa. Hay que hacer una reforma policial en un proceso donde sepamos bien qué modelo policial queremos”. Aclaró que “la sindicalización no se puede pretender con el derecho a huelga cuando le damos el poder de la fuerza”.
    Desde el PRO, la diputada nacional Patricia Bullrich aseguró que “el modelo de no sindicalización es un modelo de verticalismo donde la persona policía no tiene cómo plantear sus problemas”. Por esa razón recordó que desde el Congreso viene impulsando la sindicalización “como lo hice cuando fui ministra de Trabajo”. Bullrich afirmó que “las experiencias en el mundo son positivas porque fueron una forma de descomprimir los conflictos”. Agregó que debe instrumentarse “un derecho de huelga limitadísimo porque no pueden levantar el servicio de cuidar a la gente”.
    El ex titular del bloque del massismo en Diputados, Roberto Mouillerán, se mostró a favor de la sindicalización “siempre que se limite la cuestión de la huelga porque el servicio que prestan es esencial”. Expresó que está “de acuerdo con la sindicalización, en la medida en que la misma contemple que el servicio que brinda la policía es un servicio esencial y por lo tanto se debe limitar la cuestión de la huelga”.

    domingo, 1 de diciembre de 2013

    CAMBIOS EN LA CONDUCCIÓN POLICIAL

    RECAMBIO INSTITUCIONAL POLICIAL
              De nuevo, como corresponde, ya es natural en este tiempo, se producirán  los cambios en la Conducción Superior de la Policía de Corrientes, Argentina, hecho que, por cierto, es propio de la cultura institucional; por tal motivo todo el colectivo policial, incluyendo obviamente a la gran familia, están muy atentos a estos acontecimientos, el de los reacomodamientos de los poderes fácticos que la integran. Ello es así, dado que aunque se pretenda negar, pertenecemos a una organización inserta en el Estado, cuya naturaleza ha sido y es de carácter democrático y republicano, por lo que, lógico es pensar, que la periodicidad de las funciones también se extienden hacia esta organización institucional policial, aunque algunos todavía con ideas o conceptos decimonónicos pretendan asimilarse a un verticalismo exacerbado, desearan su continuidad.
              No puede ser de otra manera, los necesarios cambios están reglados por las mismas leyes y reglamentos que rigen la dinámica institucional, más allá de que algunas están aún teñidas de cierto militarismo y autoritarismo; establecen claramente los cambios que corresponde en determinados momentos o épocas del año. En el caso particular, cuando se producen los ascensos, siempre al finalizar el año, muchas veces coinciden con los cambios o confirmación de las autoridades políticas que son decididos por el electorado en forma democrática, a través del voto; es entonces cuando más se profundiza dentro de la Institución Policial, el mentado recambio de los que fueron designados para la Conducción Superior, de manera tal de que se generen nuevas expectativas hacia aquellos que serán elegidos y nombrados para acompañar y decidir los destinos de nuestra querida Institución Policial.
              Este recambio es de fundamental importancia, dado que la gestión realizada por un grupo de conductores a lo largo del ejercicio de la tarea de prevención inexorablemente se va produciendo su desgaste natural. Esto es así en razón de que las políticas institucionales, que tienen que ver con el manejo del personal; la política salarial impulsada o sugerida; el estilo de formación profesional; el nivel de participación de sus hombres y mujeres; la resolución de los problemas de naturaleza jurídica, administrativa, económica y social que se hayan tomado desde arriba, inciden favorablemente o genera rechazo hacia el interior de la institución, lo que va socavando o elevando la moral de sus hombres y mujeres.
              Todo esto, sin duda, producirá el consenso mayoritario, o el rechazo en su defecto, hacia los que conducen la Institución, lo que se verá reflejado en el trabajo cotidiano del personal. Pero en éste último caso, es muy difícil saber, incluso si se utilizara herramientas adecuadas de diagnóstico, qué tanto rechazo podría existir, dado que no es común que los efectivos policiales hablen en forma abierta y directa respecto de esta cuestión. Por eso, más allá de las simpatías políticas que pudieran tener o haberse granjeado, en toda esta gestión, hace bien a la Policía que se decidan y efectivicen los cambios.
              Dijimos que los ascensos se dan casi siempre al finalizar el año. Esto es otro dato, no menor, que merece ser analizado desde distintos enfoques. Veamos primero desde la perspectiva profesional, todos los hombres y mujeres que ingresan a la Institución han sido formados en la certeza de que la carrera comienza desde el grado de Oficial Subayudante y finaliza en el de Comisario General, por lo que aquellos que están próximos a este último grado jerárquico, lógico es que deseen alcanzar ésta última jerarquía. Es por ello, que todos hacen un gran esfuerzo durante todo su trayecto profesional en la seguridad y esperanza de que su labor y empeño por brindar y mejorar, en la medida de sus posibilidades, el servicio policial, sean reconocidos, no solo por la sociedad toda, sino también por aquellos políticos decisores que ostentan el poder en cada momento histórico. Desde lo político, en el sentido de que serán los que tomaran las decisiones, de promover y designar a los hombres y mujeres que los acompañaran en la gestión de la Seguridad Pública, y es lógico que así sea, dado que han sido legitimados democráticamente en sus respectivos puestos, pero esta situación no impide ni se contrapone con las reglas internas de la Institución, muy por el contrario, todos sabemos que es el poder político el que deberá decidir por cada uno de los que lo acompañará hacia adelante en esta nueva gestión de la Seguridad Ciudadana. Desde lo sociológico, y esto incumbe a la sociedad toda; la ciudadanía en general acostumbrada ya a la vida democrática, espera que los cambios traigan nuevas esperanzas para sus necesidades, no solo en materia de la prevención y la seguridad en general, sino también en lo que se refiere a las relaciones existentes, o a forjar, entre la sociedad y la policía en general. Desde lo institucional propiamente dicha, ello generaría la movilidad ascendente de todo el bloque vertical de los grados jerárquicos, con el consecuente beneficio de todo el sistema, provocando un mayor compromiso de todos los que se hallan en los niveles inferiores, de que con su esfuerzo y trabajo responsable es posible alcanzar las metas tanto de lo institucional como de lo particular; en otras palabras produce una sinergia entre el sujeto y la organización misma.
              De hecho, existe una ética profesional policial, que debería incidir en la decisión de cada uno de los integrantes de la Conducción Superior de evitar su apego, o por decirlo de otro modo más eufemístico, que se “atornillen” al cargo, sabiendo que una vez cumplido su ciclo de mando deben dejar espacio para los que pujan desde los niveles inferiores; no porque no sean capaces  o idóneos en tal función sino porque la dinámica institucional así lo exigen. Lo contrario generaría el estancamiento de los mismos, y su consecuencia lógica, el inicio de una sensación de dejadez en todos los niveles inferiores, es decir escaso compromiso con la función, dado que no es reconocida su labor, como ya se expresara párrafos arriba.
              Sin embargo, debemos aceptar que la ética profesional policial o deontología no siempre genera en el ánimo de los sujetos una obligación de desprendimiento de los cargos, muchas veces ciertos elementos hacen lo imposible, ya sea a través de tráficos de influencias, acomodamientos de orden políticos, injerencias de amistades políticas, etc., de buscar de algún modo su continuidad, sin pensar en los subalternos, que en definitiva son sus colegas policías, que merecidamente les corresponde cumplir con sus metas personales.
              No entraremos a juzgar la competencia de los que hasta hoy han sido nombrados para realizar la gestión de la seguridad, ya que ello tiene que ser analizado en su contexto, pues nadie que se precie un auténtico profesional de la seguridad sabe que en soledad no puede hacer nada sino es acompañado por un equipo profesional. Por lo tanto, el equipo profesional sin duda está integrado por los escalones inferiores que tienen verdadera competencia y profesionalismo, que han coadyuvado a tales tareas, por lo que sin duda pueden reemplazar a los que hasta hoy ocupaban los cargos de dirección o conducción superior.
              Esperamos que los decisores políticos hayan tenido en consideración estos aspectos y factores que inciden en la organización policial, tomando las decisiones más adecuadas en lo que se refiere al “recambios institucional”,  designando y nombrando a nuevos hombres para que los acompañen en la gran responsabilidad de brindar una función indelegable del Estado, cual es la de la Seguridad Pública y Ciudadana en General.
               
             



    sábado, 30 de noviembre de 2013

    UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA


    Utilidad de la Criminología - Artículo de Vicente Garrido en el diario Las Provincias

    Los criminólogos tienen uno de sus cometidos más importantes en la evaluación del riesgo y la supervisión de víctimas y agresores

    La última mujer muerta por violencia de género se llama Susana María Galeote. Fue asesinada el miércoles por su ex pareja en Málaga. El homicida tenía una orden de alejamiento en vigor y atacó a su víctima en plena calle con un machete cuando ella volvía de dejar a la hija de ambos en el colegio. La pareja estaba en trámites de separación y él había sido condenado en julio del año pasado en un juicio de conformidad a ocho meses de cárcel por amenazas y a otros seis por maltrato. Se le impuso además una pena de 32 meses de alejamiento y privación de tenencia de armas.

    La sentencia acordaba la suspensión de la pena de prisión, condicionada a que siguiera cursos en materia de igualdad. A la víctima se le había denegado el servicio de teleasistencia móvil el pasado mes de agosto al considerarse que su riesgo era bajo, es decir, que probablemente la Policía no tuvo en cuenta la sentencia y por ello no modificó la valoración inicial del riesgo.

    En España tenemos miles de profesionales de la Criminología, producto de unos estudios que gozan de gran popularidad en varias universidades. La Universidad de Valencia es una de las más antiguas en ofertar este título, y todos los años los profesores de esta carrera tenemos que hacer de tripas corazón para responder a su eterna pregunta: ¿dónde puedo encontrar un trabajo como criminólogo?

    La valoración del riesgo de una víctima no debería ser cometido de la policía. El riesgo no es algo estático, sino dinámico, y cambia de acuerdo con las circunstancias del conflicto que enfrenta a la pareja. Aunque se disponga de un instrumento de valoración del riesgo de agresión, hay que saberlo actualizar y matizar, y eso requiere un conocimiento especializado y una cercanía a los hechos por los que atraviesa cada día una mujer amenazada. Además, sería importante someter a supervisión a los agresores de acuerdo con ese nivel de riesgo en permanente revisión. Los criminólogos bien podrían encargarse, primero en los juzgados y luego en la calle, de realizar ambas funciones. Esto mismo podría extenderse a otros sujetos imputados o condenados, como los delincuentes sexuales.

    No acabo de entender por qué los ciudadanos han de costear unos estudios universitarios si luego no se propician los empleos necesarios para recoger los frutos de esa formación. Los criminólogos tienen uno de sus cometidos más importantes en la evaluación del riesgo y la supervisión de víctimas y agresores. Su ayuda en los juzgados y en los centros de atención a las víctimas sería inestimable. También podrían gestionar un programa de seguridad ciudadana en muchos municipios, ayudando a desarrollar planes rigurosos y evaluables. No entiendo la razón de este inmenso despilfarro.

    Publicado por La Associació Catalana de Criminòlegs...
    http://criminologos-acc2.blogspot.com.ar/2011/02/utilidad-de-la-criminologia-articulo-de.html

    miércoles, 29 de mayo de 2013

    CRIMINÓLOGOS EN LA POLICÍA


    Es importante cómo en otras policías del mundo se recurren a los profesionales Criminólogos para colaborar en el trabajo prevención de la delincuencia. Esto es muy interesante, ya que en nuestro país existen profesionales en estas especialidades y no se les requiere su colaboración; incluso dentro de la propia Policía de Corrientes existen estos profesionales, que son ignorados para tales tareas específicas. Debería pensarse alguna vez en darles la oportunidad de que puedan colaborar y aportar con sus conocimientos en esta crítica problemática de la (In) Seguridad Pública. Van la siguiente noticia:
    Estudiantes de Criminología hacen prácticas con la Policía Municipal

    Por primera vez, un grupo de alumnos de último curso aprende con el cuerpo
    Por primera vez, la Policía Municipal de Girona comparte espacio y conocimientos con estudiantes del Grado de Criminología de la Universidad de Girona. Sara, Albert, Susana y Javier son estudiantes del último curso y los primeros que terminarán los estudios de Criminología en Girona este año. La función del criminólogo es analizar desde un punto de vista estadístico y de análisis de datos el comportamiento de los delincuentes y, una vez conocido el patrón común, poder proponer acciones preventivas. El jefe de la Policía Municipal de Girona, Josep Palouzié, reconoce que ésta no es una función que suelan realizar los agentes, que tienen un comportamiento más reactivo y, por tanto, actúan en la mayoría de casos cuando ya ha sucedido el problema. "Tradicionalmente se ha pensado que la de policía es un trabajo reactiva como la del bombero, que actúa cuando hay un fuego y, en cambio, no hay tanto trabajo preventivo para evitar el incendio", lamentó Palouzié, que reconoce pero que este es el camino que deberían seguir los cuerpos policiales. Por ello, Palouzié reconoce que es necesario "incorporar inteligencia" en el cuerpo ya que, según asegura, los diferentes cuerpos policías "tienen muy pocos titulados universitarios". "Pensar en alguien que mire papeles y reflexione, haga de mediador en conflictos o atienda las víctimas ha sonado a chino durante mucho tiempo y desde la Policía Municipal hemos empezado a trabajar como hemos podido ", reconoce. Por ello, desde el cuerpo hacen una valoración muy positiva del hecho de poder contar con estos alumnos en prácticas porque aportan una nueva visión a la tarea habitual de los policías. Por ejemplo, una de los alumnos, Sara Iglesias, está analizando los datos delictivas del 2012 para establecer un patrón de criminal.De esta manera, si se puede establecer un comportamiento común entre la mayoría de delincuentes, la alumna puede proponer acciones preventivas para evitar el delito. Otro de los trabajos de los estudiantes es el que desarrolla Albert Díaz, que está haciendo un vaciado de las hojas de incidencias de los meses de enero a abril del 2012 en el sector este de la ciudad. Así, puede hacer un análisis sobre las incidencias más comunes y, nuevamente, aportar propuestas de mejora. Los alumnos reconocen que trabajando codo con codo con los agentes están conociendo otras facetas de los policías. "El trabajo de proximidad que hace el cuerpo normalmente no se ve tanto, la policía se ve a menudo como un arma reactiva y te das cuenta que hacen mucho trabajo en positivo", reconoce uno de los alumnos, Albert Díaz. Asimismo, los alumnos también hacen prácticas tanto en la Oficina de Atención a la Víctima o hacen acompañamiento y seguimiento de víctimas de violencia de género, entre otros. "Se da una atención muy individualizada a cada uno según sus necesidades", remarca otra de las alumnas, Susana Cutler. Otro de los alumnos, Javier Cuadrado, tiene voluntad de especializarse en temas de mediación. Por ello, está diseñando unas encuestas para conocer el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de mediación así como para conocer el grado de cumplimiento de los acuerdos que se logran entre parte enfrentadas gracias al trabajo de la policía. El jefe de la Policía Municipal de Girona, Josep Palouzié, reconoce que el contexto es complicado para poder crear nuevas plazas pero asegura que la experiencia de tener alumnos en prácticas es muy positiva y que se podría repetir con más cursos. "Creo que sería ideal incorporar criminólogos a las plantillas de las policías", sentenció.


    Publicado en la página de: http://www.aragirona.cat

    miércoles, 27 de marzo de 2013

    ACTUACIÓN POLICIAL ANTE MANIFESTACIONES

    CRITERIO MÍNIMOS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS DE SEGURIDAD EN MANIFESTACIONES

    Actuación policial en manifestaciones públicas Protocolo

    FUNDAMENTACIÓN

    VISTO la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, los Decretos Nros. 1273 del 21 de julio de 1992; 1993 y 1995 del 14 de diciembre de 2010, y 2009 del 15 de diciembre de 2010, y

    CONSIDERANDO:

    Que, conforme lo estipulado en la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos incorporados a ella, el Estado Argentino se ha obligado a garantizar los Derechos Humanos de todas las personas (Conforme artículo 75 inciso 22 CN, in fine).

    Que el desarrollo de manifestaciones y movilizaciones públicas, garantizando la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades, ha sido una preocupación central del Gobierno Nacional desde mayo de 2003, en la comprensión de que la protesta social es una consecuencia de procesos políticos, económicos y culturales que fueron desmantelando sistemáticamente las redes de contención y de bienestar que supieron caracterizar a la Argentina.

    Que, en virtud de ello, ha puesto de manifiesto reiteradamente su contundente voluntad y compromiso de no reprimir la protesta social y, de manera concomitante, ha favorecido la activación de canales de diálogo entre las partes involucradas en las manifestaciones con miras a gestionar los conflictos y atender sus causas por vías políticas y no violentas de entendimiento, a la par de la motorización de un proceso histórico de reconstrucción del Estado como actor crucial del desarrollo económico, de la inclusión y del bienestar de la población.

    Que el respeto de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos es un camino ineludible para atender adecuadamente las demandas de seguridad de la población y que dicha responsabilidad es compartida por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales en virtud de la forma de gobierno federal adoptada por la Nación Argentina a través de su Constitución Nacional.

    Que la construcción de una política de seguridad ciudadana debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado, encontrándose dichos estándares constituidos por el marco jurídico emanado de los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como por los pronunciamientos y la jurisprudencia de los organismos de contralor que integran los diferentes sistemas de protección.

    Que como norma rectora en el ámbito universal se destaca especialmente el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979.

    Que en la Resolución 34/169, mediante la cual se aprueba el mencionado Código, se reconoce que la naturaleza de las funciones de aplicación de la ley en defensa del orden público y la forma en que dichas funciones se ejercen, tienen una repercusión directa en la calidad de la vida de los individuos y de la sociedad en su conjunto, y recomienda que los gobiernos consideren favorablemente la posibilidad de utilizarlo en el marco de la legislación o la práctica nacionales como conjunto de principios que han de observar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

    Que haciéndose eco de esta recomendación, la Argentina dispuso en el artículo 22 de la Ley 24.059, de Seguridad Interior que “[l]os cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior […] deberán incorporar a sus reglamentos las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

    Que, como medida complementaria destinada a darle mayor operatividad a esta disposición en el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 637/2003 en el que, entre otras cosas, se dispuso que, a partir del 1° de abril de 2005, en la Policía Federal Argentina, en la Gendarmería Nacional, en la Prefectura Naval Argentina y en el Servicio Penitenciario Federal no podrá ser promovido ningún efectivo que no haya asistido y aprobado un curso, seminario o jornada sobre el Código de Conducta, y se invitó a los Gobernadores de las provincias a adoptar, para sus respectivas fuerzas policiales, medidas similares.

    Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “[l]as instituciones competentes del Estado tienen el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión. Esto involucra desde el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos determinada zona, hasta el acompañamiento a las personas que participan en la reunión o manifestación, para garantizarles su seguridad y facilitar la realización de las actividades que motivan la convocatoria. En el mismo sentido, las fuerzas policiales requieren contar con normas de actuación definidas y con el entrenamiento profesional necesario para actuar en situaciones que involucran grandes concentraciones de personas, a los efectos de generar las condiciones para que estos eventos puedan desarrollarse en el marco de las normas establecidas sin afectar el ejercicio de otros derechos humanos”. Asimismo, ha indicado que “la función legítima de los cuerpos de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos (…) sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones” (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, párrafo 193, Págs. 88-89.). Por otra parte, la CIDH también ha advertido que “[…] las fuerzas policiales deben adoptar las previsiones necesarias a los efectos de prevenir situaciones de violencia derivadas del ejercicio abusivo del derecho de reunión” (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, párrafo 194, Pág. 89) y “que las autoridades estatales tienen la obligación de prevenir y, en su caso, controlar cualquier forma de conducta violenta que vulnere los derechos de cualquier persona bajo su jurisdicción” (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, párrafo 198, Pág. 91).

    Que, por su parte, a lo largo de los últimos años los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad dependientes del Poder Ejecutivo Nacional han dictado una serie de disposiciones internas tendientes regular su actuación en el marco de este tipo de manifestaciones y movilizaciones, evitando el uso innecesario de la coerción y la fuerza.

    Que resulta deseable y conveniente institucionalizar los avances realizados, así como también promover que los cuerpos policiales que aún no lo han hecho realicen avances en el sentido indicado en el párrafo anterior.

    Que, en noviembre de 2007, en el marco del Proyecto “Derechos Humanos e intervenciones de instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas” que fuera desarrollado -bajo el auspicio de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Buenos Aires- por la entonces Secretaría de Seguridad Interior conjuntamente con los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y reconocidas organizaciones de la sociedad civil, se elaboraron una serie de recomendaciones tendientes a promover intervenciones de las instituciones publicas de seguridad respetuosas de los Derechos Humanos y a mejorar el monitoreo y control sobre dichas intervenciones.

    Que, asimismo, el Punto 7 del Acuerdo para la Seguridad Democrática -iniciativa que logró un amplio consenso entre vastos sectores políticos y sociales del país-, al hacer referencia a la necesidad de que la gestión democrática de la seguridad garantice la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, establece que “[p]ara ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.”

    Que la elaboración de protocolos aparece como el camino más indicado para alcanzar este objetivo, en tanto permiten establecer reglas precisas que brindan certeza a los funcionarios involucrados respecto a la legalidad de su accionar y, al mismo tiempo, facilitan el adecuado monitoreo y evaluación de dicha actuación.

    Que son objetivos del MINISTERIO DE SEGURIDAD, entre otros, entender en la formulación, dirección y supervisión de las planificaciones y actividades de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado Nacional, formulando las correspondientes directivas, instrucciones y demás medidas para su intervención y actuación; así como también diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas de prevención, reducción y disuasión de la violencia y el delito, y la gestión institucional preventiva y no violenta de la conflictividad en espacios públicos teniendo en cuenta las reglas internacionales de uso de la fuerza (Conforme Decreto 2009/2010).

    Que el Ministerio de Seguridad, por delegación de la Presidente de la Nación, además de las competencias que le son otorgadas por la Ley de Ministerios, ejerce la conducción política del esfuerzo nacional de policía (conforme artículo 8 de la ley 24.059)

    Actuación policial en manifestaciones públicas Protocolo

    Que es misión del Consejo de Seguridad Interior, entre otras, la elaboración de la doctrina y los planes para la coordinación e integración de las acciones y operaciones policiales tanto nacionales como interjurisdiccionales (conforme artículo 10, inc. b, Ley 24.059)

    Por todo ello el Consejo de Seguridad Interior acuerda establecer los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” que se acompañan a la presente como Anexo I, comprometiéndose sus miembros a adoptar las medidas que, en el ámbito de sus competencias, pudiere corresponder a fin de adecuar el accionar de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a las disposiciones allí establecidas.


    ANEXO I

    Alcances

    1.- El objetivo fundamental de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los participantes, así como reducir las afectaciones que la concentración o manifestación cause o pudiera causar en los derechos de las personas que no participan de ella y en los bienes públicos. En el cumplimiento de estos objetivos las fuerzas de seguridad otorgarán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados.

    2.- Se establecerán pautas para la intervención policial tanto en manifestaciones programadas como en manifestaciones espontáneas. Asimismo, las pautas deberán comprender tanto a manifestaciones de gran envergadura, como también a otras de menor escala, diferenciando las intervenciones a realizarse en uno y otro caso, cuando ello fuera conveniente.

    3.- Cuando corresponda, se establecerán pautas para la coordinación de operativos con los restantes cuerpos policiales o fuerzas de seguridad federales y/o con los cuerpos policiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo en ellas lo concerniente a las comunicaciones durante los operativos.

    4.- Se regularán todas las etapas de la actuación policial y de las fuerzas de seguridad (organización, comienzo, desarrollo, desconcentración y evaluación), teniendo en cuentas las diferentes etapas que atraviesa una concentración o manifestación pública (concentración, desarrollo y desconcentración).

    5.- Se incluirán disposiciones tendientes a garantizar un adecuado de control del tránsito en las inmediaciones de las manifestaciones a fin de minimizar los inconvenientes para personas ajenas a ellas y, de manera concomitante, reducir las posibilidades de que se susciten hechos de violencia entre éstas y los manifestantes.

    Actuación policial en manifestaciones públicas Protocolo

    19 Restricciones y medidas de control

    6.- Se agotarán todos los recursos e instancias para garantizar una resolución de los conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación. Con este fin, se establecerán medidas tendientes a garantizar que frente a situaciones conflictivas, la intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad sea progresiva, comenzando necesariamente por el diálogo con los organizadores de la manifestación.

    7.- Se preverá que la negociación con los manifestantes no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo. Esta negociación tendrá por objetivo identificar las demandas de los manifestantes para su canalización al área que corresponda, así como también procurar el uso responsable del espacio público, limitando los inconvenientes para quienes resulten ajenos a la manifestación.

    8.- En casos de manifestaciones con amplia concurrencia o previamente programadas, cuando se trate de conflictos prolongados o cuando existan circunstancias por las que puedan preverse riesgos potenciales para los derechos de los participantes de la protesta o de terceras personas u otras circunstancias que lo requieran, el poder ejecutivo deberá designar e identificar al funcionario político responsable de la coordinación de las acciones vinculadas con el operativo de control y de hacer cumplir estrictamente las normas sobre uso de la fuerza y comportamiento policial. En idénticas circunstancias, además del responsable político, se deberán designar uno o más funcionario públicos que actuarán como enlace y cuyas funciones serán: facilitar el diálogo entre diversos actores involucrados en la manifestación, recibir denunciar relacionadas con incumplimiento de los cuerpos policiales y/o las fuerzas de seguridad a las normas legales y reglamentarias, promover la urgente resolución de estas irregularidades y colaborar con el responsable político mencionado en el párrafo anterior.

    9. Se prohibirá la participación en estos operativos de aquellos funcionarios policiales o de seguridad que se encuentren bajo investigación –administrativa o judicial- o que hayan sido sancionados por irregularidades en su desempeño en el contexto de manifestaciones públicas y/o por uso excesivo de la fuerza. La selección del personal destinado para intervenir en el contexto de manifestaciones públicas contemplará la experiencia y capacitación de los funcionarios. Al mismo tiempo, debe tratarse de personal idóneo y con aptitudes éticas, intelectuales, psíquicas y profesionales mínimas.

    10.- Se establecerá claramente la prohibición de portar de armas de fuego para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad que por su función en el operativo pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes. El personal de la fuerza policial o de seguridad que intervengan en los operativos de control de manifestación pública no dispondrá de municiones de poder letal. La utilización de pistolas lanza gases queda prohibida. Se considerará como una falta disciplinaria grave la utilización de armamento o munición no provista por la institución correspondiente. Las postas de goma sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad, de manifestantes o de terceras personas. En ningún caso se podrá utilizar este tipo de munición como medio para dispersar una manifestación.

    Los agresivos químicos y antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia y siempre previa orden del jefe del operativo que será responsable por abusos tanto por falta de causa o exceso en su utilización. En tales casos, el empleo de la fuerza quedará restringido exclusivamente al personal especialmente entrenado y equipado para tal fin.

    11.- Establecerán la obligatoriedad, para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad interviniente en los operativos, de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes.

    12.- Se preverán todos los resguardos y controles necesarios para asegurar el respeto, en todas las etapas del operativo, de lo establecido por la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, el Decreto Reglamentario PEN 950/2002 y sus modificatorias.

    13.- Dispondrán que a) en el caso de operativos programados o b) cuando el desarrollo de una manifestación en relación con la cual no se haya previsto un operativo específico dé lugar a la intervención de los cuerpos especiales, se procederá a la individualización y registro de todo el personal interviniente, así como también del armamento y la munición provistos; los vehículos, los equipos de truncking y de telefonía celular que se utilizarán, consignando en cada caso los datos del personal que los tendrá a su cargo.

    14.- Se estipulará que la responsabilidad de la organización y desarrollo del operativo, por una parte, y su control, por otra, recaerán sobre diferentes funcionarios policiales.

    15.- Se establecerán los canales a través de los cuales deberán realizarse todas las comunicaciones entre el personal policial interviniente en los operativos, el Departamento Central de Policía (o equivalente) y con funcionarios políticos y/o judiciales. Asimismo, se dispondrán las medidas necesarias para el registro de todo lo actuado y el resguardo de este material, en particular las modulaciones policiales realizadas por truncking, las conversaciones mantenidas a través de la telefonía celular y los registros fílmicos.

    16.- En operativos programados, se preverá la imposición de barreras físicas para cuando ello contribuya a salvaguardar la integridad de los manifestantes, efectivos policiales y terceros no involucrados, preservar en un determinado punto la Concentración obstaculizar otras áreas de la vía pública, y/o a aumentar la eficiencia en la demarcación de los espacios de circulación de los manifestantes (concentración y desconcentración) sin afectar derechos de otros actores.

    17.- Se dispondrá que, siempre que las evaluaciones acerca de los riesgos para el personal interviniente no lo desaconsejen, el personal, equipos y transportes correspondientes a los cuerpos especiales (policía montada, canes, infantería, etc.) se mantendrán a una distancia prudente de la manifestación y sólo se involucrarán en las actividades policiales cuando las condiciones exigieran su intervención.

    Actuación policial en manifestaciones públicas Protocolo

    18.- Se prohibirá expresamente la utilización de móviles (patrulleros, camiones celulares, etc.) que no se encuentren debidamente identificados. En ningún caso se permitirá la utilización de automóviles sin los emblemas correspondientes a la institución a la que pertenecen. Si hubiera detenidos, éstos sólo podrán ser trasladados en patrulleros o vehículos específicos para el traslado de detenidos.

    Derechos de las personas involucradas

    19.- Se resguardarán los derechos de los funcionarios intervinientes en su condición de trabajadores, en atención a lo cual contemplarán las acciones necesarias para su adecuada alimentación o racionamiento, así como también la provisión de servicios sanitarios y atención médica profesional teniendo en cuenta la duración prevista del operativo y las condiciones en las que éste se desarrollará.

    20.- Se velará por el respeto de grupos que se encuentren presentes o cercanos a la manifestación y que requieren de una protección especial de sus derechos -de acuerdo a lo estipulado por la legislación nacional y tratados internacionales- tales como niños, jóvenes, mujeres, ancianos, migrantes, pueblos originarios y personas con capacidades diferentes.

    21.- Los efectivos de las instituciones de seguridad deben respetar, proteger y garantizar la actividad periodística. Los periodistas, invocando su sola condición, incluyendo pero no limitándose a reporteros gráficos o camarógrafos, no podrán ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas. Asimismo, los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad deben abstenerse de realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios en esas circunstancias.
    Actuación policial en manifestaciones públicas Protocolo

    viernes, 22 de marzo de 2013

    CSI de TV Etorpecen a los jueces

     

     

    domingo, 2 de enero de 2011


    Las series de TV sobre criminalística entorpecen a los jueces



    Los crímenes en las series televisivas se resuelven de un plumazo. La mayoría, en menos de 40 minutos. Una marca de carmín o una huella en un trozo de cristal, y listo: el asesino está perdido. El problema viene cuando Grissom y compañía, aparte de cazar a psicópatas, se entrometen en el trabajo de abogados, fiscales y jueces en la vida real. Si los profesionales del Derecho esperan pruebas más concluyentes que las que los forenses pueden obtener, la jerga criminológica lo denomina efecto CSI. Pero, ¿existe?
    El semanario británico The Economist publicó en abril un reportaje en el que citaba el trabajo de Evan Durnal, del departamento de Justicia de la Universidad Central de Misuri. Entre otras conclusiones, Durnal afirma que los fiscales cada vez pasan más tiempo explicando a los jurados por qué una prueba no es relevante. Según él, los jurados creen poseer conocimientos científicos por la televisión.
    Miguel Orós, médico forense de la Audiencia Provincial de Barcelona, afirma que el efecto CSI se cuela en los juicios. Y también en España. "Los jurados son gente de la calle y ven estas series. Están influenciados. Pero muchas veces son peores los abogados. Piden una avalancha enorme de pruebas vengan a cuento o no, contagian a sus clientes y alargan el proceso".
    Las unidades policiales especializadas nacieron en EE UU a raíz del fracaso judicial en el caso del ex jugador de fútbol americano O. J. Simpson. Así fue como surgieron las series sobre cuerpos como el CSI. Los guiones realistas del principio dieron paso a tramas dramatizadas y fantásticas. Así, el doctor Orós calcula que "alrededor del 40% de las técnicas científicas que aparecen en las series no son posibles en la actualidad".
    Un policía científico de Barcelona que prefiere no revelar su nombre dice confiar en la profesionalidad de los jueces, aunque matiza que su formación no es científica. "Los abogados les pueden meter un gol. Están formados, pero hasta un cierto nivel. Eso sí; el juez, con buen criterio, siempre se deja asesorar".
    Este CSI, habituado a participar en juicios, relata una anécdota relacionada con la petición de pruebas irrelevantes: "Una vez nos pidieron que reconstruyéramos la caída de una persona para un supuesto caso de homicidio. Había que conseguir un muñeco de 80 kilos y subirlo a un quinto piso. Estaba muy bien, pero carecía de efectividad. Nosotros no tenemos medios técnicos suficientes para esas pruebas. Recuerdo que contesté que en la SEAT tenían maniquíes de prueba de choque muy buenos".
    Douglas J. Levy, de la publicación jurídica Michigan Lawyers Weekly, reconocía en un artículo de finales del año pasado -La televisión no es la culpable del efecto CSI- que acusar a las series de temática criminal era una visión demasiado simplista. "Los que ven series como CSI no exigen más pruebas que aquellos que no las siguen para determinar que alguien es culpable", resumía. Francisco Viñals, codirector del máster en Criminalística en la Universidad Autónoma de Barcelona, coincide con la visión de Levy: "Son muchos inputs. Las series, pero también Internet, la prensa, las novelas. Pedir una pericial caligráfica ha dejado de ser ciencia-ficción".
    Virginia Galera y Carmen Figueroa dirigen el doctorado en Criminalística en la Universidad de Alcalá de Henares. Galera, antropóloga física y fanática de CSI Las Vegas y Mentes criminales, opina que el efecto CSI no perjudica. Más bien todo lo contrario. "Las instituciones y el Gobierno se interesan más por los proyectos de investigación y es mucho más fácil conseguir dinero para financiarlos".
    Figueroa, profesora titular de Derecho Penal, duda de que afecte en España: "El peso del jurado es mucho menor al que tiene en EE UU. A un lego en Derecho le puede influir, pero no a un profesional. Además, la jurisprudencia le da un valor muy importante a las pruebas científicas de laboratorio. No hay intereses ocultos y su valor es objetivo en un 99,9%. No se discuten".
    El boom de las series de forenses fue una bendición para Marta Saloña. Hasta ese momento, esta entomóloga de la Universidad del País Vasco sufría mucho para hacerse entender. "Colaboro con patólogos forenses en procesos judiciales y tenía que emitir informes muy detallados". Tras CSI, todo fue a mejor. "A los jueces les suena lo que les digo. Me entienden". Incluso la universidad le va a construir un espacio para la cría de insectos. Y se lo debe a Grissom.

    Las seis vertientes del 'efecto CSI'

    Simon A. Cole y Rachel Dioso Villa, del diario especializado Stanford Law Review, distinguieron, en 2009, hasta seis variantes del efecto CSI, según quién sea el afectado.
    - En jurados. Se creen expertos en ciencia por las series
    y aumentan por ello el número de absoluciones.
    - En fiscales. Si entienden que el jurado puede estar influenciado, pueden ocupar más tiempo cuestionando sus hábitos televisivos que estudiando el caso en cuestión.
    - En abogados defensores. Lo opuesto al jurado. Confían demasiado en las pruebas y elevan los procesamientos.
    - En productores televisivos. Han dotado al efecto CSI tradicional de un componente divulgador que, en ocasiones, implica una democratización indebida de la ciencia.
    - En educadores. Lo ven positivo porque aumenta el número de alumnos que quieren hacer carreras científicas.
    - En policías. Según los autores, es frecuente que los criminales vean estas series. Gracias a ellas, emplean lejía
    y guantes para no dejar huellas en la escena del crimen.
    Santiago Gimeno (El Pais).
    extraido del blog de: El Archivo del Crimen de manuelcarballal.blogspot.com.ar


    SOBRE LA LIBERTAD DE LA SINDICALIZACIÓN

      OPINIÓN DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN En estos últimos 15 años la República Argentina se ha visto comprometida su estabilidad política,...